Indepaz acaba de publicar su informe anual sobre la violencia en Colombia; los resultados, de nuevo, son abrumadores. El año pasado los grupos armados asesinaron a 188 líderes sociales y 44 firmantes del acuerdo de paz. La operación de estas organizaciones dejó, además, el saldo macabro de 55 víctimas de minas antipersonales, 94 masacres en las que murieron 202 personas, 167.540 eventos de desplazamiento forzado y 86 eventos de vinculación de menores a sus actividades criminales.

Los departamentos donde más ocurrieron asesinatos a líderes sociales fueron Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca, mientras que la mayoría de asesinatos a firmantes del acuerdo de paz ocurrieron en los departamentos de Cauca, Meta y Huila. El informe señala que las masacres se concentraron en ciudades principales, mientras que la explosión de minas antipersonales y los eventos de desplazamiento forzado ocurrieron en zonas rurales. En Cauca, Arauca y Antioquia, por su parte, se presentó la mayor vinculación de menores a las actividades de los grupos armados.

Lo que indica el reporte es que en las dos últimas décadas disminuyeron notablemente los asesinatos a líderes sociales. En el 2003 se registraron 1.912 asesinatos, mientras que en el 2023 la cifra fue de 188. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos por cambiar esta situación, las víctimas se siguen contando en cientos. Aterrador.

En las gráficas es posible notar también el impacto de las políticas de paz a lo largo de estas dos décadas, incluyendo el acuerdo firmado con las Farc. El año que menos registró asesinatos fue el 2014 con 61, luego se observa de nuevo un ascenso en el 2018 con 249, hasta llegar al registro actual de 188, con algunas variaciones.

Las situaciones complejas no cambian de un día para otro, pero es claro que las acciones estatales de protección inciden directamente en el comportamiento de estas cifras. En el reporte se mencionan el Plan Democracia para contener la violencia en época de elecciones, los acuerdos de cese al fuego con grupos armados y la declaración del estado de cosas inconstitucional que protege a los firmantes del acuerdo de paz, como algunas de las acciones que han servido para mitigar esta problemática. Se insiste, además, en la necesidad de implementar medidas integrales con enfoque territorial, que incluyan el desarrollo de planes de transformación social.

Al final del ejercicio contable, sobre esta y las otras formas de violencia asociadas a los grupos armados, el saldo es negativo para todos. Todos perdemos. El costo no solo se mide en vidas individuales sino en el daño que causa la violencia al impedir el surgimiento de proyectos colectivos y emprendimientos. Perdemos al resquebrajarse la confianza en las instituciones que prestan servicios básicos para garantizar los derechos de toda la población. Perdemos al debilitarse la justicia y quedar a merced de unos cuantos poderosos para regular los conflictos. Con la violencia, así no nos afecte directamente, solo los grupos armados y las organizaciones criminales se benefician, los demás perdemos; esa es la cuenta más triste.

@tatianaduplat