La comisión asesora de la regla fiscal divulgó su concepto favorable para que se pueda registrar un mayor déficit en el 2019 y en el 2020, manteniendo la meta de llegar al 2021 con un déficit no superior al 1% del PIB. La justificación de esta medida son los enormes gastos que al Estado colombiano le está significando la abrumadora llegada de ciudadanos venezolanos.

En plata blanca este concepto de la comisión de la regla fiscal significa que el Estado podrá endeudarse $ 3 billones más en el 2019, y $ 1 billón en el 2020 sin que ello signifique contrariar las metas fiscales que para el 2019 pasan del 2.4% del PIB al 2.7% y en el 2020 del 2.2% al 2.3%.

Varias preguntas quedan flotando luego de conocer estas modificaciones a la regla fiscal.

Si bien es cierto el mercado ha recibido con cierta tranquilidad estos cambios a las barreras fiscales habrá que ser extremadamente cuidadosos en no volver a agitar el tema, pues de lo contrario se espantarían los mercados y las agencias calificadoras. Por ejemplo, si el costo fiscal que haya que pagar para levantar la minga indígena -porque costo habrá, no nos quepa duda- no está presupuestado habrá que abrirle un espacio fiscal con los recursos disponibles. Sería fatal volver a echar mano de la regla fiscal para buscar autorización de un nuevo endeudamiento, pues en tal caso los mercados interpretarían que la regla fiscal no es más que un figurín de plastilina que se moldea para hacerle frente a las novedades que el día a día nos depara.

Tampoco podrá volverse a echar mano de la fórmula de la regla fiscal para atender los costos que tendrán las exenciones, deducciones y minoraciones fiscales que con una generosidad tan amplia como censurable se han venido otorgando desde la última reforma tributaria, y ahora en el plan de desarrollo en el que Fedesarrollo ha detectado cerca de 7 nuevas iniciativas con un alto costo fiscal.

Es indispensable también que las cifras fiscales se mantengan en un nivel satisfactorio de transparencia, cosa que deja mucho que desear. Por ejemplo, Salomón Kalmanovitz en El Espectador del 1 de abril se formula la siguiente pregunta: “Según el gobierno, su déficit en 2018 fue del 3.1% del PIB, pero una proyección de los datos del Banco de la República lo acercan al 4% del PIB. Para 2019 se aspira a que será 2.7% del PIB, una reducción difícil de lograr. Esto sugiere que el desvío frente a la regla fiscal es bastante mayor al presentado por Carrasquilla y que en 2020, cuando se materialice los regalos del mismo presidente eterno a los grandes contribuyentes, el desequilibrio fiscal se tornará peligroso para la salud de la economía”.

El Ministro de Hacienda ante las turbulencias fiscales que se avizoran para el 2020 dice que de ninguna manera habrá una nueva reforma tributaria. Y que “el problema fiscal colombiano es un problemita, con minúscula”. Ojalá tenga razón el ministro. Sin embargo, infinidad de indicios muestran que las cosas no son tan simples. Tenemos un gigantesco problema de sentencias impagadas contra el Estado que ascienden a la fecha a más de $8 billones. Tenemos entidades con déficit gigantescos que aún no se sabe como se van a cubrir, como es el caso del Fondo de los combustibles, cuyo déficit asciende a la escalofriante cifra de $ 14 billones. Tenemos incertidumbres en los radares judiciales, como por ejemplo: ¿qué va a pasar con la sobretasa nacional a los consumidores de energía eléctrica de los estratos 4, 5 y 6, industriales y comerciales, que siendo claramente inconstitucional ha quedado incluida en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué va a opinar la Corte Constitucional cuando analice esta sobretasa que para los consumidores del interior del país no significa, como siempre lo ha exigido la jurisprudencia para las tasas, la recepción de alguna contraprestación a diferencia de lo que acontece con el impuesto? ¿Cuál va a ser el costo fiscal de la llamada ley del punto final en la salud? Y así sigue la lista.

Son demasiados, pues, los interrogantes que plantea la situación fiscal del país. Pero lo que es evidente es que no los podremos seguir resolviendo a punta de mayores endeudamientos autorizados por nuevas modificaciones a la regla fiscal. Si así se hiciera la credibilidad toda de la política financiera volaría en mil pedazos.