Además de la agenda a mediano plazo que se anunció esta semana para que el país consolide no menos del 10% de su canasta energética con fuentes no convencionales, lo que está muy bien, existen otras urgencias energéticas que es preciso dilucidar en el corto plazo. Y que aún no lo están.

Los magníficos resultados de Ecopetrol el año pasado y en éste, y el incremento de las utilidades que la petrolera podrá transferir al gobierno como accionista principal, ponen de presente que desde el punto de vista fiscal el erario público sigue siendo tan dependiente como nunca de los resultados petroleros. La política fiscal está sobreaguando gracias a las transferencias inesperadas de Ecopetrol. Ha sido un bálsamo inesperado con el que se encontró este gobierno para cuadrar las cuentas fiscales.

De allí que la eventual venta de una porción de las acciones de Ecopetrol de propiedad del Gobierno deba mirarse con suma cautela. Ya el presidente de Ecopetrol opinó que no es un buen momento para hacerlo.

Además: vender un porcentaje de activo público tan importante sin que haya claridad dónde se invertiría, no deja de ser un error mayúsculo. Ciertamente desprenderse de un activo tan valioso en este momento para financiar gasto corriente sería una irresponsabilidad fiscal de marca mayor.

Definir este asunto es, pues, la primera prioridad en las tareas pendientes de la política energética pública. Tanto más que, como lo señaló el presidente de Ecopetrol, la sola venta de las acciones gubernamentales puede ser algo que tome no menos de dos años.

La segunda tarea pendiente tiene que ver con la fórmula para fijar el precio de los combustibles. Asunto trascendental que está pendiente. El Plan de Desarrollo, dentro del maremágnum en que se ha convertido da algunas puntadas, pero no se ha trazado una política integral hasta el momento. En realidad, en el Plan de Desarrollo son más las preguntas energéticas que se plantean que las respuestas que se absuelven.

¿Cuál va a ser la nueva fórmula para fijar el precio de los combustibles hacia adelante? No se sabe. La Corte Constitucional ha dicho que no se puede seguir fijando por decreto el precio de los combustibles y que debería ser una ley la que determine la fórmula de precios. Tal ley no está aún sobre la mesa. Apenas hay unas vagas pinceladas en el plan de desarrollo, pero nada más.

Con poca precisión, en segundo lugar, el Gobierno anunció en el Plan una disposición que baja del 19% al 5% el IVA de los combustibles. Lo justifica diciendo que como el precio internacional está subiendo esta medida moderará el alza a los consumidores. Y agrega que se trata de racionalizar la política de subsidios. Pero en realidad no racionaliza nada. Los subsidios más protuberantes en política fiscal están ubicados en los precios de la gasolina, pues la mayoría de los usuarios tienen carro particular. O sea, son contribuyentes pudientes. Con lo cual bajarles los impuestos, en vez de racionalizar el subsidio lo hace más acentuado.

Y por último: reina la ambigüedad sobre lo que se va a hacer con el fondo de estabilización de los precios de los combustibles, cuyo déficit asciende a más de 14 billones de pesos. Déficit pasmoso.

El Plan de Desarrollo dice piadosamente que el Ministerio de Hacienda absorberá este gigantesco déficit. Pero ¿cómo? ¿Incrementando la deuda? Si así de simples fueran las cosas el endeudamiento público aumentaría en cuatro veces más de lo que se autorizó recientemente con la flexibilización de la regla fiscal para financiar la inmigración de venezolanos.

En síntesis: reina una gran ambigüedad energética en el país: no se sabe si se venderá o no una porción de Ecopetrol; no se sabe tampoco cuál va a ser la nueva fórmula que se utilizará para fijar el precio de los combustibles ;no se sabe con certeza para qué es exactamente lo que se busca al reducir el IVA de los combustibles; y, por último, no está claro qué repercusiones va a tener sobre las cuentas fiscales del país la absorción del gigantesco déficit del fondo de estabilización de los combustibles.

Los anuncios vienen haciéndose a cuenta gotas. Esta parece ser una costumbre del gobierno cuando enfrenta decisiones difíciles. Utiliza dosis homeopáticas. De la misma manera como lo hizo con gran desacierto con la ley de financiamiento el año pasado.

Tratándose de algo tan importante para el país como la política energética, lo menos que se puede pedir es que haya claridad y coherencia. Que hasta ahora no se ven.