La campaña para las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año ya comenzó. De hecho, estamos a menos de un año para la cita en las urnas del 8 de marzo de 2026, cuando no solo se renovarán Senado y Cámara, sino que ese mismo día se llevarán a cabo las consultas interpartidistas para escoger candidatos únicos de coalición en la contienda por la sucesión en la Casa de Nariño. Incluso, el 26 de octubre de este año se podría estar dando una primera votación, ya que ese día se podrán realizar consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de decisiones o la escogencia de aspirantes de las colectividades y los movimientos por firmas. Es más, este fin de semana comenzó el registro de los comités que impulsarán postulaciones apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, así como de aquellos que promoverán el voto en blanco…

Lamentablemente, el arranque de la época proselitista se da en medio de una preocupante situación de violencia en muchos departamentos y municipios. No solo está vigente un estado de conmoción interior por la grave crisis de orden público en Catatumbo, sino que aumenta la inseguridad en Chocó, Cauca, Arauca, Putumayo, Nariño, los santanderes y otras zonas. La propia Defensoría del Pueblo advirtió hace tres semanas que en el 73% de los municipios operan grupos ilegales, en tanto que la ONU alertó sobre una pérdida de control territorial institucional a manos de la criminalidad. Los gobernadores, en su reciente cónclave en Villa de Leyva (Boyacá), también prendieron las alarmas sobre la crisis de seguridad a nivel urbano y rural, en tanto que los entes de control continúan recalcando que debe redoblarse el trabajo y efectividad de las fuerzas militares y de policía ante el peligroso desdoblamiento de las organizaciones criminales que, incluso, hoy combaten entre sí por el dominio de corredores estratégicos de narcotráfico, minería criminal, extorsión, contrabando, tráfico de migrantes y de armas… A ello se suma el incremento en lo corrido de este año de los homicidios, casos de sicariato, masacres, asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, desplazamiento forzado, reclutamiento ilegal de menores, acciones de terrorismo y hostigamiento a la Fuerza Pública.

Un campanazo sobre lo complicado que apunta a ser el panorama de seguridad en la campaña electoral es lo que pasó en los recientes comicios atípicos para escoger gobernador de Putumayo. Aparte de los problemas presupuestales y logísticos que obligaron a aplazar un par de semanas la cita en las urnas, se denunciaron intentos de infiltración criminal y saboteo en la contienda proselitista.

El escenario, como se ve, es muy retador. Varios congresistas y dirigentes políticos regionales señalan que en algunas zonas el Eln, grupos residuales de las Farc y bandas criminales de alto espectro ya han advertido que impondrán “vetos” a determinados candidatos y partidos. Igualmente, se habla en voz baja de ofrecimientos de financiación ilícita a aquellos aspirantes que consideran “cercanos”, así como de “compromisos” para obligar a la ciudadanía a votar por ellos, so pena de cruentas represalias a la población civil inerme.

Tanto el registrador nacional como el presidente del Consejo Nacional Electoral, así como el nuevo ministro de Defensa y el director de la Policía, al igual que los titulares de la Fiscalía, Defensoría y Procuraduría coincidieron en las últimas semanas en la prioridad de blindar efectivamente todo el proceso electoral que está comenzando. Se urge la instalación rápida de la Comisión Nacional de Seguimiento y Garantías Electorales y sus respectivos capítulos regionales. En tanto que algunos gobernadores exigen desmontar o no activar más ceses el fuego con grupos armados ilegales que estén dialogando con el Ejecutivo. Aducen los mandatarios seccionales que esas treguas han sido burladas sucesiva e impunemente por las facciones armadas criminales, en tanto que la Fuerza Pública retrocedió peligrosamente en el control territorial porque su operatividad se vio dramáticamente restringida por cuenta de la accidentada política paz gubernamental.

Resulta claro que el país no puede repetir las épocas aciagas de décadas atrás cuando la democracia quedaba supeditada a la coacción de los violentos, que incluso ponían y quitaban candidatos a su antojo. Tampoco puede repetirse lo ocurrido en 2022 y 2023 en determinadas zonas en donde se denunció que los grupos ilegales afectaron la libertad y transparencia del voto.

Está dada, pues, la alerta temprana respecto al riesgo de orden público y seguridad con que arranca este nuevo año electoral. Un solo lugar en donde la violencia obligue a reubicar mesas o suspender los comicios será una derrota para la democracia y el Estado Social de Derecho. Es imperativo que la institucionalidad actúe aquí y ahora.