En la Asamblea de la Alianza del Pacífico, que se celebró en Lima la semana pasada, el Presidente Duque hizo, entre otras, dos propuestas. Una plausible que consiste en excluir de la Alianza el sector lácteo. Otra extraña por llamarla benignamente: que los países de la Alianza Pacífico expidieran una lista negra de aquellas compañías que se han visto envueltas en sobornos y escándalos, para que les caiga la sanción social y para que los gobiernos de la Alianza prohíban contratar con ellas.

La primera propuesta, que se hace pensando principalmente en Nueva Zelanda, tiene toda la lógica del mundo. El sector lácteo es uno de los más frágiles en nuestros países. Y exponerlo abruptamente a una competencia sin cuartel como ha sucedido con el TLC que tenemos suscrito con Estados Unidos y con la Unión Europea, en los que inconsulta y precipitadamente se incluyó dentro de los programas de liberación al sector lácteo, no hubiera traído sino innecesarios dolores de cabeza.

Nueva Zelanda es un monstruo en todo lo que concierne a la industria láctea, al paso que nosotros con más de 300.000 pequeños lecheros hubiéramos quedado como el eslabón más débil en la alianza. Simple y llanamente nos hubieran arrollado.

El lácteo es uno de los sectores del agro donde más empleos se generan pero donde más pobreza y atraso tecnológico se registra. La modernización de nuestro sector lácteo hay que continuarla por supuesto. Pero no es a través de la ducha fría de una competencia despiadada como la que hubiéramos recibido de un gigante como New Zeland se hubiera logrado.

Hay que recordar que los centroamericanos cuando estaban negociando su TLC con la Unión Europea tuvieron el buen juicio de excluir el sector lácteo. Una buena lección que no aprendimos cuando negociamos con Estados Unidos ni con la Unión Europea, pero que ahora en la Alianza Pacifico sí hemos tenido en cuenta.

Mucho menos plausible resulta la propuesta que se hizo en Lima por el Presidente Duque de hacer una “lista negra” con las empresas sobornadoras y corruptas, para que sobre ellas recaiga la sanción social y la prohibición para contratar con el Estado.

No porque tales propósitos no sean meritorios, que lo son, sino por la simple razón de porqué el gobierno colombiano -que tiene y de sobra la información sobre las empresas corruptas que operan o han operado en nuestro país- no implementa unilateralmente dicha lista negra, en vez de ponerse a buscar una utópica lista multilateral que probablemente nunca se produzca.

Si hubiera decisión política de parte de nuestro gobierno, en vez de querer brillar efímeramente con dicha propuesta en las pasarelas diplomáticas como sucedió en Lima la semana pasada, esa lista negra la podemos producir en pocos días. Nosotros mismos. La ha reclamado en el pasado la Procuraduría, pero la enredó la anterior Fiscalía como ha quedado demostrado por las investigaciones periodísticas que se han publicado.

En vez de proponer “listas negras” conjuntas con los países de la Alianza Pacífico, el gobierno colombiano debería más bien solicitar asistencia técnica del sistema judicial peruano y aún del brasileño, para que nos den cartilla de cómo -con decisión y coraje- sí se pueden llevar tras las rejas a los representantes legales de empresas sobornadoras y corruptos. Lo que nos ha faltado hasta ahora es decisión y coraje. No lista negras.