“Déficit presupuestal gigantesco para atender postconflicto”

Me ha llamado mucho la atención un informe que, con el título de este artículo, presentaron recientemente varios parlamentarios de diversas vertientes sobre el tema de la paz.

De su lectura queda en claro que una cosa es la retórica del discurso oficial y otra bien diferente el respaldo presupuestal que al desarrollo de los acuerdos de paz se le está prestando.

Da la impresión que por un lado va el discurso oficial, pero por otro completamente diferente las evidencias fiscales para cumplir con los acuerdos y desarrollar el postconflicto.

Unas pocas citas extractadas del informe a que he hecho referencia, así lo demuestra:

“Se reduce el presupuesto de las principales entidades encargadas de llevar a cabo la transformación de los territorios más afectados por la guerra. Según el proyecto de presupuesto 2020 la Agencia Nacional de Tierras sufriría una reducción del 19%, la Agencia para el Desarrollo Rural del 13%, la Agencia de Renovación Territorial del 10% y la Agencia para la Reincorporación y Normalización del 7%”. (Algunas de estas reducciones, es cierto, se explican porque la ejecución de estos presupuestos se trasladó a la Presidencia de la República).

“En el primer año del gobierno Duque se ha generado acceso y formalizado un total de 73.465 hectáreas de pequeña y mediana propiedad. Esto representa el 8,7% de lo que deberíamos estar haciendo al año para poder cumplir con la meta establecida en el Acuerdo de dotar y formalizar 10 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras”.

“La situación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) no es más alentadora. A la fecha, durante el gobierno Duque, con la información disponible, la inversión realizada a través de obras de infraestructura comunitaria en los municipios PDET (56,4 miles de millones) equivale al 0.08% del costo total requerido para su materialización (70,1 billones)”.

“Para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del Acuerdo, deberíamos estar invirtiendo por lo menos 4,67 billones al año. Esto significa que estamos invirtiendo al año en los PDET el 1.2%de lo que deberíamos estar invirtiendo para cumplir el Acuerdo de Paz”.

La impresión que queda de leer este informe es que hay una crisis fiscal generalizada, que se expresa en el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2020 en el cual, por primera vez en muchos años, las partidas de inversión de un año a otro no solo no crecen sino que decrecen. Así también en todo lo que tiene que ver con los presupuestos para desarrollar los acuerdos de paz se les están asignando partidas insignificantes. Hay mucho cacareo pero poca sustancia.

El comisionado Archila es probablemente uno de los más eficientes funcionarios del actual gobierno. Él y su equipo han presentado profusas informaciones en los últimos días sobre la implementación de los acuerdos de paz. Son informaciones interesantes todas ellas. Pero la tesis central del informe “No enreden la Paz” no ha quedado desvirtuada.

El punto fundamental de este informe es que hay un déficit presupuestal gigantesco para atender los cometidos del postconflicto. Este déficit, para ser justos, no se ha creado solo dentro del actual gobierno: viene desde el gobierno anterior. Pero es una piedra de molino al cuello que continúa lastrando la eficiente aplicación de los acuerdos de paz.

Y es una lástima. A este paso le vamos a terminar quedando bien a la paz de los papeles, pero mal al posconflicto de las realidades.