AFINIA Y Air-e son dos empresas que operan en el sector energético en el Caribe colombiano, ambas compañías enfrentan una serie de problemas financieros y operativos que ponen en entredicho su futuro.

La primera es una filial del Grupo EPM desde 2020 y cubre el servicio en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del sur de Magdalena. Mientras que Air-e es una empresa que distribuye y comercializa electricidad en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Las altas tasas de morosidad entre los usuarios residenciales, comerciales e industriales han afectado gravemente las finanzas de ambas empresas. Esto se debe, en parte, a la crisis económica generada por la pandemia de covid-19 y el aumento de tarifas que ha impactado a los consumidores.

En cuanto a Afinia se calcula que presta servicio a 1.8 millones de usuarios. En la actualidad enfrenta deudas por 2.4 billones de pesos de usuarios y 690.000 millones en subsidios pendientes por parte del Gobierno nacional.

Según advirtió su gerente Jhon Jairo Granada, las inversiones proyectadas para 2025, ascienden a 870.000 millones de pesos, incluyendo 110.000 millones destinados a Cartagena, podrían verse seriamente afectadas si no se concreta el pago de los subsidios gubernamentales para los estratos 1, 2 y 3, así como el desembolso de 1 billón de pesos correspondiente a la opción tarifaria.

La situación se agrava con la deuda de aproximadamente 300.000 millones de pesos por parte de entidades públicas como cárceles y hospitales en la región Caribe.

“Confiamos en que esa deuda de 690.000 millones de pesos nos los pague el Gobierno a la mayor brevedad y también, pues que se cumpla el compromiso que se hizo la Presidencia de la República de hacerse cargo de la deuda de la opción tarifaria, que alcanzó en diciembre unos 929.000 millones de pesos”, declaró el gerente de la entidad en el primer encuentro informativo de Afinia que se celebró en Cartagena.

La solicitud de Gutiérrez

Así mismo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también denunció el grave estado financiero de la compañía y advirtió que Afinia podría volverse insostenible en marzo de este año por la deuda de $2,4 billones que el Gobierno mantiene con EPM. El mandatario local también señaló que no es la única empresa de energía de EPM que está afectada y la deuda total ya llega a $4,4 billones.

Explicó que Afinia podrá sostenerse hasta febrero ya que cuenta con un crédito aprobado por EPM de más de $1 billón, pero afirma que “no se sabe qué podría ocurrir después si no ingresan los dineros adeudados”.

“Lo que pedimos al Gobierno nacional es que cumpla con los compromisos y pague los recursos que debe. De lo contrario, las empresas prestadoras de servicio energético del país entrarían en una grave crisis financiera y podrían tener unos impactos muy negativos en toda la comunidad. Están haciendo lo mismo que con las compañías de la salud, las están aniquilando financieramente. Quiero hacer esa alerta, porque en últimas los que pierden son los usuarios, como ocurrió en Puerto Carreño”, concluyó el mandatario antioqueño.

En cuanto al balance en el primer semestre de 2024 Afinia facturó $3,27 billones, para un crecimiento del 15,8% frente a igual periodo de 2023 ($2,83 billones). No obstante, los costos muestran un aumento del 21,8% pasando de $2,06 billones en los primeros seis meses de 2023 a $2,50 billones en 2024, por lo que la utilidad bruta se mantiene en $0,70 billones tanto en el primer semestre de 2023 como en igual periodo de 2024.

Por su parte, los gastos operacionales, el deterioro de cartera y los gastos financieros muestran aumentos del 15,2%, 34,1% y 123,4% respectivamente, traduciéndose en un deterioro de la utilidad operacional y neta; la primera pasó de $292.000 Millones a $144.000 millones, una reducción del 50,5%.

El caso de Air-e

Pero si en Afinia se ve un panorama complicado, por el lado de Air-e el ambiente es más oscuro. Al finalizar la semana pasada la Supersociedades profirió una Resolución en la que estableció la modalidad de toma de posesión de la empresa con fines liquidatorios, incluyendo una etapa de administración temporal que dé la oportunidad de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho.

La decisión se adoptó luego del análisis del “Informe Diagnóstico de Gestión” remitido por el agente especial de Air-e (intervenida), que muestra la compleja condición financiera y operativa de la empresa.

Del análisis del componente financiero se concluye que la empresa Air-e presenta un deterioro financiero y operativo representado en indicadores financieros negativos por cuatro periodos consecutivos y caja limitada con atrasos en pagos a proveedores que limitan la operación, reflejando una situación financiera no óptima y retrasos significativos en la ejecución del plan de inversiones en redes.

De la misma forma, existen importantes deficiencias de infraestructura que afectan la calidad y continuidad del servicio.

En consecuencia, la decisión se fundamenta en que dicha modalidad de intervención permite que la empresa continúe desarrollando con normalidad su objeto social y se garantice la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, esto con el fin de salvaguardar los derechos de los usuarios en el área de operación de la empresa, administración temporal dentro del cual se pueden adoptar diferentes medidas para atender de manera estructural, a corto y largo plazo, los problemas financieros, técnicos y operativos por los que atraviesa la compañía.

Con la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho, y desde la Superservicios se adelantarán las medidas necesarias para que Air-e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley.

Lo que dice el informe sobre Air-e

En el informe de 704 páginas que entregó el agente especial, Edwin Palma al superintendente de Servicios Públicos, Libardo Yanod Márquez, sobre el estado en el que se ha encontrado la empresa Air-e se descubrió una solicitud de interrupciones programadas para un listado específico de circuitos, sin planificación ni justificación técnica, las cuales eran informadas a los usuarios como mantenimientos y lavados en las redes de media tensión.

“Este fenómeno presentó múltiples implicaciones en la calidad del servicio de energía. Injustamente, los usuarios experimentaron cortes en el suministro eléctrico con información falsa, lo que generó inconformidades y afectó la confianza en el sistema eléctrico”, subrayó Palma.

El primer informe diagnóstico de la compañía, con fines administrativos, contiene en ocho puntos la situación de la empresa a la fecha de la toma de posesión y fue enviado a la Superintendencia de Servicios Públicos.

En cuanto a la situación contable y financiera, se señala que la empresa enfrenta un deterioro patrimonial calificado como severo.

“Esto se refleja en pérdidas acumuladas y un desbalance financiero significativo. Las obligaciones causadas han sido valoradas inicialmente en la suma de $1,9 billones, debido principalmente al reiterado incumplimiento de sus obligaciones de pago”, comunicó la Agencia Especial.

Luego se conocería una respuesta de la compañía donde niegan gran parte del informe y afirman que es falso que exista un deterioro en la calidad. “Los indicadores, que miden interrupciones del servicio, mejoraron a niveles históricos respecto a lo que se vivía en la época de Electricaribe”, concluyeron.