MIENTRAS QUE se dilató por al menos tres semanas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para definir si acoge o no la ponencia que radicaron en mayo pasado Álvaro Prada y Guillermo Ortiz, en la que piden abrir investigación y formular cargos al presidente Petro por las irregularidades que se habrían producido en la financiación de su campaña en 2022, en las últimas horas se conoció por parte del periodista Daniel Coronell algunos detalles del proyecto de resolución que presentaron estos magistrados en la Sala Plena, en donde concluyen que se violaron por más de $5.300 millones los topes de gastos establecidos.

La semana pasada, la Sala Plena del CNE determinó rotar esta ponencia, lo que implica que pasará para estudio y revisión a otros magistrados, que deben rendir un informe con sus conclusiones y decir si hay mérito para abrir una investigación formal.

También este proyecto de resolución pide abrir investigación y formular cargos a Ricardo Roa barragán, en calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; al movimiento político Colombia Humana y el partido político Unión Patriótica, por presunta violación de topes y dudoso origen de algunos recursos.

W Radio publicó el informe del periodista Coronell en que recoge apartes de la ponencia de los magistrados Prada y Ortiz, quienes con base en las pruebas que llevaron a cabo, de tipo documental y declaraciones de testigos que obtuvieron, concluyen que en la primera vuelta se violaron los topes por más de $3.700 millones; en tanto que para la segunda vuelta las irregularidades en ese sentido fueron por $1.600 millones.

La ponencia indica también que la campaña en su primera y segunda vuelta habría tenido aportes de fuentes prohibidas.

Por medio de la Resolución 0694 del 19 de enero de 2022, el CNE estableció un tope de gastos de la campaña a la presidencia en primera vuelta de $28.536.520.492, sumando los recursos aportados por el Estado y los particulares.

Mientras que, para la segunda vuelta de los comicios de 2022, el organismo electoral determinó un tope de gastos en la campaña de $13.347.457.427.

Primera vuelta

Los magistrados Prada y Ortiz indican en su ponencia siete irregularidades en la primera vuelta de la campaña del hoy jefe de Estado.

• La campaña no reportó un aporte por $500 millones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
• Directivos de la campaña sostienen que esos recursos no fueron para la misma, sino para el movimiento Colombia Humana. Sin embargo, el CNE tuvo en cuenta un acta del Comité Ejecutivo de Fecode en donde se indica que el aporte es como “apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro”.
• La campaña no reportó un aporte de $500 millones del Partido Polo Democrático.
• Se omitió reportar $931 millones por el pago a testigos electorales. La campaña explicó que no se informó este valor porque, sostiene, la misma ya había terminado el día de las votaciones.
• Una factura por publicidad por más de $356 millones de Caracol Televisión no fue reportada en la primera vuelta, sino en la segunda. Sin embargo, esto no se puede hacer porque son diferentes los topes establecidos para cada vuelta.
• Tampoco se reportó $202 millones que recibió la empresa Ingenial Media para testigos electorales.
• Más de $1.200 millones no fueron reportados para pagar servicios por desplazamientos del candidato Petro y otros integrantes de la campaña en aviones y un helicóptero a la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI.
• No figura en los reportes de ingresos en la primera vuelta aportes del sindicato de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera (USO), por $121 millones. Además, esta donación es indebida porque un sindicato es una persona jurídica.

Segunda vuelta

La ponencia registra que en la segunda vuelta se habrían presentado cinco irregularidades en las cuentas de la campaña.

• El Movistar Arena en la capital de la República sirvió para celebrar la victoria de Gustavo Petro.
• La campaña reportó que el arrendamiento costó $150 millones, sin embargo, el CNE dice con base en las facturas que obtuvo que pagaron $250 millones.
• Se omitieron pagos por $177 millones por testigos electorales.
• En las cuentas que entregó la campaña al CNE no figura el pago por más de $960 millones por vuelos con la empresa SADI, de Ibagué.
• Un aporte del Partido Colombia Humana por más de $350 millones no figura en la contabilidad, el cual se empleó en transporte y alimentación de los testigos electorales el día de la votación.

¿Qué viene?

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó hace un par de semanas que el CNE es competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a las reglas de financiación de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.

El pronunciamiento del Alto Tribunal es producto de un conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la cual a mediados de mayo pasado solicitó el traslado del proceso, argumentando que tiene esa competencia por tratarse del presidente de la República.

El Consejo de Estado explicó que el CNE tiene la facultad de imponer las sanciones administrativas a las que haya lugar contra el ganador de la campaña a la Presidencia, en caso de comprobar irregularidades previstas en la ley, excepto la de una eventual pérdida del cargo. En ese caso, la competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República, conforme lo exigen los juicios por indignidad política.

Igualmente, el Alto Tribunal estableció que es competencia del Congreso, por intermedio de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieran lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza.

La financiación de campañas con fuentes prohibidas es un delito que contempla prisión de cuatro a ocho años tanto para el gerente como para el candidato.

La violación de los topes en las campañas electorales también es un delito que establece prisión de cuatro a ocho años a quien administre los recursos.

El incumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas electorales también contempla la pérdida del cargo, en este caso del presidente Petro si la Cámara y el Senado lo encuentren responsable por las presuntas irregularidades en su aspiración en 2022.