Con el ánimo de hacer claridad frente al problema de seguridad que acorrala el país, especialmente a las ciudades capitales, es necesario reconocer que estamos ante un conflicto económico, cultural y colectivo, hilo conductor al alto nivel delincuencial vivido en Colombia por sus cuatro puntos cardinales, que no es de generación espontánea ni de potenciación por falta de atención o estrategias para enfrentarlo.
Todo ello es necesario pregonarlo a los cuatro vientos porque estamos ante un grave problema social que necesita para su atención el compromiso de las autoridades en toda su capacidad, pues tienen responsabilidad en este tipo de situaciones, máxime porque el panorama se viene saliendo de control, especialmente por la migración de que están siendo objeto las principales ciudades, generada por la presencia de armados ilegales en nuestra sociedad rural, A ello hay que añadir los desplazados de países vecinos, en busca de oportunidades para un decoroso subsistir.
Es necesario reconocer que la mayoría de estos núcleos están compuestos por personas sin capacidades ni conocimientos para vivir y aportar al desarrollo del sector; falencias que los condicionan a ser presas fáciles de grupos delictivos, prontos a reclutar estas comunidades urgidas como lo venimos diciendo de oportunidades.
Independiente del momento electoral que se avecina, las autoridades deben presentar una reingeniería sobre el tema, una estrategia audaz, alejada de aquellas quejas acostumbradas como la falta de unidades policiales, el deterioro de medios y equipos puestos al servicio de la institución, las deficientes comunicaciones, la tardía respuesta de los uniformados, ausencias tecnológicas de punta, escasos recursos económicos para la operación, desafecto entre autoridades y fuerza pública.
Reconozcamos que urge la disposición para atender la problemática. Las cosas por su nombre: problema social, -atención profesional-. En Bogotá, por ejemplo, se acometió contra lugares vergonzantes como el Cartucho y otros, pero faltó el apoyo profesional y manejo social a esa población. Las autoridades mostraron interés y decisión política, hasta el punto de adelantar un operativo bien complicado y riesgoso, sacándolo adelante con éxito, pero carente tal vez de tiempo o recursos,- no creo de decisión-, para continuar con el proyecto resocializador, donde la comunidad y las familias dolientes de estas personas, debieron jugar un compromiso real. Fue un buen comienzo que se murió con el tiempo. Hoy es de urgente reactivación, evitando el riesgo de atomizar el problema por toda la ciudad.
Ante este panorama es conveniente que las administraciones municipales, con el apoyo del gobierno central, asesorados por expertos en el tema o temas, pues son variados, analicen el modelo a seguir, donde un diagnóstico serio, enfocado no solo en las responsabilidades de la policía, la justicia pronta y eficiente más lugares apropiados para la reclusión de infractores y delincuentes, les permita dar cara ante el país, atendiendo el verdadero problema social que vivimos.