EL MINISTERIO de Hacienda recibió autorización para realizar un recorte presupuestal de $33 billones este año, según el jefe de la cartera, Ricardo Bonilla.

De esta cifra, $20 billones estaban previamente congelados. Sin embargo, la decisión final sobre qué sectores enfrentarán estos recortes será tomada por un comité político.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo desde el congreso de Asoexport, que “en mayo se hizo una suspensión de presupuesto dado que se empezó a encontrar que las previsiones de recaudo esperadas no coincidieron con las reales. Hoy ya sabemos que efectivamente que ese recaudo no se va a conseguir, ese decreto de suspensión que fue por $20 billones. Ahora hay que volverlo un decreto de recorte efectivo y que debe salir este mes y estamos examinando, dadas las dificultades de recaudo, si lo llevamos hasta $33 billones.

Sin embargo, este anuncio ha generado expectativas sobre el impacto que estos recortes podrían tener en áreas clave como la educación, la salud y la infraestructura.

Previsiones

Esta situación de alcanzar un recorte de $33 billones, ya fue advertida hace unas semanas por analistas, investigadores e incluso por el mismo Comité Autónomo de Regla Fiscal (CARF).

En el informe de hace un mes, el CARF dijo que “con estos datos, el CARF encuentra que el escenario fiscal de 2025 programa gastos con ingresos inciertos, lo que requeriría ajustes de gasto posteriores para cumplir con la Regla Fiscal en 2025, del orden de $33 billones”.

En el mismo comunicado, los miembros del Comité, criticaban la actitud del Gobierno al señalar que “los cambios del escenario fiscal, con solo 45 días de diferencia, restan credibilidad al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) como principal herramienta de programación fiscal; lo planteado para 2025 no es consistente con el MFMP para 2024-2035. El escenario fiscal de 2025 reduce el tamaño del déficit primario frente al MFMP 2024 (de -0,5% a -0,1% del PIB), lo cual es positivo, pero está sujeto a que se materialice la expectativa de recaudo tributario del Gobierno”.

Mayor ajuste

Los expertos indicaron que “las contingencias que se presenten en los ingresos en 2025 deberán traducirse en un ajuste de gastos para garantizar el cumplimiento de la Regla. Con respecto del mediano plazo, el CARF reitera su preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas. En cuanto a la sostenibilidad de la deuda, se llama la atención sobre la necesidad de generar mayores superávits primarios a los proyectados en el MFMP, debido a que las tasas reales de interés de la deuda pública se mantienen en niveles elevados en comparación con el crecimiento de la economía”.

De acuerdo con el equipo de investigaciones del Banco de Bogotá, de este monto, $20 billones obedecerían a la oficialización del recorte presupuestal de los recursos congelados a finales de mayo, y los $13 billones restantes serían resultado de la estimación preliminar del Gobierno del faltante de ingreso por el menor recaudo tributario respecto a la meta trazada.

Consideran los investigadores que “la materialización de la misma representaría un cambio sustancial para el cumplimiento de la regla fiscal.

Con ello, el recorte del gasto en funcionamiento e inversión del Gobierno, al excluir las transferencias al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), sería de $63,8 billones en todo el 2024 (frente a la asignación aprobada en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

Meta ambiciosa

A juicio de los expertos, “sin embargo, existen matices que ponen en tela de juicio si el Gobierno podrá concretar el ambicioso recorte de gasto. Por ejemplo, en febrero, con la actualización del Plan Financiero, la Nación se comprometió a ajustar en $20,1 billones su gasto primario sin FEPC. Dado que en aquel momento no hubo un decreto que confirmara dicho recorte, se infirió que la estrategia para lograr este objetivo era a través de una subejecución presupuestal”.

Señalan que “de hecho, en la publicación del MFMP, las autoridades anunciaron un ajuste adicional en el gasto primario sin FEPC frente al plan financiero de $30,7 billones ($50,8 billones de recorte acumulado hasta el momento)”.

Explican que “$20 billones estuvieron soportados por el Decreto 677 de 2024 donde el Ministerio de Hacienda congeló recursos del PGN por dicho monto. Así, los $10,7 billones restantes se relacionarían, nuevamente, con una estrategia de subejecución”.

Sostiene el equipo de investigaciones que con ese recorte “de confirmarse el nuevo ajuste, el Gobierno estaría confirmando su compromiso de honrar la regla fiscal, algo positivo para el país. La noticia es positiva y ya los mercados han reaccionado favorablemente con una menor prima de riesgo país, una reducción en las tasas de la deuda pública y una revaluación de la tasa de cambio”.

Cuentas fiscales

De hecho, con el anterior recorte de $20 billones que decidió el Gobierno en el presupuesto general y que fue incluido en el MFMP, es un “retroceso” que abre la puerta a un nuevo recorte si los ingresos tributarios no mejoran.

Así calificó JP Morgan, las nuevas cuentas fiscales presentadas por el Gobierno nacional, pero aseguró que este documento es un paso en la dirección correcta.

Sostuvo el banco estadounidense que “consideramos que el ajuste del gasto es demasiado “hacia atrás” en la medida en que la reducción actual coincide aproximadamente con la cantidad en la que la recaudación de ingresos fiscales ha superado el objetivo del año hasta la fecha”.

Señaló la entidad que “dado los limitados amortiguadores fiscales y el margen de error, no se puede descartar el ajuste adicional del gasto si los ingresos fiscales continúan decepcionando, lo que vemos como un escenario plausible”.

En junio pasado, el gobierno hizo el primer anuncio sobre el recorte de $20 billones.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo inicialmente que bloqueará algunos renglones del gasto asignado a las entidades estatales, por el 4% del presupuesto general. Se trataba de una medida parcial y transitoria sobre algunos rubros de la función pública que aún no han sido aprobados. Por eso, Hacienda dijo que la decisión no afecta a los procesos contractuales en curso.

El desafío fiscal

Colombia enfrenta un desafío fiscal significativo, ya que el déficit fiscal del país alcanzó el 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB) entre enero y agosto de 2024, según un informe del Banco de Bogotá. Esta cifra representa el segundo registro más alto para este periodo desde 2004, lo que obliga al gobierno a ajustar sus niveles de gasto para cumplir con la Regla Fiscal vigente.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del gobierno proyecta que el déficit fiscal podría llegar al 5,6% del PIB para el final del año, lo que supone un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a 2023. Para alcanzar este objetivo, las autoridades deberán reducir el gasto público en un 20% y asegurar que el recaudo tributario se mantenga conforme a las metas establecidas.

Sin embargo, la Dirección de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá advierte que, si los ingresos fiscales no alcanzan las proyecciones, el ajuste en el gasto podría superar el 30%. Esto se traduce en que el gobierno tendría aproximadamente $92,5 billones disponibles para los gastos de los últimos cuatro meses del año. No obstante, con un déficit en el recaudo de más de $8 billones hasta septiembre, el margen de gasto podría reducirse a unos $80,5 billones.