Fuera de los funcionarios de la Fiscalía y otros pocos del Gobierno, los colombianos no nos esperábamos que éste último  se atreviera a mandar a la cárcel a uno de los principales cabecillas de las Farc, dadas sus posibles repercusiones, especialmente en vísperas electorales, con la posibilidad de extraditarlo a los Estados Unidos donde pagaría una larga condena. Acogiendo lo dispuesto por un circular roja de Interpol solicitada por los Estados Unidos que acusa a alias “Jesús Santrich” y tres cómplices más de negociar, entre junio de 20107 y abril de 2018, la introducción al país del norte de nada menos que 10 toneladas de cocaína, el gobierno colombiano detuvo a “Santrich”, mejor dicho, tuvo que detenerlo ante la presión de Washington. No hay dudas de que las pruebas son muy fuertes, buena parte de ellas obtenidas por un agente infiltrado de la DEA, de lo contrario los Estados Unidos no se expondría a fracasar en esta iniciativa, ni Santos tampoco tomaría esta decisión a la ligera, pues supone un gran peligro para el proceso de paz sobre el que ha arriesgado su legado histórico.

¿Cómo quedaría el prestigio del premio Nobel de la paz si el proceso se descarrilara a tres meses largos antes de dejar la Casa de Nariño? Los noruegos, principalmente, están también muy preocupados pues ellos otorgaron la distinción a Santos, quien aseguró que daría estricto cumplimiento a los acuerdos con las Farc según los cuales cualquier acto delictivo posterior a la fecha de estos sería materia de la justicia ordinaria y no de la Justicia Especial para la Paz.

Para ésta, el episodio constituye su primer gran reto y su sección de revisión será la encargada de determinar si los delitos que se le imputan a “Santrich” y sus tres cómplices caen bajo su jurisdicción, es decir, si realmente fueron cometidos con anterioridad a la firma de los acuerdos de Cuba o si fueron cometidos con posterioridad y, en consecuencia, son objeto de la justicia ordinaria y susceptibles de extradición.

Si la JEP decide que son de su competencia y no pueden ser extraditables, su credibilidad e imparcialidad, que desde ya muchos ponen en duda, quedará por los suelos. Si, por el contrario, envía a “Santrich” y sus cómplices a la justicia ordinaria (la prueba de las fechas parecen contundentes), el escándalo que hará la extrema izquierda será mayúsculo, con el riesgo de que las Farc quieran desconocer los acuerdos. Ya Iván Márquez dice que si extraditan a Santrich fracasa el proceso de paz y Maduro, que siempre se quiere inmiscuir, ha dicho que los acuerdos han sido una burla a la guerrilla. Comienzan  a aflorar los problemas que supone la tal JEP.