El escenario económico cierra el 2024 con muchas alertas prendidas. A la decisión del Banco de la República en cuanto a bajar solo en 25 puntos básicos sus tasas de interés de referencia, se sumó el anuncio gubernamental en torno a que decretará un aumento del salario mínimo mensual del 9,5%, más de cuatro puntos por encima de la inflación causada entre enero y noviembre (5,2%).
Las razones del Emisor para dejar sus tasas en 9,5% y no acceder a una disminución mayor, como lo urgían Gobierno y gremios, son claves para entender la necesidad de ser prudentes en este flanco. Si bien la inflación mantiene una tendencia a la baja, el alto costo de los servicios preocupa. Precisamente por ello, el equipo técnico del Banco Central pronostica que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continuará en 2025 su convergencia hacia la meta, aunque de forma más lenta. Esto debido a presiones alcistas sobre la tasa de cambio y su traspaso a los precios. Como es apenas obvio, esa coyuntura reduce el margen de maniobra para bajar más los tipos de interés de referencia y que el mercado financiero abarate más el crédito.
El Emisor alerta sobre situaciones muy complejas: endurecimiento de las condiciones financieras externas, aumentos en los márgenes de riesgo de las economías emergentes y ‒un tema muy preocupante‒ la incertidumbre sobre la situación de las finanzas públicas en Colombia, lo que ha generado volatilidad en los mercados cambiarios y de deuda pública.
En ese orden de ideas, que el Ejecutivo haya incrementado el sueldo básico en 9,5% es claro que, como lo advirtieron analistas y gremios, podría generar una presión inflacionaria el próximo año, sobre todo por la cantidad de productos, bienes y servicios no regulados que buscarán subir sus precios acorde al porcentaje de reajuste salarial y no al del costo de vida 2024. Esto llevaría a que el objetivo de que el IPC vuelva en 2025 al rango meta entre 2% y 4% se dificulte sustancialmente.
Por otra parte, debe analizarse cuál será el impacto en las empresas privadas del aumento del sueldo básico a partir del 1 de enero. De entrada, los gremios advirtieron que el incremento será muy difícil de sufragar en medio de una economía que no despega y una productividad ‒más allá del controvertido dato del DANE‒ muy baja. Así las cosas, la posibilidad de congelar nóminas o proceder a despidos es una alternativa que no se puede descartar, lo que seguramente, como lo alertan algunos centros de estudios especializados, puede llevar a que la tasa de desempleo, hoy en 9,1%, vuelva a ponerse por encima de los dígitos.
Sin embargo, hay otro elemento a considerar en cuanto al efecto del aumento salarial autorizado. Y es el referido al impacto en las finanzas del Gobierno Nacional Central, ya que el porcentaje de incremento debe reflejarse en el aumento de los sueldos de gran parte de los funcionarios, tanto de los más altos niveles como de los medianos y bajos. Es claro, entonces, que los gastos de funcionamiento tendrán una sobrecarga adicional que, visto el tamaño del déficit y el poco margen de acción fiscal del Ejecutivo, seguramente obligarán a castigar más el rubro de inversión en el críticamente desfinanciado Presupuesto General de la Nación 2025, que acaba de ser decretado.
Otro de los flancos a poner bajo la lupa en el año económico que comienza es el relativo a la inexistencia de un plan de choque real y medible para reactivar el aparato productivo. Por el contrario, la estrechez de recursos en el Gobierno Nacional Central está obligando a recortar subsidios y otras transferencias presupuestales lo que golpeará fuertemente a sectores como los de construcción, educación, obras públicas e infraestructura, entre otros.
A lo anterior, es necesario sumar lo que pase con los efectos de la devaluación marcada de la moneda colombiana, el encarecimiento de la deuda, la caída en el recaudo tributario, la disminución de la inversión extranjera directa, menores ganancias de Ecopetrol y una posible rebaja de las notas por parte de las firmas calificadoras. Y, como si lo anterior fuera poco, los márgenes operativos y de rentabilidad empresarial siguen pendientes de lo que pase con el fallo de la reforma pensional en la Corte Constitucional, el impacto de la rebaja de dos horas más en la jornada laboral semanal a partir del segundo semestre y lo que ocurra con el trámite de las reformas laboral y de salud en el Congreso.
Como se ve, el 2025 llega cargado de múltiples retos económicos en muchos flancos. La apuesta sobre un crecimiento este año del PIB sigue apuntando a un 1,8% y del 2,5% para el próximo, lo que obviamente no da para soltar las campanas al vuelo. Por el contrario, es innegable que el panorama genera más incertidumbres que certezas.