El Gobierno ha anunciado que en este año presentará su propuesta para el ajuste del salario mínimo durante el curso mismo de las negociaciones. Es una propuesta novedosa, pero ¿será útil?

Históricamente todos los gobiernos han jugado en la mesa de concertación del salario mínimo un papel de mediadores, es decir, no se juega ni con patronos ni trabajadores; permite que estos negocien, y solamente en el evento de que no haya acuerdo se fija el salario mínimo por decreto gubernamental.

Ahora el Gobierno ha anunciado que cambia de jurisprudencia. Y se juega desde mas temprano con un porcentaje específico. Hasta el momento la Confederación Nacional de Trabajadores (CGT) planteó un 10% de ajuste, la central unitaria de trabajadores (CUT) habló de un 12%, y el Concejo gremial planteó un 4%. A su turno los empresarios plantearon un 4% para comenzar las negociaciones. Entre tanto, Planeación Nacional indicó que el índice de productividad para el año fue de 0.52%, al paso que la inflación de los últimos 12 meses se ubica en 3.27%.

Así las cosas queda por responder la siguiente pregunta: ¿qué utilidad tendrá que el Gobierno renuncie a su tradicional función de mediador en el proceso de negociación del salario mínimo? Si el porcentaje que anuncia es muy alto y se acerca más al de los trabajadores, se le percibirá inmediatamente como haciéndole el juego al sector trabajador; y si es muy bajo se le señalará como alineado con las pretensiones empresariales. En cualquiera de esos dos extremos la propuesta gubernamental no va a ser aceptada por la parte que se sienta desconocida, y la fijación del salario mínimo desembocará, como ha sido tradicional, en un decreto.

Otro riesgo que se corre con este innecesario anuncio del Gobierno consiste en que éste, el Gobierno, se entusiasme más de la cuenta con un determinado porcentaje tal como irresponsablemente lo ha hecho el gobierno español este año. Los socialistas conjuntamente con el grupo Podemos, pactaron un ajuste del salario mínimo español para el 2019 del 21%. Cifra pasmosamente alta que le va a generar todo tipo de desarreglos a la economía española. Igual ha sucedido en México donde el nuevo gobierno se estrenó con un ajuste del 16% en el salario mínimo.

De otro lado la fijación del salario mínimo colombiano para el 2019 se enfrenta a otro escollo: el proyecto de ley que cursa en el Congreso según el cual deberán pagarse 15 días de salario a los trabajadores que devenguen hasta 3 salarios mínimos en dos desembolsos que se harían en marzo y septiembre, y que según el observatorio laboral de la Universidad del Rosario tendrá un costo de 4 billones de pesos para los empleadores.

La pregunta que queda flotando es: ¿ésta prima será tenida en cuenta al hacer los cálculos del salario mínimo? Pues los sobrecostos que acarrea para el sector empresarial son evidentes. No tiene lógica  que dentro de la Reforma Tributaria se estén bajando las tasas impositivas de las empresas, pero que de otro lado se estén elevando sus costos con esta prima, cuyo trámite ya va muy avanzado en el Congreso.

¿Qué va a decir el Gobierno de todo esto? ¿Va a tirar línea en su anuncio de ajuste para el año entrante?

Lo que es cierto es que la utilidad de la nueva figura por virtud de la cual el Gobierno abandona su tradicional función de mediador para pasar a ser juez y parte, no tiene, a primera vista, una justificación clara.

PD: Ya escrito este artículo se anuncia que el salario mínimo para el 2019 se ajustará en un 6%. El gobierno hizo bien en no anunciar durante las reuniones de concertación cual era su propuesta. De esta manera el gobierno echó atrás en su anuncio de haberse convertido en juez y parte, pero preservó su papel tradicional de mediador en las negociaciones tendientes a establecer el salario mínimo del año siguiente. Tal como se argumenta en este artículo.