El metal es exportado como chatarra a los mercados de China, Corea y Brasil
Pérdidas superiores a los $62.480 millones afrontaron las empresas prestadoras de servicios públicos y de las tecnologías de la información, las comunicaciones y televisión, en 2018, producto del hurto a la infraestructura de las redes, como tubos de cobre, cables, tapas, canecas y contenedores, entre otros, por parte del ‘Cartel del Cobre’.
Para el MinTIC, el hurto del cable de cobre, de baterías, equipos de comunicaciones y de fibra, es un “enemigo silencioso”.
De acuerdo con los servicios de inteligencia del Estado se trata de complejas organizaciones al margen de la ley que se han especializado en el hurto de cobre, que luego es exportado hacia los mercados internacionales, entre ellos China, Corea y Brasil.
Para la Dirección General de la Policía es necesario seguir fortaleciendo los esquemas de seguridad, la vigilancia a través de los cuadrantes, con las cámaras y contar con la comunidad que es la que finalmente sufre las consecuencias de los hurtos y así enfrentar con éxito este flagelo que deja anualmente multimillonarias pérdidas económicas.
El hurto de los cables de cobre y de fibra a las empresas de teléfonos y de energía, afecta a miles de usuarios en vastos sectores donde se produce la acción criminal, pues se quedan sin los servicios de energía, sin televisión, sin Internet y sin teléfonos.
Alberto Torres, reportó una falla en el sistema de energía en un sector del sur de Barranquilla por Twitter y rápidamente decenas de ciudadanos también acudieron al celular para denunciar por las redes el pésimo servicio, pero no sabían que en su jurisdicción se habían hurtado unos 500 metros de cable.
De acuerdo con los servicios de inteligencia del Estado, el cable de cobre y las baterías son los artículos más perseguidos y codiciados por los delincuentes, ya que tienen salida rápida en el mercado nacional e internacional.
Las baterías, fundamentales para la prestación del servicio de telefonía móvil, se convierten en un botín preciado por los antisociales.
Las autoridades recuerdan que hace un par de años el hurto de la infraestructura de telecomunicaciones y de las empresas de servicios públicos se limitaba a habitantes de calle que robaban el cable de cobre y lo vendían rápidamente en las cacharrerías por exiguos precios.
Pero hoy en día existen verdaderas organizaciones criminales que emplean a personas con amplios conocimientos técnicos del sector y a otras expertas en comercializar los elementos hurtados.
“También esas redes delictivas cuentan con elementos operativos y técnicos que rápidamente pueden desmantelar una planta o un sector, mientras otros son los encargados del transporte de la infraestructura hurtada hacia lugares donde es chatarrizada en un esfuerzo para evitar la acción de la Fiscalía y de la Policía”, dijo un portavoz de la agencia de seguridad del Estado consultado por EL NUEVO SIGLO.
Añadió que en “en muchos casos los antisociales visten prendas de uso exclusivo de las empresas de telefonía celular o de las de servicios públicos, al parecer, para no despertar sospechas de las autoridades e incluso le informan a los vecinos que se trata de simples labores de mantenimiento”.
Mientras tanto, la DIAN trabaja para controlar que las exportaciones de chatarra de cobre hacia los mercados de China, Corea y Brasil, entre otros países, cumplan con todos los requisitos.
Al mismo tiempo, la Policía Fiscal y Aduanera también trabaja las 24 horas del día para enfrentar el flagelo del contrabando de cobre que ingresa ilegalmente al país y sin el lleno de los requisitos legales.
Precisamente, el director de Gestión de la Polfa, general Juan Carlos Buitrago, dijo que “en los antecedentes de la vigencia 2018, en jurisdicción de Ipiales, en el departamento de Nariño, fueron decomisadas aproximadamente 10 toneladas de cobre que, al parecer, tenían como destino final el interior del país”.
Impacto
De otro lado, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, afirma que el hurto de infraestructura no solo causa un millonario impacto a las entidades sino a la comunidad en general que afronta las duras consecuencias de los cortes de agua, luz, teléfono, televisión e Internet.
Indicó que las compañías en mención reportaron pérdidas en 2018 superiores a los $62.480 millones como producto del hurto a la infraestructura de las redes, como tubos de cobre, cables, tapas, canecas y contenedores, entre otros.
En cuanto a las TICS, tecnologías de la información y de comunicaciones, que constan de equipos de programas informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato, es decir, voz, datos, textos e imágenes, sufren duras consecuencias por el hurto del cable de cobre y de las baterías.
En 2017, de acuerdo con la información que tienen las autoridades, ocurrieron más de 111 mil casos de hurto y en 2018 se presentaron también importantes cifras de acciones criminales, afectando a más de 1 millar de redes fijas y casi en igual proporción en las redes móviles, al tiempo que se reportó el hurto de 4.500 baterías.
ETB
La concejala conservadora, Gloría Díaz, denunció que en los últimos dos años ETB, perdió más de $3 mil millones por el hurto de cables de cobre.
Díaz Martínez dijo que en 2017 los costos de recuperación superaron con creces los $1.700 millones y en 2018 los $1.900 millones.
Reveló que el hurto del cable que se hace en una calle de la capital del país, equivale a $5 millones y en este orden de ideas una persona dedicada a este delito fácilmente se puede robar unos $100 millones.
“El actor delincuencial que más hurta cable de cobre es el habitante de calle, en un 69% y el restante 31% es ejecutado por delincuentes locales y de redes estructuradas”, acotó
Por su parte, Jorge Castellanos, presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, reveló que desde el 1 de enero al 30 de junio del año en curso, fueron instauradas denuncias ante la Fiscalía General por el hurto de cable de cobre y de cabinas telefónicas, que condujeron a la aprehensión de 17 personas.