El Ministro de Hacienda no ha tenido definitivamente suerte con sus reformas tributarias en este gobierno.

En la primera, cometieron el infantilismo político de creer que el país iba a aceptar que de golpe y porrazo se aumentara el IVA para una gran cantidad de bienes, incluidos los de la canasta familiar del cero al 19%. Tuvieron que dar marcha atrás rápidamente.

Posteriormente la reforma, a la que se le había cambiado piadosamente el nombre por ley de financiamiento fue declarada inconstitucional por la Corte ante la evidencia incontrastable de que había sido mal tramitada en el Congreso. Se habían pretermitido los tramites de rigor, los cuales, tratándose de cualquier ley, pero muy especialmente de una norma tributaria en la que debe respetarse escrupulosamente el principio de que no hay” tributación sin representación”, son de máxima importancia en las democracias.

La Corte, generosamente con el Gobierno, dio hasta el 31 de diciembre de este año plazo para enmendar el yerro constitucional cometido a fin de expedir una nueva reforma tributaria.

El Ministro dijo que la presentaría dentro del plazo señalado por la Corte, pero que no se admitirían nuevos cambios por los congresistas. Vano intento. En la ley que se está aprobando por estos días ya van más de cincuenta modificaciones.

La gran pregunta que queda flotando en el ambiente es si esta ley es congruente con los propósitos fiscales del país, o si es un nuevo engendro que creará la necesidad de nuevas reformas más pronto que tarde.

Todo hace pensar que será lo segundo, es decir, que acarreará desequilibrios de tal dimensión que harán indispensable la expedición de nuevas reformas tributarias en el futuro próximo. A pesar de que el ministro de Hacienda dice a los cuatro vientos que no habrá en adelante, dentro del gobierno Duque, nuevas modificaciones impositivas.

¿Por qué?

En primer lugar, porque con toda razón se ha despertado en el país un anhelo de equidad que comienza justamente con la “equidad tributaria”. Esto se ha hecho mucho más evidente con las marchas, con las negociaciones en torno al paro y con la llamada conversación nacional.

Y la ley que se está aprobando por estos días es, precisamente, lo contrario: atiborra de gabelas y de privilegios a los contribuyentes con mayor capacidad de pago, o sea, a los más pudientes. Circunstancia que aleja aún más nuestra estructura tributaria de unos estándares mínimos de equidad.

Se calcula que hay nuevas gabelas y privilegios, en adición a los que ya venían, que suman cerca de 10 billones de pesos. Hasta el punto que la ley que se está aprobando contempla la creación de una comisión especial para que recomiende mejoras y podas en el tupido bosque de los privilegios tributarios.

Y, en segundo lugar, porque el decrecimiento en el recaudo de la reforma tributaria para los años venideros es inmenso. Fedesarrollo ha calculado (sin contabilizar las modificaciones de última hora) que será de 4,9 billones en 2020, de 9,1 billones en 20121, de 12,6 billones en 2022 y 18,8 billones en 2023.

En buen romance: es muy improbable que nos salvemos de una nueva reforma tributaria en el futuro que enmiende las equivocaciones de la que se está aprobando a las carreras.