Quedan escasas cuatro semanas para cerrar la actual legislatura. La ponencia para la discusión de la reforma tributaria (o ley de financiamiento II) apenas se vino a radicar esta semana. Por razones legales y constitucionales la reforma tiene forzosamente que estar aprobada antes del 31 de diciembre si se quiere que rija para el año fiscal 2020. Éste, además, es el plazo de supervivencia jurídica que otorgó la Corte Constitucional. Son, pues, unas semanas cruciales las que se avecinan.

En realidad, son cruciales más por el lado de los beneficios tributarios que por el de los ingresos. Al gobierno se le apareció la virgen con los dividendos anunciados por el Banco de la República y por Ecopetrol (cerca de doce billones entre los dos) para ser transferidos a la Nación el año entrante. Con lo cual podrá cumplir ésta las metas fiscales cómodamente. Haya o no reforma tributaria.

El afán nace es por el lado de los estímulos a la actividad productiva que estaban contemplados en la ley que se cayó, y que si no se reactivan antes del 31 de diciembre no podrían entrar en aplicación el año entrante.

Con la caída de la ley de financiamiento no se dio la hecatombe que pronosticaban el gobierno y los gremios. Pero es cierto, sin embargo, que existen muchas expectativas en la actividad productiva para poder aprovechar las abundantes gabelas que les otorgó la ley tributaria. De allí la urgencia.

No es una buena ley tributaria. Pero es la única que está sobre la mesa. Y probablemente las agencias calificadoras nos bajarían la nota si el gobierno no es capaz de liderar la aprobación de una nueva ley fiscal antes de terminar el año.

El gobierno ha dicho que se debe aprobar exactamente la ley original que fue declarada inexequible. Es muy improbable que esto suceda. Ya muchos parlamentarios individualmente, y algunos partidos como colectividades, han anunciado que introducirán cambios a la ley original.

Lo que resulta indispensable es que dichos cambios sean bien meditados y calibrados. El gobierno tiene que ejercer un liderazgo en este sentido. Liderazgo que no ejerció en la pasada ocasión. Es muy probable que ante la difícil situación de desempleo que se está viviendo se introduzcan iniciativas para inducir por la vía fiscal más empleos.

No resulta tampoco conveniente que el ya muy frondoso árbol de los beneficios y gabelas tributarias se siga aumentando cuando, en rigor, lo que habría que hacer es podarlo.

El gobierno, con un exceso de optimismo, le asigna las perspectivas de un crecimiento económico del 3% y el aumento y de la inversión a los privilegios tributarios que ha otorgado a manos llenas. No hay que caer en el costoso espejismo que todo se arregla en una economía como la nuestra a punta de privilegios fiscales.

La urgencia de tramitar la ley de financiamiento II en esta legislatura desplazó las no menos urgentes reformas pensional y laboral para el año entrante. Es algo delicado y lamentable. El gobierno debería aprovechar este tiempo para preparar una buena ley pensional lo mismo que una laboral. Leyes que no tiene listas. Y ambas son apremiantes. Frente a ninguna caben improvisaciones. O ingenuidades como la de pretender -tal como se ha anunciado- que la ley pensional se va a concertar en el comité del salario mínimo. Este comité no es para eso.

Lo que se impone de ahora en adelante es un gran liderazgo (que por el momento no se vislumbra) del gobierno en el Congreso: que es el foro natural para tramitar la apretada agenda legislativa que se aproxima.

El desorden parece seguir imperando en torno a la Reforma Tributaria. A pesar de que el gobierno había dicho que no admitiría modificaciones a la ley que fue declarada inexequible, ya se han registrado 50 enmiendas que se espera suban a 100 antes de comenzar el debate.

Llegó la hora en que el gobierno tiene que tomar las riendas de los proyectos de ley en el Congreso. Tiene que liderarlos, cosa que no viene haciendo. El futuro de la credibilidad de la política económica se juega precisamente en este esquivo liderazgo.