El presidente designó un nuevo funcionario que llega cargado de desafíos en una de las entidades más importantes del Estado

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Para ponerse al frente del Departamento de Planeación Nacional (DNP), el presidente Iván Duque designó a Luis Alberto Rodríguez, quien se venía desempeñando como viceministro técnico de Hacienda.

Según el mandatario, Rodríguez es uno de los economistas más jóvenes, destacados y brillantes del país, por eso es la cabeza de una de las entidades más importantes del Estado. El funcionario viene cargado de retos para una entidad que maneja el presupuesto de inversión en las regiones, que para la vigencia 2019 fue de $223 billones.

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Entre los retos del nuevo funcionario se destacan cinco.

1. Implementar el Plan Nacional de Desarrollo

Debido a que la entidad es la encargada de la planeación de la ejecución de los recursos del país debe comenzar a reunirse con las regiones para coordinar la ejecución de los recursos con las mismas. Por eso durante la designación del funcionario, el presidente Duque aseguró que Rodríguez "es un hombre que conoce la profundidad de las regiones de nuestro país, que se ha formado a pulso, con esmero, con un gran talento y, sobre todo se ha destacado siempre por ser una persona de gran rigor", un requisito que parece fundamental a la hora de escoger este funcionario.

El DNP también tiene la responsabilidad de estructurar la metodología para el diseño, el seguimiento y evaluación de las políticas, los programas y los proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y las metodologías para la identificación, formulación y evaluación de los proyectos financiados con los recursos nacionales. En últimas, es el que da el visto bueno para realizar las obras.

2. Depuración del Sisbén

El Sisbén es una base de datos que permite a las diferentes entidades del Estado dirigir el gasto social hacia quienes más lo necesitan, por eso se realiza una depuración de dicha base de datos luego de ocho años desde la última encuesta. La metodología para adelantar esta tarea se hace a través de la aplicación de ocho millones de encuestas en 189 municipios durante 2017 y más de 300 en 2018. El Gobierno asegura que el nuevo Sisbén, entrará en vigencia en 2020, y cuenta con mejoras tecnológicas, metodológicas y operativas que ofrecerán información de mayor calidad para dirigir el gasto social y ser un insumo para el diseño de política pública.

La depuración que realiza la entidad busca ver cuántas familias no necesitan de los subsidios del Estado. En este caso no solo se está hablando de ‘colados’, personas que nunca han necesitado los subsidios, sino de familias que mejoraron su situación y ya no los necesitan más.

En la exposición de motivos del Plan Nacional de Desarrollo, antes de su aprobación el Gobierno aseguró que “los estudios realizados sobre la forma en que se determinan y distribuyen los subsidios públicos domiciliarios de energía, acueducto y alcantarillado y gas natural, así como los subsidios a programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, entre otros, y los apoyos a la actividad agropecuaria, como siembra y comercialización de fibra de algodón, almacenamiento de arroz, ingreso cafetero, etcétera, muestran que existe margen para replantear el costo presupuestal asociado al actual esquema de focalización de los recursos”.

3. Cumplimiento de los compromisos de Colombia para ingresar a la OCDE

El 24 de abril el Congreso aprobó el proyecto de ley que sellaba el acuerdo entre Colombia y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un paso más para el ingreso del país a esa organización. La ley ahora se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional que tendrá la última palabra frente a la iniciativa. El DNP será el encargado de vigilar al Estado para que haga parte del llamado club de buenas prácticas. La encargada de hacer este seguimiento será, nada más y nada menos, que la anterior directora de la entidad, Gloria Alonso, quien será designada como representante de Colombia ante la OCDE.

La OCDE es una organización que ayuda a establecer políticas públicas para promover el desarrollo económico, el bienestar de los mercados laborales, impulsar la inversión y el comercio, fomentar el desarrollo sostenible, incrementar los niveles de vida y el funcionamiento de los mercados. Según el Gobierno, la decisión de Colombia de pertenecer a la OCDE “demuestra el compromiso de convertirse en una nación responsable, generando reformas motivadas en favor de las buenas prácticas y experiencias adquiridas de los estados miembro, para lograr un crecimiento económico y humano en línea con lo que busca el Gobierno nacional en términos de legalidad, emprendimiento y equidad”.

4. Reforma Sistema General de Participaciones

El Sistema es la norma que permite el traslado de los recursos del Gobierno nacional a los gobiernos municipales, distritales y departamentales del país y de su distribución está encargado el DNP. Hasta el momento esa partida presupuestal está siendo discutida en el Congreso y podría llegar a los $157 billones que deben ser invertidos en Salud, Educación y funcionamiento. Según el Gobierno se eliminó la competencia del Conpes para aprobar la distribución de los recursos del SGP descrita en el artículo 85° de la Ley 715 de 2001; que a partir de ahora se realizará a través de un ‘documento de Distribución’ que estará a cargo del Ministerio de Hacienda.

5. Regalías

Las regalías son los recursos que recibe el Estado por permitir la extracción de sus recursos naturales. La última reforma constitucional que va en cuarto debate al sistema busca que los departamentos productores reciban más dinero. Esto, sin embargo, no deja por fuera a los demás entes territoriales de Colombia. Según el gobierno para garantizar la legitimidad y la transparencia de la administración de estos recursos, las inversiones provenientes del Sistema General de Regalías estarán circunscritas al mecanismo de participación ciudadana. De esta reforma y de su aplicación también será encargado el DNP.