En el marco de la Primera Conferencia Ministerial Mundial para la Eliminación de la Violencia Contra la Niñez, la atención del público se centró en las políticas de protección de los menores alrededor del mundo y en aquellos puntos en los que se deben concentrar los esfuerzos en todo el planeta.

EL NUEVO SIGLO consultó a tres directores de diferentes organizaciones internacionales que se dedican a velar por el cuidado y bienestar de los niños, sobre si las penas para abusadores de menores podrían tener un efecto disuasivo en la comisión del delito, así como respecto a los casos de éxito alrededor del cuidado de los pequeños. 

Esteban Reyes, director nacional de Aldeas Infantiles, señaló a este diario que Perú tiene una política que se llama "Prevenir para proteger", muy enfocada a la prevención de las violencias, donde vimos un mecanismo muy interesante de una aplicación digital que pueden usar de forma muy fácil las mujeres, niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de violencia para alertar sobre una posible situación de desprotección.

En ese sentido, destacó que un referente internacional reconocido en Europa es España, que tiene “una de las legislaciones de protección de infancia más sólidas que existen y lleva muchos años trabajando con una perspectiva en la que el interés superior de niños y niñas está puesto claramente no solo en las políticas, sino en la cultura y en la financiación y recursos puestos en esto”. 

Allí incorporan en su sistema de justicia un mecanismo que fue creado en Islandia y que se ha implementado en otros países de Europa, que es el Burnhouse, un dispositivo de justicia para niños y niñas, que consiste en tener unas casas adaptadas para recibir las denuncias de los niños y tener un primer espacio de atención a aquellos que han sido víctimas, en los que se busca proteger de la mejor manera su testimonio, su seguridad personal, su dignidad personal y evitar que, como pasa muchas veces en los procesos judiciales, los niños tiendan a ser re victimizados.

Al igual que “temas de acogimiento –que es lo que hace Aldeas Infantiles– de los niños que han entrado al sistema tras la pérdida del cuidado parental por situaciones de desprotección; luchamos directamente contra la institucionalización de estos niños, sabemos que no es sano ni positivo para los niños crecer en orfanatos y en instituciones, y allí hay muchos ejemplos, Colombia es un buen referente en la región de cómo implementar estas medidas”.

María Mercedes Liévano, directora de país de Save the Children en Colombia indicó a este periódico que hubo un panel que abordaba temas reclutamiento en Nigeria: “nos contaban cómo involucran a las escuelas y docentes de la comunidad educativa en temas de prevención, para que ellos puedan también estar muy atentos e identificar cuáles son los riesgos en reclutamiento que tienen los niños” y poder abordarlos desde la escuela, que es un lugar de protección.

Algunos países ya tienen unas leyes que prohíben el castigo físico y otros. Lo importante aquí es “entender la importancia de tener evidencia leyes sólidas y una respuesta institucional y fuerte”, agregó.

Por su parte, Claudia Sánchez, gerente de protección de World Vision, manifestó a EL NUEVO SIGLO que es importante reconocer que “nosotros tenemos leyes orientadas a la protección de la niñez, pero desafortunadamente el poder llevar a la implementación estas orientaciones que están establecidas en las políticas debe traducirse en programas y proyectos que permitan operacionalizarlas, llevarlas al territorio, y aquí uno debe asegurar recursos que permitan implementarlas, debe haber el compromiso político también para priorizar los asuntos de la niñez”.

Además de la relación con los datos que hay, para que permitan también tomar acción, generar alertas tempranas, “hay unos factores de riesgo, unas condiciones que favorecen el que estas situaciones se lleven a cabo, y que requieren de una manera mucho más intencionada el trabajo que se haga con padres madres y cuidadores. Es un conjunto de acciones que requieren el compromiso político y de la sociedad para poner fin a cualquier situación que ponga en riesgo, la vida, la integridad de las niñas y los niños”.

¿Cadena perpetua para agresores de menores?

Ante la pregunta de si la cadena perpetua podría disuadir el hecho de que se cometan delitos contra los menores, Reyes aseguró que hay que reducir los índices de impunidad, pero “no por poner cadenas perpetuas se van a reducir los índices de impunidad, y en ocasiones, hablando con los funcionarios de la Fiscalía, puede ocurrir lo contrario cuando se ponen exigencias demasiado restrictivas para poder judicializar y sancionar a los autores de las conductas delictivas contra menores. Se hacen más difíciles procesos que de por sí ya son difíciles y que, ante la precariedad estatal de Colombia –que no cuenta con los recursos suficientes para adelantar investigaciones sólidas–, termina redundando en que eso puede generar mayor impunidad. Entonces quizás la conversación de cuáles son las mayores penas o más altas, quizás deba darse, pero la conversación relevante que debemos abordar en Colombia es cómo hacemos para tener mecanismos efectivos para poder adelantar procesos de investigación y judicialización en los casos en que se han cometido delitos, que nos permitan sanciones efectivas para reducir la impunidad y por ende desincentivar la comisión de los delitos”.

A su turno, Liévano indicó que hay un mensaje muy importante: “Por supuesto, todos sin duda alguna queremos que quienes asesinan o les hacen daño a los niños estén en la cárcel y que tengan penas efectivas en un país como Colombia. Habría que preguntarle a la Corte Constitucional, que dice que la cadena perpetua es inconstitucional, pero desde Save the Children sabemos que hay que proteger a los niños y que los beneficios son para los niños y no para los asesinos o los abusadores”.

En la discusión de las penas, destacó que lo importante es tener unas efectivas, más allá de que sean penas más largas o más cortas. “Lo que nosotros tenemos que cortar o poder corregir en Colombia, es el tema de la impunidad. ¿De qué sirve tener unas penas más severas o una cadena perpetua, si las personas que cometen esos crímenes no están llegando a la cárcel porque se vencen los términos, porque la investigación no se lleva a cabo? Entonces, realmente lo que significa reparar una familia es saber que se hizo justicia. En esta discusión que se quiere dar de las penas, es importante que miremos de manera más amplia qué necesita un niño y una familia para que realmente sean dignos y que existan unas penas que sean, sobre todo, efectivas en Colombia”. 

Al respecto, Sánchez señaló que hay que ver “cómo en un país como el nuestro tenemos una tasa de impunidad de más del 90 % en casos de delitos sexuales, entonces hay que hacer una revisión en torno a si la discusión debiera darse por allí o, efectivamente, hacer cumplir las leyes y enfocarnos en acciones que permitan evitar que estas situaciones se den”. Son varios elementos los que hay que considerar en torno a la protección de la niñez y ante todo el llamado del compromiso que nos invita a todos y cada uno.

Además, analizar “la naturalización de cualquier práctica de violencia. Nosotros tenemos que empezar a transformar esto que hemos considerado que hace parte del acompañamiento en la crianza las niñas y los niños, y que justificaba tratos que en ocasiones vulneran la integridad y la dignidad de las niñas y los niños”. Así mismo, resaltó la necesidad de la implementación de estas políticas de recursos enfocados en el fortalecimiento de capacidades de padres, madres, cuidadores y de sistemas de protección.