Desde el Congreso de la República continúan lanzando alertas sobre la situación en el Catatumbo. Como se sabe, el Gobierno nacional ha expedido cerca de 20 decretos en medio de un estado de conmoción para atender la crisis de violencia y humanitaria que estalló el pasado 16 de enero por la confrontación entre subversivos del Eln y disidentes de las Farc. En este sentido, EL NUEVO SIGLO conversó con el senador Juan Carlos García, del Partido Conservador y presidente de la Comisión Accidental del Catatumbo. 

El senador explicó cuál es la realidad del territorio en medio de aspectos tan importantes como la seguridad, el desplazamiento forzado, la inversión social, la sustitución de cultivos ilícitos, la presencia de grupos armados y otras problemáticas.

Para comenzar, el parlamentario expresó su preocupación por la situación de orden público: “Lamentablemente es una situación de emergencia humanitaria y de no seguridad para el retorno de los habitantes a los distintos municipios. Hay muchos lugares donde el Estado no ha podido llegar y en donde se encuentra la presencia de grupos armados al margen de la ley. Ha sido estático y lento el tema de la retoma, el retorno y el establecimiento de la seguridad en la zona”.

Según explicó el congresista, a partir del momento en el que comenzó la crisis, el grupo de desplazados se ha venido acrecentando. “Esta emergencia nos lleva a mantener un desplazamiento muy alto que continúa subiendo. En el último boletín, el pasado 5 de marzo, contamos con 56.000 desplazados. De ellos, casi 29.000 arribaron a Cúcuta, Ocaña, y Tibú, que son las zonas más afectadas. En la información oficial que tenemos por parte del Puesto de Mando Unificado (PMU) y de las autoridades locales y departamentales lideradas por la Gobernación del Norte de Santander con un acompañamiento débil por parte del Gobierno nacional en este tema, Cúcuta es la ciudad que más contempla desplazados, con 28.951 personas ubicadas en albergues, 1.600 personas están en los hoteles. Ocaña tiene 548 y en Tibú hay 124, y esos desplazados no han podido regresar a sus municipios”, señaló García.

Para el senador, la visita realizada por el presidente de la República, Gustavo Petro, al municipio de Tibú y sus declaraciones contra las organizaciones campesinas han generado mucho rechazo en el departamento, porque ha manifestado que las organizaciones sociales del Catatumbo están permeadas por grupos armados. "Cosa que hemos refutado tajantemente. No podemos concebir que asociaciones de 500, 1.000 o 2.000 campesinos, todos pertenezcan a grupos armados. Eso es un tema muy delicado, muy triste para el trabajo social de las organizaciones en los territorios y para la protección de los derechos humanos”, aseguró

Programas de sustitución de cultivos 

Otro de las preocupaciones sobre las que el parlamentario llamó la atención se centró en el programa de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. Sobre este particular, Juan Carlos García explicó que “el tema de sustitución de cultivos ilícitos hay que analizarlo con cifras históricas. No creo que porque esté Petro como presidente, en 90 días, como lo dijo, vayan a erradicar 25.000 hectáreas cuando en tres años que llevan de gobierno no han podido erradicar ni una. Además, con $1´200.000 que le dan a cada campesino para hacer la sustitución de esos cultivos, no es suficiente para garantizar el sustento de esas familias”.

Luego, el parlamentario sostuvo “sin una focalización, sin estar en el territorio, sin poder convocar, sin poder tener el retorno de los labriegos a las veredas, yo no veo que esa iniciativa tenga un futuro a corto plazo. Aquí ya hizo en una oportunidad ese intento de darle unos recursos a la gente, pero eran $32 millones por el programa de sustitución que tenía el gobierno anterior, el cual funcionó por tres años y sobre el que este gobierno no volvió a girar recursos, aduciendo hechos de corrupción. Entonces, todo lo que se había construido se dejó atrás, pero anteriormente fueron más de 3.000 personas que sustituyeron en tres años con una iniciativa muy articulada, porque algunos campesinos tienen los terrenos y otros viven en tierras arrendadas”.

Sobre el particular, el senador afirma que en la región los cultivadores tienen la posibilidad de sembrar otros productos, pero se ven inmersos en medio del influjo de los grupos armados, que los obligan a sostener las economías ilícitas. “Básicamente ahí la reflexión es lo siguiente: las organizaciones campesinas están encadenados en una economía que es en base a la ilegalidad, porque no tienen otras actividades distintas. Las actividades allá se dan en cultivos de palma y hay dos empresas grandes que las dejó instaladas el gobierno Uribe, creo que hay más de 20.000 hectáreas de palmeros, pero ellos tienen que ceder a las extorsiones de los grupos armados si quieren mantenerse en la región y estar en la mitad de un conflicto armado. Adicionalmente hay algunos cultivos de cacao, piña y arroz, pero esas siembras son a largo plazo y sin una sustitución los cultivadores no van a quitar su hoja de coca”, agregó.

Foto Prensa Juan Carlos García

Presencia de grupos armados

Una de las denuncias más graves que lanzó el congresista está relacionada con la influencia de los grupos armados en la región. En algunos municipios no existe control de la Fuerza Pública, por lo que la inversión del Estado no llega a esos territorios, lo único que rige es la ley de los grupos armados. “En esta región han convivido por 50 años grupos criminales como el Eln, las Farc, el Epl, motivados por el  narcotráfico para poder financiarse, muchos de sus integrantes han sido familiares entre sí. No es fácil que entren a su casa, recluten a su hijo y a usted lo maten frente a su familia. Entonces, el trasfondo del Catatumbo es distinto a lo que ocurre en el Cauca. Como los grupos armados han convivido, la población ya tiene una gobernanza en ellos y en algunos municipios hay alcaldes armados en donde ellos son la seguridad, los jueces y la misma ley, y el Estado no ha podido hacer presencia”. 

Frente a la inversión social, el senador García explicó: “En el punto de inversión que denominó Pacto Catatumbo este Gobierno nacional, tenemos varios cuestionamientos. El presidente manifestaba en una alocución la importancia de unas vías que al principio no eran necesarias, pero que el gobierno anterior las dejó totalmente, algunas adjudicadas con recursos como es la transversal del Catatumbo. Se habla de un contrato firmado de $280.000 millones con 10 años de vigencia futura, una vía que para el gobierno Petro no existía, pero a la cuál le inyectará recursos. Otra obra es la vía Tibú-La Mata, que tampoco estaba en las inversiones iniciales, pero a la que el Estado le invertirá $160.000 millones. Sin embargo, dejó por fuera el anillo vial del Catatumbo, que circundaba toda la región, bajo el argumento de no ser necesaria esa obra. Nos preocupa que el Estado tiene unas vigencias futuras comprometidas que están en duda porque el Gobierno no gira los recursos. Sumado a esto, el gobierno anterior dejó establecido el Plan de Desarrollo Territorial, en el cual se contemplan 1.105 proyectos que fueron construidos desde las asociaciones, las comunidades, los presidentes de junta, los alcaldes, pero que están pendientes”.

Así mismo, informó “como parte del acuerdo marco, salieron 17 acueductos para el Catatumbo; se aprobaron $200.000 millones para obras en vías terciarias; salieron por primera vez $70.000 millones para electrificación rural. Pero lo que ha sido la inversión más grande de la historia de la región, la vía principal con casi $300.000 millones, está por fuera del pacto por el Catatumbo que anunció el Gobierno nacional”. 

Como consecuencia de la situación de orden público, económica y social que atraviesa la región del Catatumbo, EL NUEVO SIGLO conoció que la bancada del senador Juan Carlos García citó a debate de control político a algunos ministros para que expliquen en detalle los planes de acción y de inversión que plantea el Ejecutivo. Esta audiencia se realizará el próximo 11 de marzo ante el pleno del Senado de la República.

DESTACADO: En 90 días no van a erradicar 25.000 hectáreas