Polémica por política sobre memoria histórica de víctimas

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Una queja disciplinaria por supuestas irregularidades en la gestión del director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, presentaron los congresistas María José Pizarro (Lista de la Decencia), Iván Cepeda (Polo Democrático), Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS), alegando que las acciones del funcionario contravienen el marco jurídico de la entidad a su cargo.

Los congresistas acusan a Acevedo de 35 hechos disciplinarios que ya denunciaron ante la Procuraduría General de la Nación. Entre las conductas a investigar está un supuesto conflicto de intereses; supuesta censura y desconocimiento de las iniciativas de las víctimas; supuesto desconocimiento a los requerimientos del Congreso de la República; y supuestas declaraciones en contra del proceso de paz.

“El documento de la acción disciplinaria contiene las pruebas de los hechos denunciados en dicho debate, además de una serie de denuncias en las que se justifican, presuntamente, acciones de censura a las iniciativas de víctimas por el director Darío Acevedo”, aseguró Sanguino.

Por otro lado el senador Cepeda sostuvo que “en esta queja disciplinaria denunciamos que esta persona ha violado la Constitución y la Ley de Víctimas, creemos que ha incumplido gravemente el deber de memoria, ha violado los derechos de las víctimas y ha impuesto la censura. Esperamos que la Procuraduría actúe prontamente en este caso”.

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, esta semana durante un debate efectuado en la Comisión Segunda del Senado, el senador Cepeda aseguró que “el doctor Acevedo defiende la inexistencia del conflicto armado; niega o trivializa la existencia de determinadas víctimas y de los crímenes que las han hecho víctimas como que dice que los llamados falsos positivos no son un crimen de lesa humanidad, o por ejemplo poner en tela de juicio el carácter del genocidio cometido contra la Unión Patriótica; minimiza la responsabilidad del Estado, agentes e instituciones, de los terceros particulares y los grupos paramilitares en el contexto del conflicto, cuestiona la realidad del problema agrario y de la usurpación de millones de tierras como parte del conflicto y por último niega la legitimidad del proceso de paz”.

Sin embargo, Acevedo se defendió de las acusaciones, expresando que “tengo dudas en el sentido de si yo tengo que entrar en un debate político con ustedes porque la Ley Quinta estipula que el debate de control político se les hace a los ministros, superintendentes, a los directores de los departamentos administrativos nacionales. Y yo no reúno ninguna de esas condiciones. Sin embargo, a pesar de eso estoy aquí con el fin de darle la cara a las víctimas de la violencia política en Colombia”.

Según Acevedo, “es importante decir que, si hubiera razones para decir que hubo un conflicto que justificara el levantamiento armado toda América Latina, toda África estarían en llamas. No vengamos a vender estructuralismos pasados de moda. Los grandes conflictos en la historia se han dado en el orden de las ideologías, más que en los conflictos ideológicos”.

Acusó a sus contradictores de no creer en la democracia: “Ustedes no creen en la democracia colombiana y sin embargo están aquí. De ella se burlan y justifican el levantamiento armado en este país. Uno puede tener objeciones con leyes, pero hay que acatarlas aunque no nos gusten. Eso he hecho con la Ley 1448 o Ley de Víctimas. Yo juré ante el Presidente cumplirla y ella tiene diversos componentes: no solo reconoce la existencia de un conflicto. Yo lo que he dicho es que no puede ser un dogma, pero reconocer el conflicto puede ser parte de una estrategia política y con un interés jurídico. No es un dogma, no es una profesión de fe, no es algo que le toque los hilos íntimos de sus creencias como cuando preguntan por Dios”.

El funcionario agregó que “aquí ha habido sectores políticos que desde que triunfó en 2018 el presidente Duque se lanzaron a hacer política de saboteo, de convocar a la gente a las calles para desbaratar y obstruir la acción del Gobierno. Ahora lo quieren hacer en el campo de la memoria. Ustedes sabotearon el nombramiento de dos personas y quisieron hacer eso conmigo. Pero se equivocaron: a mí no me han llevado de la mano para decir lo que he dicho. No me tienen que cuestionar. Me han acusado del delito de opinión. El problema es que pienso diferente a ustedes. ¿Cuál es el problema? El problema sería que yo ponga mi punto de vista en la institución. Demuestren que yo cambio la ley. Pero están diciendo mentiras. La ley solo la puede cambiar el Congreso”.