En una economía como la colombiana, el monto de subsidios destinados a la unión de pequeñas ciudades para uso energético implica un consumo importante de recursos públicos. Por ello, es trascendental  hacer una asignación eficiente de los mismos, fijando reglas básicas para el otorgamiento y control, además de un mínimo de garantías del servicio que permitan optimizar las infraestructuras a las que van destinados.

Colombia es privilegiada energéticamente hablando, pues cuenta con petróleo y gas propio (aunque las reservas hay que ampliarlas) así como de recursos hídricos importantes que permiten generar electricidad en más de un 50% a partir de un recurso natural amigable con el medio ambiente como lo es el agua. Sin embargo, esa situación favorable no puede confundirse a la hora de elegir las infraestructuras para hacer llegar la energía a los hogares, pues los criterios de eficiencia económica y garantía de servicio deben prevalecer. 

Por ello en la mayor parte de las zonas alejadas, con escasos y dispersos habitantes, el combustible de uso diario debe ser el Gas Licuado de Petróleo, y en zonas más pobladas, o alejadas con población concentrada, debe usarse gas natural. En este último caso el avance del gas natural comprimido a través de camiones ha permitido conectar ciudades pequeñas haciendo eficiente su costo, en lo que anteriormente habría sido ineficiente hacerlo con un gasoducto.  A priori no tiene sentido malgastar recursos en el uso de GLP en zonas con una concentración básica de población, ni el uso de gas natural en zonas alejadas dispersas donde el costo de la infraestructura hace inviable después a los ciudadanos el costo de la misma.

Tampoco se debe dejar de considerar la elección de empresas de un tamaño mínimo y de buena reputación en esta expansión de servicio energético. Sucede en ocasiones que los gobiernos locales asignan recursos a empresas de dudosa reputación y tamaño, que prometen un precio barato y que luego hacen que el servicio que se otorga a los usuarios sea deficiente y genere quejas continuas lo que puede generar un efecto boomerang para quien otorgó esas ayudas. ¿Quién controla esta asignación? ¿Quién se hace responsable?

Es importante, por la seguridad de los ciudadanos, que la asignación de ayudas a la expansión de la infraestructura se haga a empresas reconocidas por el Regulador y por el Ministerio, de manera que exista una responsabilidad trazable en caso de que posteriormente el servicio no sea el estándar respecto a otras poblaciones similares. También se debe pensar en la SSPD que posteriormente tiene que controlar a las empresas de servicios públicos, la tediosa tarea que tienen cuando el número de empresas de servicios públicos se multiplica. ¿Cómo controlar a todas ellas?

En definitiva, no desperdiciemos el beneficio que la naturaleza nos ha otorgado con unos recursos energéticos valiosísimos, en construir infraestructuras ineficientes. Controlemos y pidamos explicaciones a los gobiernos locales, quienes asignan esos recursos, y exijámosles que garanticen un servicio adecuado con posterioridad a la construcción de las mismas, porque debemos cuidar la adecuada utilización de nuestros recursos económicos.