Un manto de duda surgió en el país ante la declaratoria de quiebra por parte de la multinacional brasileña. Se calcula que pagó casi US$32 millones en sobornos en el país

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Tras la declaratoria de bancarrota por parte de la constructora brasileña Odebrecht en Estados Unidos y tras la quiebra en Brasil en junio pasado, un manto de duda surgió ayer en Colombia ante las obligaciones que tiene pendientes la multinacional

De acuerdo con EFE Dow Jones, el grupo de construcción presentó la solicitud de protección por bancarrota en Nueva York, en la que sería la mayor bancarrota de una compañía en Latinoamérica. La empresa debe reestructurar alrededor de 22.490 millones de euros de deuda (US$25.000 millones).

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Si el procedimiento brasileño es reconocido en el Tribunal de Nueva York, Odebrecht podría disfrutar de los beneficios de las leyes de bancarrota de Estados Unidos, como la protección contra la incautación de activos en el país.

El pasado mes de junio el grupo se declaró en bancarrota en Brasil después de verse implicado en una investigación por corrupción en la que la compañía admitió haber pagado alrededor de 719 millones de euros (US$800 millones) en sobornos para conseguir contratos durante 2016.

En diciembre de ese año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht había pagado US$788 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales en doce países: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y Angola. Se calcula que en Colombia pagó alrededor de US$32 millones a funcionarios y contratistas corruptos.

Estrategia

Esta misma estrategia de la bancarrota la hizo en Brasil el pasado 26 de julio al declararse en quiebra, y presentó un plan en el que confía en la recuperación y les propone a los acreedores títulos basados en los resultados futuros de las empresas

“Odebrecht S.A., en recuperación judicial (“ODB”), comunica que presentó hoy, 26/8, en conjunto con sus sociedades controladoras y ciertas controladas, su plan de recuperación judicial (“Plan”) en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 11.101/2005”.

El Plan busca permitir la generación de riqueza a corto, mediano y largo plazos, sobre todo por medio de la venta de activos estratégicos y de la recuperación de los Negocios del Grupo Odebrecht (“Grupo”). La propuesta enviada por Odebrecht a la Justicia les confiere a los acreedores títulos de pago con base en los resultados futuros de las empresas del Grupo. Entonces, cuanto mejor sean los resultados y el flujo de caja, mayor será el volumen de recursos destinados a los acreedores.

“Estamos confiados en que avanzaremos rápidamente y de forma satisfactoria en el diálogo ya en curso con los acreedores y en la construcción colectiva de una propuesta de reestructuración”, afirmó el director presidente de Odebrecht S.A., Luciano Guidolin.

La investigación

El 21 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió la caja de Pandora al publicar documentos que revelan presuntos sobornos por US$788 millones por parte de la constructora brasileña en 12 países de América Latina y África entre 2001 y 2016.

De otro lado y concretamente en Colombia, los documentos revelados sobre Odebrecht refieren a irregularidades en contratos y sobornos por US$28 millones en la construcción de la vía Ruta del Sol II, en el que tuvo participación el consorcio brasileño entre 2010 y 2014 y habría pagado para quedarse con el contrato.

Por otra parte, también son investigadas las campañas electorales de Óscar Iván Zuloaga y del expresidente Juan Manuel Santos en 2014, por más de US$1 millón cada uno. Además de sobrepasar el tope de gastos en campaña, la ley colombiana prohíbe la financiación extranjera.

En mayo de este año Roberto Prieto, exjefe de campaña de Santos, fue condenado a cinco años de prisión por recibir presuntos sobornos pagados por la constructora brasileña.

Junto a Prieto, a quien le fueron imputados cinco delitos, pues se habría apoderado de US$230.000 de sobornos de la multinacional, se han sumado otras detenciones.

El ex viceministro de Transporte Gabriel Morales fue capturado en 2017, imputado por enriquecimiento ilícito y condenado a seis años de cárcel, debido a que recibió US$6.5 millones como soborno para adjudicar contratos del Tramo II de la Ruta del Sol a Odebrecht.

A su vez, el excongresista Otto Nicolás Bula fue imputado por haber sido contratado por Odebrecht para que obtuviera el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, en representación de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual la compañía brasileña formaba parte. Así mismo, al menos 12 personas han sido capturadas por el caso Odebrecht en Colombia.

Precisamente el pasado 8 de agosto, un Tribunal de Arbitramento consideró que por la corrupción conocida en la adjudicación de la Ruta del Sol II, el Estado debe pagar $211.273 millones (US$61 millones) para cubrir las deudas de la empresa socia de Odebrecht, pero no US$300 millones como inicialmente se había tasado.

¿A qué juega?

Al respecto y por la forma como se han dilatado los procesos de Odebrecht en Colombia y la situación actual sobre los reclamos de la multinacional, los expertos Enrique Prieto-Ríos, director de Investigación en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y René Ureña, director del área de Derecho Internacional y del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CIJUS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, señalan que “Odebrecht adoptó una estrategia legal sofisticada para presionar al Gobierno y llevarlo a una posición de negociación, con el propósito de recuperar parte de lo invertido en Colombia e incluso de garantizar parte de las ganancias”.

Sostienen que “si bien el actor común de todas las demandas es Odebrecht, técnicamente la multinacional no es la demandante en todos los procesos: en los arbitrajes comerciales, el demandante es el Consorcio Ruta del Sol, conformado por CSS Constructores (5%), Episol (33%) y Odebrecht (62%). En cambio, en la demanda de inversión el accionante es Odebrecht Latinvest Transport Colombia SL, una filial española de Odebrecht con sede en Barcelona”.

Aseguran en un informe publicado en Razón Pública, que “este tecnicismo es importante, pues Odebrecht solo puede beneficiarse del tratado de protección de inversiones entre Colombia y España en calidad de inversionista español. Por supuesto, no sorprende que una empresa como Odebrecht, que creó uno de los más sofisticados sistemas de corrupción transnacional de la historia, utilice ahora mecanismos de derecho transnacional para defender su posición”.

También afirman que “esa estrategia consiste en aprovechar la existencia de diversos foros jurisdiccionales disponibles para mejorar su posición negociadora. Odebrecht adelanta sus procesos de manera paralela, como si los procesos en las otras cortes no existieran, y al mismo tiempo utiliza un proceso para mejorar su posición en los otros. Es de esperar, entonces, que Odebrecht ofrezca, por ejemplo, retirar la demanda comercial internacional a cambio de una indemnización en el proceso de inversión, o al revés, que ofrezca suspender el proceso bajo el tratado de protección de inversiones con España, a cambio de un arreglo en el proceso comercial”.