Por estos días se ha vuelto a hablar profusamente del tema de los subsidios. Este es probablemente uno de los más delicados asuntos de las finanzas públicas colombianas. A la fecha ascienden a $ 74 billones por año, lo que constituye uno de los gravámenes más onerosos del presupuesto nacional.

Desde hace algún tiempo se viene hablando de la necesidad imperiosa de racionalizar esta modalidad de gasto público; pero hasta la fecha se ha actuado muy poco.

Por racionalizar los subsidios debe entenderse, en síntesis, que ellos no vayan a favorecer a las personas más pudientes, sino que con una focalización adecuada se orienten hacia quienes tienen menor capacidad de pago.

En el proyecto de Plan de Desarrollo hemos visto áreas de sol y sombra. De una parte, se anuncia que a partir del 2020 se refinará la metodología para calcular el Sisbén IV que sería una especie de parteaguas para establecer quien amerita subsidios y quien no. Esto no es claro actualmente, con lo cual muchos de los subsidios se filtran hacia personas o grupos que no los necesitan.

De otra parte hemos presenciado a propósito del Plan de Desarrollo marchas y contramarchas melancólicas como las que se vieron con relación al subsidio de consumo de energía eléctrica del estrato 3, que está valiendo cerca de $ 700.000 millones al año. En la versión original del Plan se proponía eliminarlo pero bastó un trino del Presidente de la República para que esta iniciativa se retirara. Lo cual habla muy mal de la coordinación que se está dando al interior del gobierno. ¿Cómo es que el plan no se lo explicaron al Presidente quienes lo elaboraron antes de presentarlo al Congreso?

Se ha repetido la misma historia de la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria, cuando muchos de sus ingredientes, que se creían oficiales, fueron descalificados por el propio Presidente de la República.

Como toda policía tributaria, pero muy especialmente la de subsidios, no puede servir para darle gusto a todo el mundo. Porque cuando así se procede las cosas siempre salen mal.

Lo que viene sucediendo con el fondo de estabilización de los combustibles es bien diciente. Su déficit, a la fecha, asciende a $ 13.8 billones. Déficit apenas comparable con el que se intentó justificar la Reforma Tributaria o Ley de Financiamiento ¿Por qué se acumuló un déficit tan grande? Porque cuando subió el precio del crudo y se debió elevar el precio a los consumidores (donde sea dicho de paso se concentra uno de los subsidios más costosos y regresivos de la política fiscal) no se elevó en la proporción necesaria el precio al consumidor, como lo exigía el buen funcionamiento de un fondo de estabilización. Se intentó darle gusto a todo el mundo y las cosas han salido mal. Hasta el punto de que el déficit de este fondo es actualmente uno de los mayores chicharrones de la política fiscal.

En el 2016 se buscó racionalizar toda esta política de subsidios. Se preparó inclusive un proyecto de estatuto muy ambicioso que buscaba racionalizar la integralidad del tema. Este estatuto ni siquiera tuvo primer debate en las Cámaras. Y mientras tanto, el costo anual de los subsidios, la mayoría regresivos, sigue pesando como una pesada piedra de molino sobre el presupuesto anual de la Nación.

Por intentarle dar gusto a todo el mundo también se ha caído en protuberantes contradicciones. De una parte se busca racionalizarlos con la solución inteligente con el Sisbén IV. Pero de otro lado el árbol de navidad de los subsidios se sigue recargando con costosas gabelas otorgadas a gente con capacidad de pago. El ideal de la equidad está cada vez más lejos. Prueba de ello fue la cantidad de subsidios, costosos e ineficientes, en beneficio de unos poquísimos, que se introdujeron en la última Ley de Reforma Tributaria.

Llegó pues la hora de racionalizar el asunto de los subsidios. Y para ello hay que empezar por no olvidar la regla de oro: no se puede pretender darle gusto a todo el mundo. Pues cuando así se hace, los subsidios regresivos tienden a perpetuarse. Y a agregar más subsidios regresivos que benefician solo a unos pocos.