Finanzas y conflicto
Según expertos, Colombia tiene el mayor número de soldados de la región después de Brasil, un país con más de 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, el cual en su momento sofocó con éxito la violencia rural y urbana. Durante la gestión de 8 años del entonces presidente Álvaro Uribe se calcula que se dispuso de cerca de US$ 100.000 millones, según Garay, cifras tomadas de fuentes oficiales. En dicho análisis, aproximadamente, la mitad del presupuesto nacional se va en cubrir el denominado gasto militar y el servicio de la deuda, en el cual se excluyen algunos rubros de seguridad estatal que manejan los civiles del gobierno. Sin que aparezcan los multimillonarios gastos que desembolsan la empresa privada y los particulares en seguridad, proporcionalmente, de los más elevados del planeta.
En el informe de gastos militares dado a conocer en Unasur por María Emma Mejía, Colombia dispuso en defensa durante 4 años de 17.000 millones de dólares, mientras Brasil llegó a US$ 43.000 millones. Siendo que Brasil es un productor y vendedor de armas, que hace jugosos negocios abasteciendo a terceros, mientras aquí somos consumidores de la producción internacional de armas letales.
Pese a tan cuantiosos gastos militares, la situación de los soldados sigue siendo precaria, en cuanto en materia de salarios y seguros por exponer la vida es modesta la compensación. En la práctica al cercenar el Fuero Militar, son objeto de demandas y suelen quedar en la ruina cuando tienen que pagar abogados costosos para que los defiendan de acusaciones infundadas o culposas. El Estado les debe 4 billones a los militares. Sus salarios son inferiores al abnegado sacrifico que les exigen, muchos van al psiquiatra. Unos 15.000 militares están siendo investigados, son el escarnio público, pleitos dilatorios y ruinosos. La justicia civil equipara a los militares con la subversión, mientras se gestan sorprendentes beneficios a los alzados en armas en el marco jurídico de paz. La noción de seguridad jurídica no existe para los militares que luchan en los montes en defensa de la sociedad, lo que tiende de manera suicida a paralizar a las Fuerzas Armadas. Si la crisis económica mundial se extendiera a Colombia seria la catástrofe.
Restablecer el Fuero Militar como instancia para juzgar a los soldados que cometen delitos en combate, con excepción de los de lesa humanidad, es clave para ganar la guerra. La misión de los ejércitos es disuasiva o de combatir al enemigo externo, por excepción la de participar en guerras fratricidas. El Ejército es baluarte democrático y de paz. Al extenderse nuevamente el conflicto armado, particularmente en las zonas de la periferia y mineras, se refinancia la subversión; sus agentes se mueven en pequeños comandos y obligan a enormes gastos en guarniciones, así como en movilidad militar, se retorna al terrorismo urbano y la intimidación. Tan cuantiosos gastos no alcanzan para acabarlos dado que semejan una hidra mitológica de varias cabezas; en ciertos casos, por falta de inversión social, los apoya la población local. Poderosas fuerzas políticas e idiotas útiles, privilegiadas por la legalidad democrática, los favorecen.