Hay que comenzar por decir que contra lo que se había vaticinado, este gobierno no está haciendo “trizas” los acuerdos de paz que se firmaron con las Farc para implementarlos.  Por el contrario, parece estar haciendo esfuerzos importantes.

Sin embargo, cuando se analizan los estudios independientes de seguimiento que periódicamente se hacen para establecer cómo va la implementación de los acuerdos de paz, todos ellos coinciden en que, al menos desde el punto de vista presupuestal, avanzan a paso de tortuga.

Recientemente he podido analizar los siguientes estudios: las evaluaciones de la Contraloría General de la República, los informes del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, los informes que periódicamente produce el Cerac y el informe reciente realizado con el apoyo del Instituto de la paz de los Estados Unidos.

Todos ellos coinciden en tres cosas: primero en que es muy difícil hacer la aritmética de las cifras que se están orientando hacia el desarrollo e implementación de los acuerdos de paz, porque se confunden las cifras usuales de la inversión social con aquellas directamente orientadas a desarrollar los acuerdos de paz.

Segundo que -al menos en lo que tiene que ver con el punto numero 1- “hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integra los resultados son muy pobres.

Y tercero que aunque el desarrollo e implementación del posconflicto es una tarea de años, son los primeros espacios de tiempo los que le imprimen “momentum” y vigor al posconflicto como un todo.

En la ponencia que preparé para la Primera Cumbre Colombia Rural que se reunirá el próximo 30 de octubre digo que “una buena parte de los recursos que deberían ir y estar directamente focalizados a la ejecución de los proyectos de paz se están difuminando en una serie de programas sociales, que de todas maneras se iban a hacer, hubiera habido o no acuerdos de paz en La Habana”.

En un informe que ha aparecido recientemente denominado “No enreden la Paz” se puede leer, por ejemplo, que “en el primer año del gobierno Duque se ha generado acceso y formalizado un total de 73.465 hectáreas de pequeña y mediana propiedad. Esto representa el 8.7% de lo que deberíamos estar haciendo al año para poder cumplir con la meta establecida en el acuerdo de dotar y formalizar 10 millones de hectáreas a través del fondo de tierras”.

Lo anterior permite concluir que: Los acuerdos de paz no se están desmontando ni se están haciendo “trizas”.

Hay buena voluntad del gobierno, pero muy pocos recursos presupuestales.

Todos los informes evaluativos sobre cómo va la implementación de los acuerdos de paz coinciden en que van muy lentamente, y en que la restricción presupuestal ha hecho que el programa de acceso a tierras avance a ritmo muy pobre.

El gobierno anuncia diariamente pequeñas inversiones aquí y allá, y eso está bien; pero cuando se mira el conjunto hay que coincidir que se está perdiendo el dinamismo cuantitativo en el posconflicto.

Si bien es cierto el posconflicto es un programa a mediano y largo plazo, no es menos cierto que la dinámica que se le logre imprimir en los primeros años es lo que va a dar la pauta para los años siguientes.

Las cifras sobre recursos efectivamente invertidos en el posconflicto muestran mucha opacidad, pues gran parte de ellos se mezclan con otras inversiones de carácter social pero que en rigor no pueden catalogarse como implementación de los acuerdos de paz.

La situación fiscal por la que atraviesa el país, la caída de la Ley de Financiamiento y la precariedad que exhibió la aprobación del presupuesto para la vigencia 2020 indica que las cosas en vez de mejorar parecen empeorar.