La inseguridad que se vive hoy en Colombia ha llegado a límites inesperados. En las ciudades y en los campos estamos viviendo momentos muy difíciles de la historia, pues la tranquilidad ciudadana parece haberse esfumado. Todos los días del año registramos atracos y robos de relojes, celulares, joyas, billeteras, como también casas y fincas.

Los ladrones andan en motos y carros con vidrios polarizados y ya no se respeta a mujeres embarazadas, personas adultas, mayores, jóvenes, ni siquiera niños. Pero aún peor personas inválidas o enfermas. Hasta a las mascotas se las están robando.

Incluso se han dado casos en los que cuando una persona sale a recoger su carro lo encuentra sin llantas, porque se las han robado con rines y todo. Algo que pareciera de película o muy inverosímil pero que en Colombia es una realidad.

Lo más preocupante es que en muchos de esos atracos y robos se utiliza la violencia, llegando a maltratar a las víctimas y en algunos casos incluso llegando a asesinarlas ¿En qué momento se volvió una vida tan dispensable?

Los ladrones ya no son personas de la calle buscando algo que robar porque el hambre los lleva a ello. Son personas con armas de fuego o armas blancas que actúan en bandas y que están dispuestas a matar, si encuentran oposición o defensa personal de sus víctimas.

Cualquier persona puede ser blanco y objeto de esta problemática, sin distinguir su origen o condición social.  Ya no hay persona que se sienta inmune a ser objeto de un atraco. La gente anda por las calles asustada porque el peligro es real y los casos se dan todos los días.  Las personas que no lo han sufrido personalmente tienen un amigo o un familiar cercano que ya ha sido objeto de terribles experiencias.

Las autoridades políticas y judiciales, tanto nacionales como regionales, deben tener conciencia que es necesario que la acción contra los delincuentes debe ser prioridad en sus administraciones. La policía nacional debe recurrir a planes concretos y eficientes que permitan ganarle a esta situación de inseguridad.

Como si lo anterior fuera poco, en el sector rural no sólo se presenta esta problemática sino que como producto de errores en el manejo la paz también se está presentando la inactividad de la fuerza pública. Un cese al fuego decretado o negociado, sin reglas claras de movilidad de esos grupos armados, que lo han aceptado o pactado, sin determinar un territorio dónde reclutarse, ha llevado a que la fuerza pública quede inactiva, pues no tiene la seguridad si se encuentra con un grupo al margen de la ley de los que han pactado el cese al fuego o con uno que no y por lo tanto en muchos casos prefieren no actuar.  De no aclararse con rapidez esta situación puede llegar a ser el peor enemigo del plan de paz del gobierno y la que genere mayor descontento ciudadano y le quite respaldo a la intención de paz. Por una simple y sencilla razón: bajo ese paraguas pueden esconderse actividades del narcotráfico o ilegales que desborden cualquier proceso.

Finalmente es importante anotar que en adición a esta inseguridad ciudadana, estamos viviendo otra igualmente compleja, como lo es la inseguridad jurídica.  En otra oportunidad me referiré a profundidad a este fenómeno, pero hablando de inseguridad no podemos dejar de hacer notar que el cambio de reglas que afectan las pactadas en los contratos, mediante actos administrativos sin medir las consecuencias de los efectos, está llevado a falta de credibilidad jurídica en el país, que tiene consecuencias graves para los inversores tanto nacionales como extranjeros, que pueden llevar a que nuestro país no sea considerado de interés.
La inseguridad está desbordada.