MIENTRAS LAS quejas de los pacientes y usuarios se multiplican por las deficiencias que ya está presentando el sistema de salud, un informe de ANIF, precisa que ya se está asomando un apagón financiero en el servicio ante la falta de gestión por parte del gobierno.

En análisis señala que en los últimos tres años el sector acumula un déficit de $19,8 billones, esto debido al déficit presupuestal, al aumento de la demanda en servicios de salud y la insuficiencia de la UPC, que han generado presiones en la prestación de servicios de salud.

La investigación del centro de pensamiento indica que las presiones de uso sobre el sistema han aumentado de forma significativa de manera reciente. Desde 2020, la crisis sanitaria por Covid-19 transformó los patrones de demanda en servicios de salud. Al comparar el consumo de los hogares de 2019 con 2024, después del incremento en recreación y cultura, la salud presenta el segundo mayor aumento en participación, pasando del 8,0% al 8,9%. Lo anterior, refleja que el sistema de salud enfrenta actualmente una mayor demanda de servicios sin precedentes, generando presiones en su capacidad operativa y financiera.

La UPC

En ese sentido, vale la pena preguntarse si los recursos para atender el creciente uso son suficientes. Al respecto, el Ministerio de Salud ha afirmado que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, los recursos con los que el sistema cuenta mayoritariamente para atender la prestación de servicios, ha sido suficiente en los últimos años, y que los incrementos se han determinado utilizando la misma metodología aplicada desde 2023. Sin embargo, las cifras reflejan un escenario opuesto.

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) insisten en que el sistema presenta un hueco financiero con el que les es imposible garantizar la prestación de servicios por mucho tiempo más. Las EPS atribuyen esta situación a una UPC que no reconoce, entre otras cosas, el incremento en las frecuencias de uso del sistema, el envejecimiento poblacional y la mayor siniestralidad.

“En ANIF estimamos una insuficiencia significativa de la UPC en los últimos años, llegando a acumular un déficit presupuestal de cerca de $20 billones. Tal como hemos advertido, esta falta de recursos se ha originado por la disparidad entre el incremento decretado de la UPC junto con los presupuestos máximos necesarios y las necesidades financieras del sistema. En nuestro estudio colaborativo junto con Afidro, se evidencia que el déficit acumulado en los últimos tres años asciende a $19,8 billones, con $9,9 billones correspondientes solo a 2024 ($8 billones por insuficiencia en UPC y $1,9 billones en presupuestos máximos)”, aseguran los expertos.

Según el estudio, en 2022 el aumento fue 2,4 puntos porcentuales inferior al requerido; en 2023, 2,6 puntos por debajo; y en 2024, 3,6 puntos menor. La situación podría agravarse significativamente para 2025, donde se estimó un incremento del 16,4% en la UPC, pero solo se decretó un 5,3%, quedando 11,1 puntos por debajo de lo recomendado, lo que profundiza considerablemente el déficit del sector.

Problemas

Así, el insuficiente aumento de la UPC ha deteriorado gravemente las finanzas de las principales EPS. Las cinco mayores entidades aseguradoras han visto reducir dramáticamente su patrimonio: de cifras sólidas en 2019 ($400.000 millones para Nueva EPS y Sura, $300.000 millones para Sanitas y Salud Total), pasaron en 2023 a situaciones críticas con Sanitas en números negativos (-$100.000 millones) y otras cercanas a cero.

Para el primer semestre de 2024, varias reportan patrimonios nulos. Lo anterior, como resultado de mayores presiones financieras del sistema que han tenido que ser apalancadas con sus patrimonios y han forzado el consumo de reservas técnicas, lo que a la postre ha provocado intervenciones por parte de la Superintendencia de Salud.

Con lo anterior, las consecuencias para los ciudadanos ya son evidentes.

Indica el informe de ANIF, que “las quejas y reclamos sobre servicios de salud han aumentado considerablemente”.

Más tutelas

El número de tutelas ha aumentado. En 2024, alcanzó la cifra de 903.000 tutelas relacionadas con salud según cifras de la Corte Constitucional. Estos indicadores muestran que los usuarios enfrentan mayores dificultades para acceder a citas médicas y procedimientos, viéndose obligados a recurrir a mecanismos legales para proteger su derecho a la salud.

A raíz de esta crítica situación, la Corte Constitucional ha reiterado la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud. En el auto 007 del 23 de enero de 2025, declaró un incumplimiento general en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y ordenó su reajuste para 2024 y 2025, al considerarla insuficiente para las necesidades del sistema.

También señaló la falta de recursos en los presupuestos máximos, destinados a medicamentos, servicios y tecnologías no cubiertas por la UPC. Al respecto, el gobierno ha respondido con solicitudes de aclaración, acciones que demoran el reajuste necesario para atender los servicios de salud.

Insuficiencia

A esta situación se suma que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, manifestó su preocupación por los efectos que la reforma a la salud podría tener sobre el sistema y el acceso a los servicios médicos en el país. Un análisis técnico realizado por la ANDI concluyó que la reforma no es sostenible desde el punto de vista fiscal. Según sus estimaciones, en los próximos 10 años el sistema de salud presentaría un déficit de $141,4 billones, mientras que el Ministerio de Salud proyecta un superávit de $21,8 billones, lo que representa una diferencia de $163 billones entre ambas proyecciones.

Por otra parte, el representante a la Cámara, Andrés Forero, del Partido Centro Democrático, denunció que el Gobierno nacional no ha justificado el uso de $1,3 billones que han sido girados a hospitales públicos para la implementación de los Equipos Básicos de Salud (EBS), uno de los programas bandera del Ministerio de Salud.

Según Forero, de los $2,1 billones asignados para el programa, ya se han girado $1,6 billones. Sin embargo, el Ministerio de Salud solo ha reportado el destino de $317.000 millones, lo que equivale al 20% de los recursos girados.

“Es decir no hay información de cerca de $1,3 billones. Y de estos $317.000 millones reportados encontramos que se han gastado $39.000 millones en transporte, $457 millones en chalecos y gorras (distintivos), $2.600 millones en papelería, y un dron de $36 millones”, denunció Forero.

Las denuncias de la CGN

La Contraloría General de la Nación (CGN) dijo que han abierto 522 procesos relacionados con la gestión de $11 billones. Igualmente, en el marco del seguimiento al sistema de salud se han desarrollado 111 imputaciones por daños al patrimonio público por valor de $498.000 millones. Asimismo, hay 41 fallos de responsabilidad fiscal por $542.000 millones.

Sin embargo, en este proceso el ente de control ha logrado resultados positivos como la recuperación de $10.000 millones. Así como se ha ejercido un cobro coactivo por $174.000 millones. Lo anterior, ha permitido un resarcimiento total de $185.080 millones.

La Contraloría General explicó que en su labor se lograron diferentes hallazgos administrativos, disciplinarios, fiscales, penales y con otras incidencias. “Nada más, en las actuaciones de control fiscal que se realizaron en 2024 se consolidaron 871 hallazgos administrativos, de los cuales 182 tienen presunta incidencia fiscal por $181.049 millones”.

En el caso del seguimiento a la labor del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, entre 2023 y 2024 el daño al patrimonio público alcanzó la cifra de $436.000 millones.