Con habilidad que no puede desconocerse, el gobierno logró que los ponentes de la ley de financiamiento le echaran a última hora una capa de “barniz social” a la ley que discute el Congreso sobre asuntos tributarios.

En efecto, se introdujo una norma que había sido desechada anteriormente por virtud de la cual se devolverá el IVA pagado por el 20% más pobre de los contribuyentes; se desmonta gradualmente la contribución de los pensionados para salud que ganen menos de un salario mínimo del 12% al 4%; se establecen los tres días al año sin IVA; y se otorgan algunas ventajas a quienes generen empleos juveniles.

Este es el barniz. Ante la emergencia social que estamos viviendo no le quedó mal al gobierno la maniobra de retoque. Pero, desde luego, esa capa de barniz social aplicada a última hora y de urgencia no le quita al conjunto de las normas tributarias que se discuten su condición de ser intrínsecamente regresivas.

La devolución del IVA es efectista. Pero entraña un complejo montaje administrativo para hacerla realidad. En efecto, se calcula mediante la encuesta de hogares del Dane cuál es el pago promedio de IVA de una familia pobre en Colombia y ese monto se le devuelve a sus cuentas (si es que las tienen) a través del Sisbén o de familias en acción. O de un patrón similar. Teóricamente es factible hacer esa maniobra pero técnica y administrativamente es algo supremamente complejo. Y muy costoso: $2 billones.

La reducción que será gradual del aporte de pensionados de menores ingresos para salud ya estaba anunciada y en rigor no entraña ninguna novedad. Fuera de representar un costo también inmenso para el fisco.

Y lo de los tres días sin IVA, iniciativa del centro democrático que el propio gobierno había desechado en el pasado, suscita más preguntas que respuestas: ¿en realidad sí reactivará el comercio? Si alguien tenía pensado hacer alguna compra simplemente se va a esperar hasta el día sin IVA para hacerla. Lo cual asegura el costo para el fisco aunque no necesariamente una reactivación del comercio. Para esto último ya existen los viernes negros o las promociones de fin de año.

Pero la reforma tributaria que contra el tiempo estudia el Congreso sigue siendo intrínsecamente regresiva a pesar de la mano de barniz social que ha recibido. Según información que se ha dado en los últimos días, las solas gabelas que contiene y mantiene la ley de financiamiento valen la friolera de 9 billones de pesos. En balance es una ley mucho más amable y generosa con los ricos que con los pobres. Con un altísimo costo fiscal que ya preocupa a entidades como Fedesarrollo.

Con ciertas medidas que incluye el proyecto de ley se parte del supuesto (costosísimo por lo demás) que algunas de estas gabelas están reactivando la economía y la inversión. Como es el caso de la eliminación del IVA para cualquier importación de bienes de capital.

Un estudio reciente de la revista Dinero demostró, por ejemplo, que el aumento de la inversión que se ha dado en el último año se debe principalmente a la importación de equipo rodante de las grandes municipalidades, principalmente Bogotá con sus buses eléctricos. Importaciones que de todas maneras se hubieran hecho con o sin la gabela de la exclusión del IVA para estas adquisiciones.

El Chile se llegó recientemente a un acuerdo político para financiar los costos de las medidas adoptadas por el gobierno Piñera para atender el clamor social (principalmente la ampliación del pilar solidario del sistema pensional en beneficio de los más pobres), mediante un incremento de los impuestos que deberán pagar los contribuyentes más acaudalados.

En Colombia parece que vamos a contravía: para apaciguar la tensión social de los últimos días estamos aplicando de urgencia una capa de barniz social sobre la agrietada estructura de la equidad tributaria. Y al mismo tiempo estamos reduciendo impuestos y aumentando las gabelas en provecho de los más ricos.