“Quedamos mal a posconflicto de realidades”

Me llamaron mucho la atención unas declaraciones del doctor Hernando Londoño, director encargado de la dirección de sustitución de cultivos ilícitos, que publicó El Espectador con gran despliegue en su primera página del pasado 24 de enero, y que comenzaban con esta frase lapidaria: “el programa de sustitución es insostenible”.

El cuadro que traza el doctor Londoño no puede ser más desalentador. Refiriéndose a las familias que reciben los subsidios para sustituir cultivos, dice lo siguiente: “Se les prometió cumplirles con asistencia alimentaria inmediata, seguridad alimentaria, asistencia técnica, un programa de ciclo corto y un proyecto productivo de ciclo largo. Con estos componentes, a una familia se le están entregando $36 millones. Eso por 100.000 familias da que el programa cuesta $3,6 billones. Este gobierno recibió el programa sin financiamiento; es como entregar un cheque en blanco sin fondos. Conseguir $3,6 billones es más de lo que vale la reforma tributaria en un año”.

Esta frase resume el viacrucis que padece la implementación de todas las políticas de paz: desde el gobierno anterior vienen adoleciendo de un grave problema de desfinanciamiento que se continúa en el actual. Podemos decir que la política presupuestal de los últimos años le ha dado la espalda a la implementación de los acuerdos de paz.

Los funcionarios que tienen a su cargo la puesta en marcha de los acuerdos de paz hacen a diario esfuerzos para mostrar la cara amable de los mismos. O sea, para mantener a flote las apariencias de éxito. Pero al menos desde el punto de vista financiero las realidades son muy distintas.

La verdad es que cuando se escarba un poco para desentrañar cómo va la implementación del posconflicto hay que constatar que va mal, a paso de tortuga generalmente. Y que lo poco que se ha logrado está muy lejos de cumplir con las metas que inicialmente se habían trazado.

En un escrito que preparé recientemente para la revista de la Universidad Nacional, utilizando como fuentes las entidades encargadas de hacer un seguimiento metódico de la manera como se vienen implementando los acuerdos de paz (Cerac, Instituto Kroc de la universidad de Notre Dame, entre otros) pude documentar apoyándome, repito, en fuentes académicas independientes, que la distancia entre lo que eran las metas cuantitativas de los acuerdos de paz y sus realizaciones efectivas es cada vez más grande.

Las declaraciones del Dr. Londoño resultaron de otra parte desconcertantes y altamente criticables, como cuando inexplicablemente afirma que no ha habido líderes de la sustitución de cultivos ilícitos asesinados. Lo cual es por supuesto inexacto.

Es una lástima: le estamos quedando bien a la paz de los papeles, pero mal al posconflicto de las realidades. Las autoridades que tenían y tienen aún la grave responsabilidad de hacer viables financieramente los acuerdos de paz han contraído con su desidia una inexcusable responsabilidad.

No es sorprendente entonces el malestar de quienes se embarcaron de buena fe en programas de sustitución voluntaria de cultivos, y ahora ven descorazonados que no se les está cumpliendo.

Gran parte de las marchas de protesta que a diario observamos en las zonas cocaleras provienen que irresponsablemente se metió a los campesinos que estaban en la coca en unos programas que financieramente no eran sostenibles. O que gerencialmente se diseñaron de manera chapuzera.

Sin embargo, como las declaraciones del doctor Londoño (por lo que dice bien o por lo que dice mal) se salen de lo que se considera “políticamente correcto”, la pregunta que queda rondando en la cabeza es: ¿cuál será la suerte de este funcionario por haberse atrevido a decir la verdad sobre la no sostenibilidad financiera del programa de sustitución de cultivos ilícitos, o por haber afirmado inexplicablemente que dentro de los líderes de la restitución no ha habido asesinados?