En los acuerdos de paz puede leerse lo siguiente: “con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a las personas que habitan en el campo, el gobierno nacional creará e implementará el plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural”.

Resulta entonces muy oportuno preguntarnos cómo va la implementación de este punto. En Colombia a veces se olvida que el mayor déficit habitacional, tomando en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos de la vivienda, está ubicado en el campo. Y no en las ciudades. Por eso, aún antes de que se firmaran los acuerdos de paz, se le dio una señalada importancia a los programas de vivienda como una de las piezas claves del desarrollo rural.

Durante el primer gobierno del Presidente Santos se le puso especial empeño a este propósito, y se lograron entregar entre 35 y 45 mil viviendas de interés social por año entre las familias campesinas pobres. Y se logró además desterrar todo asomo de clientelismo en la adjudicación de estas viviendas, lo que había sido una de las lacras en los anteriores programas.

Sin embargo, durante el último mandato del presidente Santos el empuje inicial comenzó a decaer y la clientelización invadió de nuevo como un cáncer las instancias oficiales encargadas de administrar los programas de vivienda rural. Basta recordar, entre otros muchos nocivos indicios, que el manejo de la entidad encargada en el Banco Agrario de los programas de vivienda rural se le encomendó a un valido del entonces senador Musa Besaile. No es difícil para el lector entender lo que sucedió entonces.

En lo que va corrido del actual gobierno las cosas han ido de mal en peor. El inmenso tema de la vivienda rural lo maneja una oficina subalterna de tercera categoría en el Ministerio de Agricultura, el presupuesto está reducido a la mínima expresión, y puede decirse que el mecanismo todo está paralizado. Como sucede con tantos otros programas cruciales en la implementación de los acuerdos de paz brilla la desidia y el desinterés político para implementarlos.

De unos años brillantes como fueron el 2012 y 2013 cuando se entregaron en promedio cerca de 35 mil viviendas de interés social rural por año, hemos llegado a la melancólica situación actual cuando en lo que va corrido del 2019 prácticamente no se ha entregado ninguna.

Hay que recordar que la vivienda de interés rural resulta mucho más económica que la urbana, pues los inmensos costos de extensión de las redes que requiere ésta última no se hacen necesarios en la de carácter rural. Casi podríamos decir que con lo que cuesta ofrecer una solución de vivienda en las ciudades se pueden construir 5 o 6 en la ruralidad.

El asunto ha vuelto a aflorar en estos días con las demoras de varios años que tomó en el Fondo de Adaptación la reubicación de viviendas en la vereda afectada recientemente por los deslizamientos en el municipio de Rosas Nariño. Esto es cierto y reprochable. Pero más lamentable aún es constatar que todo el mecanismo de la vivienda rural está paralizado en este momento.

En esta semana que concluye participé en un interesante taller convocado por la representante Juanita Goebertus sobre el tema de la vivienda rural que, como con tantos otros temas atinentes a la implementación de los acuerdos de paz, ha encontrado en esta diligente representante una de sus mejores aliadas. La parálisis inexcusable en que han caído los programas de vivienda rural fue objeto de cuidadosos análisis en ese taller.

Si queremos que los acuerdos de paz y en especial los atinentes al desarrollo rural integral no se queden en el papel, hay que comenzar por reanimar los hoy moribundos programas de la vivienda rural.

Pero, claro, como con tantos otros temas de la paz, se requiere una gigantesca voluntad política del gobierno que hoy brilla por su ausencia.