Cuando todavía los colombianos y las empresas están afanados y colgados por cumplir con el incremento de impuestos que les ocasionó la reforma tributaria del 2022, el Gobierno se apresta a radicar en el Congreso una segunda reforma denominada Ley de Financiamiento, con la que pretende recoger al menos $12 billones.

Con estos recursos, aparentemente el Gobierno pretende cuadrar las cuentas fiscales que no pudo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni con el Presupuesto de 2024 y mucho menos con el de 2025.

Sobre lo poco que se ha conocido, EL NUEVO SIGLO pudo establecer que el grueso de la reforma 2.0 es que se va a mantener la sobretasa de renta en el caso del carbón y el petróleo, tratando de recuperar algo de lo que la Corte Constitucional le quitó al Gobierno con el hundimiento de la no deducibilidad de las regalías.

Pero, asimismo, no se va a tocar el IVA de los productos exentos y excluidos (alimentos de la canasta familiar), pero tampoco se va a bajar el umbral de las personas naturales declarantes. Más bien se va a incrementar el impuesto a las personas que ganen más de $10 millones.

Otro punto que mencionó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es que se va a cobrar más impuesto a las rentas no laborales. También se subiría el impuesto a la ganancia ocasional del 15 % al 20 %.

Como argumento de esta carta impositiva, Bonilla dice que siempre hay espacio para poner a tributar más a las personas, señalando que la tributación en el país oscila entre 16 % y 17 %, cuando en la OCDE está entre el 24 % y el 30 %.

No más recursos

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, sostuvo a este diario: “Creo que es un desacierto gravar más a las personas naturales, a menos que aumenten la base de personas naturales en impuesto de renta, porque ya la situación de la clase media y de la media alta, es dramática con la aplicación de la última reforma tributaria, con la que muchas familias se han tenido que endeudar para poder pagar los impuestos”.

Sostiene Restrepo que “eso no tiene sentido y tampoco es conveniente en este momento gravar el sector minero y petrolero, porque es uno de los grandes protagonistas de la dinámica productiva del país y porque claramente esto está afectando una fuente de ingresos fiscales muy importante como es la de Ecopetrol y en general del sector minero, pero además porque son las medidas que se tomaron en su momento como la no deducibilidad, que en realidad fueron inconstitucionales. De allí que no tendría sentido repetir esto mismo".

Sostiene el exministro que “me parece además que como principio general no debiésemos propiciar una tributación basada en cómo afectar determinados sectores de la economía, sino buscar más base gravable y tomar una decisión sobre exenciones en materia de IVA, por ejemplo, en donde hay fuentes suficientes de recursos para compensar esos $12 billones. Pero sobre todo hay un camino más expedito para lograr encontrar esos $12 billones, es supersencillo: es eliminar tanto gasto público de derroche que no se necesita, transferencias que no se necesitan donde hay de sobra para poder solventar esa necesidad”.

Oídos sordos

Al respecto, el presidente del Consejo Gremial, Bruce Mac Master, hizo una advertencia en su cuenta de X: “Después de las reformas tributarias de 2021 y de 2022 (la más grande de la historia), uno puede estar seguro de que ni los hogares colombianos, ni las empresas, ni las pymes, tienen cómo transferirle más recursos al Estado para que gaste, invierta o haga inversión social. Cualquier equivocación con la reforma tributaria que se va a tramitar, o con la carta presupuestal, podría llevar al país a una recesión”.

El líder gremial recordó que desde 2022 las proyecciones de la entidad preveían que la reforma tributaria conduciría a que la economía se iba a afectar en razón de las nuevas medidas planteadas.

"El Congreso hizo oídos sordos a nuestras advertencias y hoy todo el país está pagando las consecuencias de esa actitud y de la falta de escucha por parte del Ministerio de Hacienda", agregó Mac Master.

En este sentido, el presidente de la ANDI dijo que la "única medida fiscal razonable en este momento es la del recorte del gasto del Estado, asegurándose el funcionamiento, la inversión social y la inversión pública". Remarcó que "ni los hogares colombianos ni las empresas están en capacidad de pagar más impuestos en este momento".

