El Gobierno nacional denunció que la comunidad de El Plateado, en Argelia, Cauca, agredió a la fuerza pública con el objetivo de retirarla del territorio, en hechos ocurridos el pasado 8 de marzo. Según el Ministerio del Interior, este ataque representó una violación de los acuerdos establecidos con la comunidad para el retorno de 29 uniformados que habían sido retenidos previamente.
“Lamentamos que los acuerdos establecidos con un grupo de personas de la zona de El Plateado, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la MAPP-OEA, hayan sido violados”, señaló el Ministerio en un comunicado.
A pesar de esta situación, el Gobierno ratificó que el próximo 11 de marzo se reunirá en la Defensoría del Pueblo en Popayán para dialogar con representantes de la comunidad y buscar alternativas para reducir la violencia en la región.
Presencia de grupos armados ilegales y abandono estatal
En El Plateado operan las disidencias de las FARC de la estructura Carlos Patiño, quienes ejercen control sobre economías ilegales y han incrementado la violencia en la zona. En febrero, 28 policías y un militar fueron secuestrados y liberados tras 30 horas de cautiverio.
El Ministerio de Defensa aseguró que fortalecerá las acciones militares para garantizar la seguridad de la población y recuperar el control del territorio, aunque el Gobierno insiste en que la única solución sostenible es una intervención social integral.
Inversión del Estado y compromiso con el diálogo
El Gobierno ha destinado más de $500.000 millones en programas de desarrollo en el Cañón del Micay, enfocándose en educación, salud e infraestructura. No obstante, el 65% de la población sigue en condiciones de pobreza extrema, mientras que la violencia ha aumentado en un 30% en el último año.
A pesar de los recientes incidentes, el Gobierno mantiene su voluntad de diálogo y reiteró que se reunirá con representantes de la comunidad en Popayán para construir soluciones conjuntas que permitan erradicar la violencia en la región.
“Los actores armados ilegales solo buscan perpetuar el miedo y la violencia. El Estado no permitirá que esto continúe”, advirtió el Ministerio del Interior en su comunicado.
El Gobierno enfatizó que su estrategia no se basa únicamente en operativos militares, sino en una intervención social que garantice oportunidades y condiciones dignas para la población, asegurando que el compromiso con el bienestar del Cañón del Micay es a largo plazo.