EL DELITO de la extorsión se sigue disparando en Colombia luego de que en 2024 se superara, una vez más, el histórico nacional. De 11.078 casos en 2023, el año pasado cerró en 12.334 hechos, según datos del Ministerio de Defensa, de los cuales, el 53% se estaría realizando desde los centros de reclusión, según explica el Gaula.

Esta proliferación le ascendió al tercer lugar dentro de los delitos más rentables en el país, solo por detrás del narcotráfico y la minería ilegal. No obstante, buscando frenar este flagelo, en Cámara de Representantes ya avanza un proyecto de ley que buscaría una mayor detección de los criminales dedicados a esta modalidad delictiva, así como una disminución significativa de estos hechos, principalmente desde centros carcelarios.

La iniciativa de la bancada de Cambio Radical es liderada por el senador Carlos Julio González y los representantes Carolina Arbeláez, Julio César Triana, así como por Luz Ayda Pastrana desde la independencia de este partido, y Eduard Triana del Centro Democrático. Además, en su primer debate en la Comisión Sexta de Cámara Daniel Carvalho fue el principal ponente, quien justamente logró el avance por mayorías a la plenaria de Cámara.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el representante Triana explicó que “este proyecto es muy simple, pues lo que busca es que quienes vendan la SIM card tengan el dato de quién la adquiere”. En este sentido, el objeto principal de la medida es que para la comercialización de estos chips se haga mediante los datos biométricos del comprador para, con ello, identificar con mayor facilidad a los poseedores y posibles implicados en delitos de extorsión.

Para Triana, “será una gran herramienta para hacerle trazabilidad y seguimiento a quienes usan la SIM card para delinquir en Colombia”. En misma línea, la representante Carolina Arbeláez señaló que este delito ha sido el de mayor incremento en Colombia en los últimos años, siendo las cárceles los principales centros de origen para delinquir.

“Lo que hemos identificado es que la extorsión se está dando desde las cárceles, mucha de la extorsión, no toda la extorsión, pero hay una organización criminal en las cárceles para extorsionar y esto lo hacen con SIM cards, que desechan el momento en que las usan”, dijo Arbeláez.

La parlamentaria aseguró que con la medida habría una recolección de datos para “que las líneas estén a su nombre identificado con nombre y cédula, o sea que se sepa a nombre de quién está el número o la línea de la cual están extorsionando”.

Protección de datos

Uno de los principales problemas que se ha expresado alrededor de esta norma se centra en la protección de datos personales para los usuarios. Sin embargo, Arbeláez le dijo a EL NUEVO SIGLO que “precisamente cuando conocemos el usuario y la identificación del mismo, pues de esto se trata, de que se pueda dar tanto garantías para la persona que es usuario de una SIM card que esté asociada a una persona y no que sea de uso o de comercialización libre como hoy lo es”.

Asimismo, Daniel Carvalho, representante ponente del proyecto de ley en la Comisión Sexta, le dijo a este Diario que “nosotros no modificamos ninguna norma de tratamiento de datos, de hecho, en la ponencia proponemos que la implementación tiene que cumplir la Ley Estatutaria de Datos y avalamos una proposición que establece unos criterios para el cumplimiento y protección de estos datos conforme a las normas y obligaciones existentes”.

Por lo anterior, la Ley 1266 de 2008, que es la reguladora del habeas data en el país, tendría un mayor refuerzo o seguimiento al que tiene actualmente sobre las empresas de telecomunicaciones.

En adición, el artículo 5 de esta normativa, aplicando sus parágrafos C y E, serían los de mayor relevancia para este proyecto de ley, donde se reglamenta que “la información personal recolectada o suministrada de conformidad con lo dispuesto en la ley a los operadores que haga parte del banco de datos que administra, podrá ser entregada de manera verbal, escrita, o puesta a disposición de las siguientes personas y en los siguientes términos:

• C. A cualquier autoridad judicial, previa orden judicial. 
• E. A los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal, o administrativa, cuando la información sea necesaria para el desarrollo de una investigación en curso”.

En la misma línea, el representante Triana agregó en este apartado que “estamos hablando con el Ministerio de las TIC, de las Tecnologías, para que aquí ningún colombiano ponga en riesgo. Pero no hacerlo es seguir con una ventana abierta para los delincuentes que pasan por una calle”.

¿Rol de los operadores?

Para llevar a cabo esta iniciativa, el papel de los operadores móviles será vital, en primera instancia para la recolección de datos de sus usuarios, como para la cooperación con las autoridades para identificar a quienes delinquen haciendo uso de sus líneas.

Según reveló Carvalho a este Diario “a ellos no les gusta porque les pone responsabilidades”. No obstante, expresó que “mi posición es que ellos vengan con propuestas y compromisos para ayudar a solucionar el tema. Su posición no puede ser “yo solo presto un servicio, el Estado debe evitar que ese servicio se mal utilice”. Ayuden con sus posibilidades porque la población colombiana está cansada de esta situación”.

Asimismo, Arbeláez puntualizó en que “esta es una discusión que está por encima de la mesa con precisamente las empresas de comunicaciones, la idea es encontrar el camino para que esto tampoco vulnere ningún tipo de derecho”.

El proyecto ahora espera turno para ser discutido en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde tendrá que surtir su segundo debate. Desde autores a ponentes se pide que la discusión sea oportuna para mitigar lo antes posible este delito en el país.