Mientras tanto, Francisco José Lloreda, exministro y expresidente de la ACP, dijo a este medio que “es un error. Los colombianos no aguantan más impuestos. Menos de un gobierno que no genera confianza. Lo que debe hacer el Congreso es recortar el presupuesto del próximo año para que no sea deficitario y rechazar de plano la reforma tributaria”.

Impacto en el consumo

Por su parte, la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham) y de Aliadas, María Claudia Lacouture, dijo a EL NUEVO SIGLO que, ante la presentación de otra reforma tributaria, “en un entorno de crecimiento económico muy bajo, gravar con más impuestos a las personas naturales podría afectar aún más el consumo interno, el cual representó 76 % del PIB del país en el segundo trimestre de 2024. Dada esta importancia, la capacidad para seguir generando crecimiento económico podría verse limitada”.

Sostiene la dirigente que “por otro lado, el aumento de la carga fiscal a las empresas de sectores clave para la economía colombiana, como el minero y petrolero, desincentiva la inversión y generar efectos adversos en términos de empleo y crecimiento. Provocaría un impacto directo en las finanzas del país, teniendo en cuenta que el sector minero-energético y sus exportaciones son la principal fuente de recursos con los que se financian, entre otras cosas, programas sociales en todo el país”.

Destaca que “no hay transición energética si no hay transición fiscal, por eso, independientemente de la necesidad de transición energética, en el corto plazo el sector minero-energético es crucial para la economía del país, no solo por su tamaño económico, sino también porque es la principal fuente de inversión, exportaciones y generación de divisas en el país”.

Inestabilidad tributaria

Considera la presidenta de AmCham que, “de otro lado, Colombia es uno de los países más inestables a nivel tributario en la región, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica para la atracción de la inversión. Trabajar en lograr consensos para atender a las necesidades no solo de corto, sino también de largo plazo, es fundamental para que las empresas puedan contar con un marco estable, permitiendo la planeación y ejecución de decisiones de inversión, esto sin incurrir en contratiempos y consecuencias legales que puedan reducir el atractivo del país y su potencial de crecimiento. Más que aumentar impuestos, el llamado desde AmCham Colombia es a la austeridad del gasto público y manejo eficiente de los recursos dirigidos a la inversión productiva”.

Por su parte, el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, en el marco del seminario de "Perspectivas Económicas", que se realizó en Barranquilla, sostuvo que “una ley de financiamiento en este momento sería altamente inconveniente, debido a que la economía aún está sufriendo las reformas de 2021 y 2022”.

Sobre la idea de bajarles las cargas a las empresas, pero a la vez recaudar $12 billones que el Gobierno tiene con el proyecto, Mejía ha dicho que “tendría que ser una reforma que reduzca el pago de renta de las empresas, pero tendrá que buscar eso en al menos dos fuentes, porque no hay más: o sube los impuestos o aumenta los impuestos indirectos como el IVA. Y esas dos cosas son políticamente imposibles en este momento”.

Y agregó que una de las prioridades del Gobierno nacional para el próximo año debe ser recortar el presupuesto para cumplir con la regla fiscal.

Asimismo, mencionó que no hay claridad sobre las fuentes de financiamiento, señalando que no hay certeza del origen de cerca de $14.6 billones.

 “Lo prudente desde el punto de vista fiscal y de recuperación de la actividad productiva sería reducir el monto del presupuesto en $26,6 billones, 1,5 % del PIB”, dijo el director de Fedesarrollo.

Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y experto en temas macroeconómicos, señaló que “la iniciativa del Gobierno nacional de radicar una propuesta para una nueva reforma tributaria ha generado críticas y reacciones adversas en diferentes sectores del país, empezando por las personas, las familias, que de aprobarse esta propuesta de reforma, tendrían que pagar impuestos más altos sobre sus ingresos, lo cual considero, sobre todo en un momento como el actual de bajo crecimiento de la economía y alta incertidumbre, resultaría supremamente inconveniente”.

¿Y el gasto?

