EN POCOS días la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronunciará sobre la ponencia que radicaron el 3 de mayo pasado los magistrados Benjamín Ortiz y Carlos Prada, en la que piden abrir investigación y formular cargos al presidente Petro por irregularidades que se habrían presentado en la financiación de su campaña en 2022. La decisión estaba frenada por un conflicto de competencia entre este organismo y la Comisión de Acusación de la Cámara, sin embargo, el Consejo de Estado acaba de aclarar el asunto.
A mediados de mayo pasado, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara solicitó al CNE el traslado del proceso, argumentando que tiene esa competencia.
En una comunicación esta célula legislativa indicó en esa oportunidad que “la Comisión de Acusación de manera autónoma y oficiosa, solicita a través de providencia al Consejo Nacional Electoral (CNE), las investigaciones que ante esa autoridad cursan contra el Presidente de la República, por hechos relacionados con la financiación de su campaña”.
En otro de los apartes de la comunicación agregó que “aunque ese órgano (CNE) es competente para investigar a los partidos, a los gerentes, y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al presidente de la República, la tiene el Congreso de la República por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional contemplado en el artículo 178 de nuestra carta política”.
Esta solicitud tiene un antecedente pues el pasado 3 de mayo, el abogado Mauricio Pava, quien representa al presidente, dirigió una misiva al representante Alirio Muñoz, coordinador del triunvirato que también integran los parlamentarios Gloria Arizabaleta Corral y Wilmer Carrillo, a cargo en la Comisión de Acusación de la investigación al mandatario por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña.
El abogado Pava indicó en la referida carta que “solicito a la honorable Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que requiera al CNE para que archive las actuaciones en curso por falta de competencia o, en su defecto, remita inmediatamente todos los procesos en curso en contra del presidente y se abstenga de tomar cualquier determinación que pueda limitar el ejercicio de sus derechos civiles y políticos o suponer una afectación a sus derechos de cualquier otra naturaleza, ya que esta competencia es exclusiva del Congreso”.
Sin embargo, el viernes pasado, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que el CNE sí es competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a las reglas de financiación de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.
Igualmente, el Alto Tribunal estableció que es competencia del Congreso, por intermedio de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza.
La Sala explicó que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de imponer las sanciones administrativas a las que haya lugar contra el ganador de la campaña a la Presidencia, en caso de comprobar irregularidades previstas en la ley, excepto la de una eventual pérdida del cargo. En ese caso, la competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República, conforme lo exigen los juicios por indignidad política, precisó.
“La decisión del presente conflicto de competencias administrativas en manera alguna afecta las competencias específicas que, por mandato constitucional, en materia penal y disciplinaria de altos servidores del Estado, corresponden al resorte privativo de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”, se concluye en la providencia del Consejo de Estado.
CNE: qué viene en el proceso
EL NUEVO SIGLO conoció que tras el pronunciamiento del Consejo de Estado en que aclara que el CNE está facultado para imponer sanciones administrativas al presidente Petro por las eventuales irregularidades en la campaña que lo llevó a la Jefatura de Estado, los magistrados Ortiz y Prada harán unos ajustes a la ponencia, donde recogerán que tienen la competencia para adelantar dicha investigación y que, de paso, queda sin piso jurídico un recurso de nulidad que habían planteado contra ellos diciendo que no la tenían.
Luego la Sala Plena del CNE reactivará la discusión sobre el proyecto de ponencia que presentaron estos magistrados y procederá a votar si lo acogen o no. Se espera que ello ocurra en unas dos semanas.
El organismo electoral abrió una investigación preliminar en febrero del 2023 a la campaña que condujo a Petro a la presidencia, porque supuestamente superó los topes establecidos y se habría omitido información en las cuentas que reportó sobre ingresos y gastos.
La ponencia
La ponencia que debe resolver la Sala Plena fue producto de una investigación que llevaron a cabo los magistrados Ortiz y Prada por más de 10 meses, en la cual se pide abrirla formalmente y también formular cargos a Ricardo Roa Barragán (hoy gerente de Ecopetrol), en calidad de gerente de la campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; al movimiento político Colombia Humana y el Partido político Unión Patriótica por presunta violación de topes y dudoso origen de algunos recursos.
Según la ponencia, la campaña habría incurrido en anomalías como presunta vulneración de los topes de gastos; presunta financiación prohibida en la campaña presidencial de primera y segunda vuelta; financiación con fuentes prohibidas y otros delitos.
“Solicitamos iniciar investigación de manera inmediata sobre las cuentas, informes, reportes, movimientos contables y movimientos de las cuentas de las campañas políticas 2022- primera vuelta y segunda vuelta del Pacto Histórico”, dice el documento.
En el artículo primero de la ponencia el CNE solicita abrir investigación y formular cargos en contra de los ciudadanos Ricardo Roa Barragán en su calidad de gerente; Gustavo Francisco Petro Urrego, identificado en su calidad de candidato a la Presidencia de la República; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez en calidad de auditores de la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico, por la presunta vulneración de los topes de gastos a invertir en la campaña de primera vuelta por la suma de $3.709.361.344; el segundo proceso está relacionado con una investigación y formulación de cargos a los anteriormente mencionados por la presunta financiación prohibida en la campaña presidencial de primera vuelta por parte de Fecode, Ingenial Media S.A.S. y/o Matrix Giros y Servicios S.A.S, Unión Sindical Obrera (USO).
Como se sabe las investigaciones sobre la supuesta financiación irregular de la campaña del presidente están en varios flancos. En uno de ellos, la Comisión de Acusaciones ya tiene un proceso en contra de Petro, después de que entre otras el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dijo en audios que fueron filtrados por la prensa que obtuvo $15.000 millones de recursos en la costa Norte, y que si hablaba de ello todos irían a la cárcel.