Que la seguridad en el país es una urgencia nadie lo discute y que en Bogotá apremia, es una verdad de apuño. Por ello entendemos el desespero de la señora alcaldesa de la capital en buscar salidas audaces e intrépidas a esta caótica situación, que nos duele a todos los residentes en la ciudad.

De las variadas y múltiples propuestas presentadas, algunas son de posible implantación y desarrollo, que estudiadas y analizadas con ciertos ajustes pueden brindar buenos resultados, por lo menos transitorios. Nos referimos, específicamente, en las que buscan solucionar el hacinamiento en las Uri y estaciones de policía, al calvario  en la cadena de custodia para detenidos y conducidos por contravenciones o delitos, al trato jurídico para los  criminales reincidentes. En fin, son muchos los estadios que cubre el tema de seguridad, vinculado estrechamente a la justicia pronta y eficaz.

Escuchamos propuestas llamativas como la presentada por las empresas de vigilancia privada, que tiene antecedentes en sectores determinados de la capital, con buenos resultados. Valdría la pena hacer un laboratorio y explorar hasta dónde es viable contar con este refuerzo, ajustándolo a la ley.

Pero la iniciativa de organizar una policía municipal no es plausible ni bien recibida, no solo por la fuerza pública en general, tanto en retiro como en actividad, sino por la misma ciudadanía, que asomada al balcón de la historia reconoce los peligros y riesgos que conlleva este tipo de proyecto, que a la luz del momento y gravedad de las circunstancias se presenta halagador, pero con posibles consecuencias nefastas para el país, como es la politización de toda una institución que en el pasado sufrió los embates de burgomaestres desfasados, utilizando su personal para fines personales y políticos inconfesables.

Claro está que para evitar esa posible amenaza pueden los visionarios del tema recurrir a una exigente incorporación y una rigurosa formación, ante lo cual recomendamos tener muy en cuanta el monto salarial, que debe ser atractivo y suficiente para cubrir tan delicado y exigente servicio. Los invitamos a revisar las cifras antes de continuar con su aventurada propuesta.

Ahora, en cuanto a la capacitación y formación, no tenemos otra salida que recurrir a las escuelas de formación policiales, y no creo que estos centros formativos vayan a sacrificar su imagen y prestigio, recortando el programa docente que cubre el espacio mínimo de un año, es decir antes de este lapso, no puede el Distrito contar con sus propios patrulleros.

Nos tornaríamos interminables con los aspectos negativos, pero queremos llamar la atención sobre un asunto ineludible, refiriéndonos a los mandos necesarios para comandar, dirigir y disciplinar este personal. No pretenderán compartir locaciones y cuadros de mando con la policía nacional, ni mucho menos aspirarán a incorporar a la fuerza pública estos servidores municipales. Reconozcamos lo complicado del proyecto.