Indica que “por otro lado, si bien es cierto la propuesta plantea bajar los impuestos a las empresas del 35 % al 30 %, también planea aumentar a sectores como el de minas y petróleo, que resultan estratégicos en la economía del país, que son grandes generadores de exportaciones y por lo tanto de divisas, pero además, de los cuales depende el empleo de muchas familias en Colombia. Tengamos en cuenta que este es un sector exportador y que un aumento de los impuestos implicaría una reducción de la competitividad internacional”.

Menciona el experto, por otra parte, que “se ha criticado también al Gobierno por un manejo ineficiente del gasto público, entre otras por altos niveles de subejecución. Entonces aquí hay también que plantear una reflexión no solamente sobre el dinero que plantea recoger la reforma tributaria de ser aprobada, sino cuál va a ser su uso y cuál es la gestión que se le va a dar en general al presupuesto de la nación. Es que el Gobierno debe también pensar, más allá de cómo recoger más dinero, en cómo mejorar la eficiencia en la gestión y en el uso del gasto público, teniendo en cuenta, además, que, para cumplir la regla fiscal, incluso debería ser necesario bajar el gasto público”.

Control a evasión

Indica que “adicionalmente creo que es importante mencionar que dentro de los planes que debería tener en cuenta el Gobierno, antes de nuevas reformas tributarias que generen más incertidumbre al ambiente económico y social del país, deben establecerse mayor control de la evasión y de la elusión de impuestos”.

Sostiene el académico que “una reforma tributaria en momentos de bajo crecimiento de la economía, de alta incertidumbre, de freno muy fuerte de la inversión, considero que no es conveniente, no es prudente que el gobierno colombiano o en general que los gobiernos presenten cada año o cada dos años nuevas reformas tributarias. Este es uno de los puntos más débiles de la economía del país, que no permite tener claras reglas de juego de largo plazo para familias, para empresas y por lo tanto no se generan condiciones estables para atraer empresarios, para traer inversión, en medio de un ambiente de alta incertidumbre. Nuevas reformas tributarias continuas ahuyentan la inversión, porque no hay claridad en las reglas de juego de largo plazo. En resumen, mi postura personal es que no estoy de acuerdo, no es prudente realizar una reforma como esta en la actualidad y por el contrario más bien podría ser un freno al dinamismo de la economía del país”.

A su turno, el presidente de Raddar, Camilo Herrera, sostuvo que “conceptualmente hablando, está bien que más personas naturales declaren y paguen impuesto de renta, igualmente que más empresas lo hagan. Pero aumentar esas bases y las tasas de tributación, históricamente ha aumentado la evasión y la elusión. Si en 2024 declaran 6 millones de personas, eso es como el 26 % de los ocupados, el 11 % de la población y el 15 % de los mayores de edad”.

Lupa del CARF

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) dijo que le llama mucho la atención que en solo 45 días el Ministerio de Hacienda haya cambiado el escenario fiscal incrementando en $31 billones la cifra de ingresos entre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Presupuesto General, lo cual, dice, “resta credibilidad al MFMP”.

Dijo que hay retos persistentes sobre las finanzas del Gobierno nacional para 2024, entre ellos que el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2024, publicado el 14 de junio de este año, mostraba la necesidad de ajustar el gasto primario en cerca de $46 billones para cumplir con la meta de la regla fiscal para la actual vigencia. Este recorte llevaría el gasto primario a $303,9 billones. Asimismo, el Gobierno nacional avanzó con un decreto de aplazamiento por $20 billones como parte del ajuste necesario para cumplir con la regla fiscal en 2024. El ajuste contempla $8 billones por el cambio en la forma de pago del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Con lo anterior, el efecto fiscal del decreto de aplazamiento se reduce a $12 billones, recursos que la administración espera recaudar con el Plan de Financiamiento.

Indica que para cumplir con la regla fiscal se requiere que el gasto primario se ubique en los $303,9 billones señalados en el MFMP, por lo que aún es necesario que no se comprometan $34 billones de las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024.

El próximo año, el Gobierno nacional completaría seis años con altos déficits fiscales, por encima del 4,3 % del PIB. Esta persistencia no contribuye a una reducción más rápida de las tasas de interés de mercado que se mantienen en niveles elevados. También puede generar presiones sobre la inflación, las expectativas de inflación y la depreciación de la moneda local.