Un grupo de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social emitió una advertencia sobre los riesgos que conllevaría la aprobación del proyecto de ley 312 de 2024, que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso de la República.
A través de una carta dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, manifestaron su profunda preocupación por los impactos negativos que esta iniciativa legislativa podría tener sobre el sistema de salud colombiano, calificándola de "desafortunada y peligrosa".
Falta de análisis y ausencia de participación
Los exministros señalan que la reforma ha sido tramitada sin un debate técnico riguroso y sin atender las múltiples voces expertas que han expresado su rechazo. Además, cuestionan el hecho de que los artículos fueron aprobados en bloque, sin la debida discusión basada en evidencia científica. Según el grupo de exfuncionarios, este proceder falsea lo que debería ser un diálogo democrático transparente y amplio, especialmente cuando se trata de la regulación de un derecho fundamental como la salud.
Asimismo, denuncian que los pacientes y usuarios no han sido tenidos en cuenta en la construcción del proyecto, lo que pone en riesgo la progresividad del derecho a la salud. Aseguran que cualquier reforma debería "construir sobre lo construido", garantizando la mejora y estabilidad del sistema de salud en lugar de generar retrocesos.
Principales riesgos de la reforma
Los exministros enumeraron ocho riesgos críticos que conllevaría la aprobación de la reforma en su estado actual:
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Incumplimiento de mínimos constitucionales: No se ha presentado un plan claro con objetivos, metas y recursos definidos. Tampoco se ha garantizado la financiación ni la transición adecuada para proteger a los pacientes en tratamiento.
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Dificultades en el acceso y calidad de los servicios: Con la reforma, los usuarios tendrían que acudir a múltiples entidades sin que haya claridad sobre quién es el responsable de su atención, lo que fragmentaría el acceso a los servicios.
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Incertidumbre en la gestión financiera: La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) no cuenta con la capacidad operativa para asumir el rol asignado en la reforma, lo que podría provocar caos financiero y desabastecimiento.
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Eliminación del aseguramiento en salud: Se volvería a un modelo donde un único pagador estatal asumiría la totalidad del sistema, lo que históricamente ha demostrado ser insostenible e ineficiente.
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Retorno al subsidio a la oferta: La reforma plantea asignaciones de recursos mediante presupuestos históricos, un modelo ya probado como ineficiente e inequitativo.
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Mayor riesgo de corrupción: La concentración del manejo financiero en una sola entidad incrementaría los riesgos de corrupción, errores administrativos e inoperancia en la ejecución de los recursos públicos.
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Precarización laboral del talento humano en salud: Aunque se argumenta que la reforma mejorará las condiciones de los trabajadores del sector, los exministros advierten que en realidad pone en riesgo sus empleos y condiciones laborales.
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Falta de aval fiscal: No se ha establecido con claridad la sostenibilidad financiera de la reforma, lo que pone en duda su viabilidad a largo plazo.
Un modelo fallido y una crisis latente
Los exministros también criticaron la intención del Gobierno de imponer un modelo de salud similar al del Fondo de Salud del Magisterio (FOMAG), el cual ha demostrado ser ineficiente, según la propia Superintendencia Nacional de Salud. A su vez, advierten que el sistema actual atraviesa una crisis profunda, con múltiples intervenciones de EPS, un aumento descontrolado en las tutelas y la desfinanciación de servicios médicos en varias regiones del país.
Finalmente, los exministros recalcaron la necesidad de una reforma estructural con base en la evidencia científica, la participación de expertos y el respeto a los principios constitucionales. Consideran que, antes de avanzar con un proyecto que podría agravar la crisis, el Gobierno debe enfocarse en estabilizar la operación del sistema actual y garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos.
El debate ahora pasa al Senado, donde se espera que las advertencias de los expertos sean tomadas en cuenta para evitar un retroceso en los avances del sistema de salud colombiano.
Carta completa:
