Siete entidades financieras cuestionan la decisión del Tribunal de Arbitramento por decidir un monto de apenas $211.000 millones

Una solicitud de nulidad ante el Consejo de Estado sobre el fallo del Tribunal de Arbitramento harán los bancos acreedores de la Ruta del Sol II, que el pasado 6 de agosto decidió que el monto que debe pagar la Nación por las obras ejecutadas es $211.000 millones.

Esto, a pesar que el Gobierno adelantaba una negociación para pagar más de $1,2 billones por las deudas que dejó este proyecto.

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Los bancos acreedores son Bancolombia, Davivienda, Itaú y cuatro que pertenecen al Grupo Aval: Banco de Occidente, Banco Popular, Banco de Bogotá y Banco AV Villas.

Con anterioridad el Grupo Aval reaccionó a la decisión del Tribunal de Arbitramento e indicó que “el valor establecido en el laudo ($211.000 millones) es adicional al monto que ya se había reconocido y pagado a los bancos ($1,4 billones), por lo tanto, el valor real total de la liquidación reconocida es de $1.63 billones”.

Obligaciones

Además, dicen que en el fallo se lee que el Tribunal “no niega la condición de acreedores de buena fe de los bancos ni su condición de depositarios de la confianza de los ahorradores”, y que a diferencia de lo que han dicho algunos peritos, la cifra reconocida por el Tribunal a favor de la concesionaria Ruta del Sol II “ratifica que el Estado sí está en obligación de pagar a la concesionaria para no configurar un enriquecimiento sin justa causa”.

Por otro lado, establecen que de los $211.000 millones, $187.000 millones se encuentran actualmente en el patrimonio autónomo de la Concesión, disponibles para cubrir las deudas con los acreedores de buena fe.

Y reiteran que “Grupo Aval y sus bancos ya han provisionado en sus balances gran parte del impacto y el excedente a pagar representa menos del 1% del patrimonio total de la organización”.

En riesgo

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se pronunció luego del laudo emitido por el Tribunal de Arbitramento sobre el caso de Odebrecht y la Ruta del Sol II, que determinó que la deuda con los bancos por la nulidad del contrato, era de un poco más de $200.000 millones.

El dirigente político advirtió que esta decisión podría poner en riesgo la financiación de las obras de infraestructura en todo el país.

Vargas Lleras salió en defensa de las entidades financieras, que según la ley son consideradas como “terceros de buena fe”, a las cuales se les debe proteger en medio de este proceso.

“Los terceros de buena fe deben ser protegidos, pues ese es el espíritu de la norma. No hacerlo eleva el riesgo de los proyectos y, por lo tanto, su costo, además de crear un muy mal antecedente en materia de seguridad jurídica”, indicó Vargas en su cuenta de Twitter.

El ex vicepresidente dijo además que las obras de infraestructura podrían encarecerse, por los incumplimientos con los bancos, que son los que prestan los recursos.

“La interpretación de la Ley 1882 de 2018 por el Tribunal de Arbitramento y la posibilidad de que ella haga carrera en el futuro podrían poner en dificultades y encarecer sensiblemente el financiamiento de las obras de infraestructura en nuestro país”, añadió.

El Gobierno nacional había intentado lograr un acuerdo con los seis bancos involucrados en este caso, por un monto aproximado de $1.2 billones. Sin embargo, esa negociación se cayó sin que se lograra un consenso.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, había indicado que esta reunión con las entidades financieras, que se llevó a cabo en la sede de la Vicepresidencia de la República, se adelantó con total transparencia.

El presidente Iván Duque ha respaldado la gestión de la funcionaria, pese a que senadores de la oposición como Jorge Enrique Robledo, han pedido su renuncia tras considerar que estaba inhabilitada por haber trabajado en el pasado para los bancos del Grupo Aval.

A su vez, el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, aseguró que la decisión del tribunal de declarar la nulidad por causa ilícita puede blindar al Estado colombiano de las demandas en el exterior presentadas por Odebrecht.

“El argumento de la causa ilícita puede ser utilizado por la defensa jurídica del Estado para desestimar las demandas de Odebrecht en tribunales internacionales por el perjuicio que le haya podido causar la terminación del contrato por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio en febrero de 2017”, señaló.

Lara añadió que si bien solo se ordenó el pago de $211 mil millones, se tiene que analizar cuánto se había desembolsado por concepto de la construcción de la carretera.