Una vez más la Comisión Séptima del Senado tendrá que analizar un proyecto de reforma al sistema de salud. Ya lo hizo un año atrás, con la primera iniciativa impulsada por el Gobierno al respecto, que se terminó hundiendo −el 3 de abril− luego de que nueve senadores votaran en contra y solo seis a favor.

Ese fallido articulado −como el actual− había logrado ser aprobado en medio de fuertes debates sobre los alcances de la modificación al esquema de aseguramiento y atención médica, tanto en la Comisión Séptima de la Cámara como en la plenaria de esa corporación.

En esos primeros dos debates −como también ocurre con la actual reforma− desde las bancadas independientes y de oposición se acusó al Ejecutivo de acudir a prácticas abiertas de politiquería para allanar apoyos de representantes a cambio de ofrecimientos burocráticos y presupuestales. Se habló entonces, y ahora igualmente, de cuotas en ministerios y otras entidades del Gobierno Nacional Central, así como de delegados de la Casa de Nariño y titulares de cartera comprometiendo la asignación de partidas para programas y proyectos a las regiones de los congresistas que aceptaron ‘voltear’ sus votos pese a las indicaciones de sus respectivas colectividades.

La reforma hundida en 2024 −como también la que aprobó la Cámara la semana pasada−, fue blanco de fuertes críticas y alertas por parte de múltiples sectores políticos, económicos, gremiales, sanitarios, sociales e institucionales.

El listado de reparos era −como también lo es ahora y por las mismas razones− muy amplio: nueva estructura de aseguramiento en salud marcadamente estatal, disfuncional y comprobadamente fracasada en el pasado; esquema de atención médica que abre la puerta a la politización, ideologización y burocratización a nivel regional y local del sistema; accidentada reforma al rol de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que, pese a la experticia acumulada en tres décadas, no solo pasan a ser “gestoras”, sino que quedan reducidas a una labor de auditoría y con una asignación presupuestal desproporcionada; un proyecto que no tiene aval fiscal, razón por la cual los congresistas votan a ciegas, sin saber cuánto costará el nuevo sistema y si el Estado tiene los recursos para evitar un colapso financiero a corto, mediano y largo plazo; asignación irresponsable de múltiples facultades a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que no tiene la estructura, personal ni competencia para manejar billonarias sumas ni auditar gastos; gaseosos y teóricos modelos de asignación de recursos a hospitales, clínicas y centros de salud, que vía Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) pasarían a ser la puerta de entrada al sistema; alertas tempranas sobre la dificultad y el riesgo vital para que los pacientes accedan a tratamientos complejos y medicamentos; un nuevo régimen laboral para el personal en salud sin que esté claro su financiación e impacto…

Esas y otras alertas se pusieron sobre la mesa un año atrás, y ahora también. Así las cosas, basados en el sentido común y la responsabilidad que le atañe a cada congresista en cuanto a inclinarse por el bien común, y teniendo en cuenta la disciplina partidista y, sobre todo, la coherencia y transparencia, la votación en la Comisión Séptima del Senado no tendría por qué cambiar. De hecho, ya en 2024 fracasó la táctica politiquera gubernamental para tratar de sabotear las directrices de las bancadas opositoras e independientes en esa célula parlamentaria.

Sí, el nuevo articulado tiene algunos cambios y ajustes, pero la estructura y columna vertebral del nefasto esquema que se quiere imponer es similar al de la iniciativa que fracasó el año pasado. De hecho, no hubo consenso para modificar el nuevo proyecto en los temas centrales y en eso coinciden gremios, partidos independientes y de oposición, asociaciones científicas y de pacientes, voceros de las EPS y de la red prestacional…

Sin embargo, sí hay cosas nuevas: la crisis financiera de las EPS hoy es más drástica porque el Gobierno, con un hueco fiscal más grave, no ajustó adecuadamente la Unidad de Pago por Capitación ni gira a tiempo los recursos de los “presupuestos máximos”; un deterioro dramático de la calidad del servicio de atención en salud y creciente escasez de medicamentos; hospitales públicos y privados cerrando servicios y camas por falta de pago; escándalos de corrupción y desgreño en las EPS intervenidas; fracaso del piloto del nuevo esquema en el sistema de salud de los docentes…

Así las cosas: lo procedente y lógico es que el actual proyecto de reforma a la salud −como el anterior− se hunda. No hacerlo sería un acto de irresponsabilidad política y pondría en riesgo la vida de todos los colombianos.