La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen (2020 - 2023), por presuntas irregularidades cometidas en la ejecución de un contrato para el mejoramiento de vías rurales, financiado con recursos del Sistema General de Regalías -SGR- por un valor superior a los 31.700 millones de pesos. 

Por esos mismos hechos también fue afectada con el pliego de cargos la directora ejecutiva de la Asociación Regional de Municipios del Caribe – Aremca -, Emilia Álvarez Guerrero.

De acuerdo con la investigación, el entonces gobernador habría firmado una constancia que señalaba que las obras se ajustaban al Plan de Ordenamiento Territorial de la isla, pese a que uno de sus tramos, la vía 4 denominada Duppy Gully, no estaba acorde con el uso y tratamiento del suelo, pues se encuentra en una zona de conservación y amortiguamiento ambiental que incluye a la Cuenca de El Cove.   

Además, esa certificación habría sido utilizada como sustento para que el proyecto de inversión fuera viabilizado y aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz -OCAD Paz-.

Para el órgano de control, Hawkins Sjogreen, al firmar esa certificación, “dejó de lado el especial cuidado que debe tenerse en la ejecución de los recursos públicos, más cuando provienen del SGR, que están orientados especialmente al cierre de brechas en el desarrollo económico, social y ambiental de las poblaciones vulnerables, lo que trascendió a los habitantes de Duppy Gully a quienes se pretendía solucionar su intercomunicación”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Aremca es investigada porque seleccionó al contratista y adjudicó los trabajos sin convocar una licitación pública como mecanismo obligatorio de selección y, además, sin utilizar los pliegos tipo, procedimientos que debían aplicarse por tratarse de un proyecto de inversión financiado con recursos del SGR. 

Por esos hechos, la delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR calificó la presunta conducta del entonces gobernador como una falta grave cometida con culpa grave, mientras que la de Álvarez Guerrero fue calificada como una falta gravísima cometida con dolo.