Las sentencias 155 y 156 de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de las cuales fueron abolidos el Estado de Derecho y el sistema democrático venezolanos, son el colofón de un dilatado proceso de erosión institucional que se remonta, por lo menos, a las elecciones legislativas de 2005, ─a las que no concurrió la oposición, allanando el camino para que el Chavismo dominara por completo la Asamblea Nacional.
Luego vino la captura de la organización electoral, la arremetida contra los gobiernos locales en manos de la oposición, y la penetración y sometimiento de la judicatura. En la lógica primaria de la revolución, ese era el camino natural que había qué recorrer: demoler el Estado desde adentro para sustituirlo luego por el nuevo orden prometido.
Paradójicamente, el avance en el control absoluto del Estado, ultimado con el despojo de la Asamblea Nacional de sus competencias y su estatuto jurídico, merced a un par de providencias judiciales hechas a la medida del régimen, no es ya signo de triunfo del proyecto revolucionario, sino prueba irrefutable de su inviabilidad.
En efecto: privado del liderazgo carismático del “comandante eterno”, desafiado por resultados electorales inequívocamente adversos, atenazado por la debacle económica y la convulsión social, y viendo reducido su margen de maniobra en el escenario internacional -en el que tan hábilmente supo Chávez desempeñarse, aupado por el clientelismo petrolero y por la sintonía ideológica con otros gobiernos latinoamericanos-, ninguna otra alternativa fue quedando a disposición del quiste chavista para asegurar su supervivencia, como no fuera la del golpe de Estado.
Con lo ocurrido la semana pasada Maduro ha cruzado el Rubicón. Así, como supremo acto de ilegalidad, sin eufemismos ni preocupaciones retóricas, debería ser tratado por los gobiernos de la región. Ninguna mediación es posible ni legítima cuando una de las partes ha llegado al límite final. A menos que quieran jugar el papel de idiotas útiles, Zapatero, Fernández y Torrijos, deben admitir el fracaso de sus gestiones y denunciar los hechos con el nombre que les corresponde.
Y ojalá que la pretensión personal del presidente Santos, de desatar el nudo gordiano en que se ha convertido la crisis general en Venezuela, no lo lleve a traicionar el compromiso de Colombia con la democracia. A fin de cuentas, hay acciones de política exterior que no sólo definen la relación de un Estado con otro, de un país con el resto del mundo, sino que definen también lo que se es y aquello que se aspira a ser como nación.
*Analista y profesor de Relaciones Internacionales