Los white papers del General
La entrevista de Yamid Amat al comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, (El Tiempo, junio 10), confirma que la derrota de las Farc sigue su dinámica. “Todos los países del mundo -dice Mantilla- que viven situaciones de conflicto hacen de pronto una especie de alto en el camino, para revisar cómo están las cosas. En EE.UU. se llama un white paper. Dentro de la revisión de nuestros planes estratégicos contra la subversión hemos adoptado 100 recomendaciones”.
Habla también Mantilla del descenso de efectivos de la subversión. En 10 años pasaron de 10.000 a cerca de 8.000. Se trata de un movimiento arrinconado en áreas de Norte de Santander, Arauca, Nariño y Caquetá. Más del 80 por ciento del país no padece de su azote.
Pero estas estadísticas que vienen teniendo su expresión en reconquista de soberanía estatal y paz para ciudadanos no importan para quienes resolvieron hacer de la administración Santos un gobierno entreguista. Cuando la verdad es que se consolida hoy una victoria sin precedentes históricos que es obra de los presidentes Uribe y Santos.
El general Mantilla hace énfasis en lo que los críticos injustos del actual gobierno resolvieron omitir: la reacción terrorista se amplifica y expande cuando la fuerza insurgente pierde capacidad de ataque y reacción. La confrontación armada directa empieza a ser sustituida por despliegue terrorista que eclipsa los logros contundentes. Quienes se apoyan en estos golpes para sindicar de negligencia a las Fuerzas Armadas -pues es ante todo ellas quienes reciben la crítica destructiva- y al Jefe de Estado se colocan, sin quererlo quizás, del lado de la subversión.
Ignoro si dentro de las 100 recomendaciones que menciona el general Mantilla se encuentra alguna que se refiera a la calificación jurídica de la confrontación entre insurgencia y Estado. Es por ello pertinente recabar en este punto.
La definición de conflicto armado no internacional que hace el Protocolo II (1977) adicional a las Convenciones de Ginebra de 1949 envuelve un umbral tan elevado que excluiría muchas rebeliones y revoluciones (ver, por ejemplo, L.C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, Manchester University Press, 2006) y probablemente no operaría dentro de una guerra civil hasta que las fuerzas rebeldes establecieran alguna forma de gobierno de facto. Además, en el tema de control territorial, el Protocolo II erige una condición más rígida aún que la contenida en el Protocolo I al requerir control de una parte del territorio. Este control debe permitir el ejercicio de operaciones militares sostenidas.
Si en el pasado la satisfacción de esta condición era debatible hoy lo es bien poco. Las Farc sobreviven escondidas y acorraladas. Como ciertos roedores cuyas salidas deben ser intempestivas y certeras, las Farc se mueven en la frontera colombo-venezolana en función de golpes súbitos y mortíferos. Y regresan rápido a la lobreguez de sus madrigueras.
Dentro de la opinión nacional hay quienes viven encerrados también. En su caso dentro de una letanía falsa consistente en la repetición exasperante de la realidad de conflicto regido por el Protocolo II. Ellos y quienes se apoyan en los golpes terroristas para cuestionar al actual gobierno carecen de objetividad jurídica y fáctica. Y por esta vía se ponen al servicio de la delincuencia común.
El presidente Santos y el general Mantilla están en mora de reclamar la victoria de la institucionalidad, en medio del asedio terrorista de quienes están derrotados. Las violaciones de la ley de las Farc no son crímenes de guerra. Son delitos regulados por nuestra legislación penal. Sobre el tema es apremiante alto en el camino y white paper.