Tribulaciones petroleras

Cada país va mostrando sus tribulaciones -y sus soluciones- allí donde las políticas públicas denotan carencias. Tal es el caso del petróleo. Problemas diferentes, soluciones distintas. Pero todas en la misma dirección: buscar afanosamente mayor eficiencia en la explotación y comercialización del crudo.

 La seguridad energética sigue siendo carta prioritaria en todas las latitudes. Esto es lo que hemos visto en esta semana que termina en tres países: México, Venezuela y Colombia.

La reforma energética, pieza fundamental dentro del programa de gobierno del presidente Peña Nieto, se ha abierto camino luego de una lucha ardua. Las asambleas estaduales han impartido la aprobación mayoritaria a la reforma constitucional que ya había sido aprobada por el Congreso Federal, para protocolizar una reforma constitucional que permita un manejo diferente de los hidrocarburos por parte de Pemex en el país azteca.

Desde los años treinta del siglo pasado, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, estaba prohibido perentoria y sacrosantamente que la empresa mexicana de petróleos se asociara con capital privado, extranjero o nacional, para explorar o explotar hidrocarburos. Esta restricción le ha implicado a Pemex  una carga financiera agobiadora. Sus finanzas están gravemente comprometidas. La producción de crudos mexicanos ha caído casi en un millón de barriles en los últimos años. Y las proyecciones  para afrontar con éxito y solvencia los inmensos costos de exploración y explotación de México  requieren capital fresco asociado al de origen público. Esto es lo que se ha cambiado. Ahora Pemex podrá celebrar contratos de asociación para multiplicar recursos y sinergias.

Nótese que esto, que en México constituye una verdadera revolución conceptual y política, no es nada novedoso para Colombia. Ecopetrol, desde hace  más de cuarenta años, utiliza la figura de la asociación con el capital privado como el instrumento normal de la financiación conjunta de costos y riesgos en la exploración petrolera.

La otra noticia vino de Venezuela. Por primera vez, y quizás ante la gigantesca crisis económica que allí está a punto de explotar, las autoridades petroleras comenzaron a advertir en voz alta lo que desde hace mucho tiempo es vox populi: que el precio interno de los combustibles es insostenible en Venezuela.

El ministro de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, lo dijo con todas las letras en la boca: “Tenemos que dar una discusión nacional de si ha llegado el momento o no de cobrar la gasolina. En este país no se paga por gasolina. Petróleos de Venezuela (estatal Pedevesa) paga para que echen gasolina”

Un litro de gasolina le cuesta al consumidor un centavo y medio de dólar. Y el país, por este subsidio, está perdiendo al año US$ 12.600 millones. De lo que era anatema mencionar se empieza a hablar en voz alta en Venezuela: de racionalizar un subsidio que se les ha vuelto insostenible.

En Colombia las tribulaciones van por otro lado. El alcalde de Tauramena organizó una consulta popular para prohibir que en su municipio se continuaran haciendo pruebas de sísmica. El voto ciudadano fue favorable a la consulta. Inmediatamente el Ministro de Minas, como era previsible, llamó la atención sobre la ilegalidad de esta consulta (el subsuelo es del Estado), y ante todo de su inconveniencia (lanza un pésimo mensaje a la inversión nacional e internacional de que en la principal zona petrolera del país los alcaldes estén prohijando consultas que cohíben la exploración de crudos)

Tres casos diferentes, pero una misma moraleja: si los países quieren avanzar  en el mundo moderno hacia la autosuficiencia energética, no pueden contrariar ni  las fuerzas del mercado ni el buen juicio.