Todos sabemos que uno de los temas más alarmantes que vivimos los colombianos es la corrupción y la falta de conclusiones y sanciones judiciales.

En esta materia es muy urgente que el señor Presidente de la República tome medidas e incluso haga una convocatoria a los dirigentes y líderes políticos con el fin de llegar a un acuerdo nacional para adoptar medidas extraordinarias que permitan controlar el desbordamiento que ha tenido este tema y que se incorporen sanciones fuertes y extraordinarias para castigar a los responsables de actos de corrupción. ¿Qué pasó con todos los responsables de los casos de Odebrecht, Reficar, contratos de alimentos para estudiantes o de la pandemia, para no enumerar sino algunos? Además, es muy importante crear conciencia que el silencio de jefes y superiores, ante actos que huelen a corrupción, se convierte en complicidad.

Hace pocos días, distintos medios de comunicación comentaron un hecho sobre el cual, de un momento a otro, se guardó silencio y no se siguió debatiendo, lo que hace más importante que la opinión pública sepa o conozca que sucedió. El Ministerio de las TIC convocó una licitación por más de dos billones de pesos para ampliar el servicio de internet a distintas zonas del país. En el pasado, el cierre de una licitación tan importante por su objetivo como por su valor, era presidido por el Ministro correspondiente o en su defecto por uno de los Viceministros, por el Secretario General o por el Director General del área correspondiente. Pues en esta oportunidad lo presidió la subdirectora de contratación de ese Ministerio, es decir por un funcionario de quinto nivel. Pero lo más sorprendente es que durante el acto de presentación de las propuestas, varios de los interesados denunciaron una anomalía que se estaba presentando con una de las firmas proponentes y la cual consistía en que uno de los asesores por contrato del despacho de la Ministra de las TIC era simultáneamente asesor de esa empresa, por lo que pedían que no se aceptara su propuesta ya que entendían era un acto irregular, que podría tener inhabilidades por tener vinculado a ella el asesor de la Ministra, lo que independientemente de las inhabilidades legales era una clara inhabilidad ética y moral.   

Como consecuencia de esta supuesta anomalía se declaró un receso y como producto del mismo se anunció que el asesor de la Ministra tenía un contrato de trabajo en el que en una de sus cláusulas se manifestaba que no estaba incapacitado para prestar asesorías en materia de contratación administrativa.

 ¿Cómo es posible que el Ministerio de las TIC suscriba contratos en esas condiciones? Pero lo que es peor, que un asesor considere que no tiene inhabilidad para ser parte (por trabajar en el Ministerio en el cual se abre una licitación gigante) y contraparte (por ser asesor se una firma que licita ante el Ministerio del cual él es asesor.

No podemos seguir en esas condiciones. ¿Qué clase de ejemplo le están dando al país en materia de ética y moral?

El Procurador General de la Nación así como el Contralor General de la República deben actuar con prontitud y en investigaciones rápidas y prioritarias tomar acciones sobre este caso. Incluso el Presidente de la República debería también tomar decisiones que protejan la moral pública.

Frente a la corrupción, como al narcotráfico y la inseguridad que hoy estamos viviendo, no podemos ser débiles. Hay que tomar decisiones que sean ejemplarizantes porque, de lo contrario, estamos perdidos.