Hoy, 9 de marzo, se recuerda un hito en la historia de Colombia: la firma del primer acuerdo de paz entre una guerrilla y el Estado. En 1990, el Movimiento 19 de abril (M-19) y el gobierno del presidente Virgilio Barco sellaron este acuerdo en Caloto, Cauca.
El acuerdo firmado el 9 de marzo de 1990 incluía diez puntos clave, entre ellos la incorporación a la vida civil y reformas electorales. Sin embargo, uno de los aspectos más polémicos fue el indulto otorgado a los miembros del M-19 mediante la Ley 77 de 1989. Este hecho fue criticado por no haber exigido suficientes responsabilidades a los excombatientes por sus acciones pasadas.
Aunque el acuerdo permitió la participación política de los excombatientes del M-19, también fue cuestionado por no haber resuelto adecuadamente las deudas con las víctimas del conflicto. La Alianza Democrática M-19 se convirtió en una fuerza política relevante, pero la falta de justicia y reparación para las víctimas sigue siendo un tema pendiente.
Para entender la trascendencia de este acuerdo, es fundamental remontarse a los orígenes del M-19. Este grupo insurgente nació en 1970 como una respuesta a lo que consideraban un fraude electoral que impidió la llegada de Gustavo Rojas Pinilla a la presidencia. Inspirados en ideales nacionalistas y revolucionarios, los miembros del M-19 emprendieron una lucha armada contra el Estado, protagonizando sonados episodios como la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980 y la ocupación del Palacio de Justicia en 1985, con desenlaces trágicos.
No obstante, tras años de confrontaciones y un progresivo desgaste militar y político, el M-19 decidió apostar por el camino del diálogo.
Más allá del acto protocolario, este acuerdo representó un cambio de paradigma. Hasta entonces, la respuesta tradicional del Estado colombiano al conflicto armado había sido eminentemente militar. Con la negociación con el M-19, el gobierno demostró que el diálogo y la concertación también podían ser estrategias efectivas para alcanzar la paz. Esta experiencia sirvió como punto de referencia para futuros intentos de pacificación con otros grupos insurgentes como el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Las dificultades de la transición
Si bien la desmovilización del M-19 fue un éxito en términos de cumplimiento de acuerdos y reintegración de sus miembros a la vida política, la transición no estuvo exenta de dificultades. Uno de los desafíos más grandes fue la violencia sistemática contra los excombatientes y sus líderes. Carlos Pizarro, comandante del M-19 y candidato presidencial tras la firma del acuerdo, fue asesinado el 26 de abril de 1990, un mes y medio después de la desmovilización. Su muerte, al igual que la de otros dirigentes desmovilizados, evidenció los riesgos que enfrentaban quienes optaban por dejar las armas.
Hoy, cuando Colombia enfrenta nuevos desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y las negociaciones con el Eln, es crucial aprender de los errores del pasado. La seguridad y la institucionalidad del país no pueden ser moneda de cambio en acuerdos que solo benefician a los grupos armados y dejan a la sociedad expuesta a nuevas amenazas.
En definitiva, un día como hoy, hace más de 30 años, Colombia tomó una decisión que cambió su rumbo. Si bien la paz es un objetivo deseable, esta debe construirse con firmeza, respetando el Estado de derecho y garantizando que quienes han causado daño paguen por sus crímenes.