Las otras violencias

La violación, tortura y asesinato de Rosa Elvira Cely en Bogotá ha generado una ola de indignación y de reacciones multitudinarias de condena. Lo lamentable es que sea la crueldad extrema del crimen o el conocimiento público de la agonía de esa infortunada mujer o que sucedió en pleno corazón de la capital de la República, lo que haya exacerbado la ira de sus congéneres, la condena unánime del país y la atención de los medios, y no la inusitada frecuencia con que cientos de Rosas Elviras han padecido y padecen ese tipo de ataques en todo el territorio nacional.

Cualquiera que quiera verlo o conocerlo, puede acceder a los archivos de las diferentes versiones que en los Tribunales de Justicia y Paz han entregado los paramilitares desmovilizados. Allí está la atrocidad de las prácticas de violencia sexual como instrumento de guerra, de intimidación o de dominación que usaban esos grupos armados, a cuyos miembros, con todo y sus cerebros de sicópatas, les impondrán una pena máxima de 8 años de prisión que la mayoría están a punto de cumplir o que jamás cumplirán. Si son 30.000 desmovilizados, como dijo Uribe, ¿cuántos de esos son violadores sexuales amnistiados en trance de volver a las calles y campos de nuestro país?

Pero esa violencia física, cruel y visible, en la mayoría de las veces, no es la única que se ejerce contra las mujeres. Hay otras, larvadas, probablemente más sutiles, pero igualmente violentas y dañinas. Un ejemplo de ello es la historia de que da cuenta la sentencia de tutela T-109 de 2012 de la Corte Constitucional.

Una mujer, cabeza de familia, es decir, respondiendo sola por su hija, por esa gran costumbre nacional de la progenitura irresponsable, madre de una niña con una enfermedad rarísima, síndrome de “Tay Sachs”, decidió estudiar Medicina, única y exclusivamente para conocer los males de su niña y huir de “consejos” profesionales que le sugerían no tratarla, sino dejarla “complicar” para acelerar su deceso.

Finalizados los compromisos académicos, con desempeño notable, la médica se enfrentó a la consecución del año rural (servicio social obligatorio) como requisito para ejercer la profesión, resultando “favorecida” con una plaza en el municipio de Sandoná (Nariño). Como la condición médica de su hija -niña de 8 años con edad neurológica de 3 meses- le impide ubicarse en sitio que no tenga atención de tercer nivel en salud, solicitó ser ubicada en Pasto.

Las severísimas autoridades del Instituto de Salud de Nariño y las del Ministerio de Salud y Protección Social, como era obvio, no sólo le negaron la solicitud, sino que la sancionaron, por no presentarse en Sandoná. Ella sabía, dicen, desde cuando inició estudios, que el SSO era requisito ineludible.

Ni una palabra sobre su condición de madre cabeza de familia, o sobre las especiales circunstancias de salud de la menor. Nada, pura violencia burocrática. Quién la mandó ser soltera, tener una hija, tenerla enferma y además, estudiar Medicina.

Afortunadamente esa derecha religiosa extrema que pretende tomarse la Corte Constitucional todavía no acaba de llegar.

@quinternatte