Cuando la viceministra de Hacienda, Juanita Villaveces, anunció ante el Congreso en pleno lo que ya se venía especulando con los impuestos por la conmoción interior, un ligero temor transita entre muchos parlamentarios, analistas y expertos.

No en vano se les vino a la memoria que esos impuestos que nacen con el argumento de que serán transitorios, con el paso del tiempo se vuelven permanentes.

“Así como sucedió hace varios años con el impuesto a las transacciones financieras, que inicialmente  fue el dos por mil; luego se volvió permanente y lo subieron al cuatro por mil”, señala a este diario el economista Ricardo Montenegro.

A pesar de que la declaratoria de emergencia económica es la que permite establecer nuevos tributos, el artículo 38 de la Ley 137 de 1994 indica que en el estado de conmoción interior se podrán “imponer contribuciones fiscales o parafiscales” para una sola vigencia fiscal, o durante la vigencia de la conmoción, “percibir contribuciones o impuestos” que no figuren en el presupuesto de rentas y “hacer erogaciones” con cargo al Tesoro que no se hallen incluidas en el de gastos.

Mayor recaudo

En el Congreso, y pese a que la funcionaria aseguró que las medidas que buscan el recaudo de $1,063 billones serán por 90 días y los recursos “se utilizarán única y exclusivamente para la atención de la conmoción interior”, surgen muchas dudas, sobre todo porque la consideran una ‘minitributaria’ con recursos que no se pudieron alcanzar con la malograda ley de financiamiento.

Los tres tributos se distribuirán entre el IVA a los juegos de suerte y azar, con los que se espera obtener $519.000 millones; una contribución de las exportaciones de carbón y petróleo, con el objetivo de recaudar $330.000 millones, y el impuesto de timbre, con $214.000 millones.

Más tributos

En declaraciones a los medios, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sostuvo que, con la cascada de impuestos por la declaratoria de conmoción interior, el Gobierno “pretende meter la ley de financiamiento por la puerta de atrás”.

Para él, no queda claro la dimensión de la necesidad económica y por eso “luce sospechoso que terminen metiéndole las mismas fuentes de la ley de financiamiento”. Restrepo afirmó que no queda claro que se hayan tomado las medidas al anuncio previo desde noviembre de 2024 por la Defensoría del Pueblo.

“En beneficio de los desplazados, más rápidamente se podrían lograr inversiones desde el actual presupuesto, tal como se hizo en Providencia en el pasado (el monto necesitado es casi el mismo)”, detalló.

El exministro sostuvo que “es posible definir impuestos, pero únicamente para atender el problema específico que origine la conmoción interior en el territorio afectado”.

Además, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas le recomendó al presidente Petro que no intente revivir la reforma tributaria que el Congreso ya rechazó, aprovechándose de la delicada situación del Catatumbo. “Si va a utilizar los estados de excepción, concéntrese en resolver la crisis humanitaria, empodere y apoye a la Fuerza Pública para retomar el control del territorio”.

En su mensaje hizo un llamado al Gobierno para no utilizar la crisis del Catatumbo como pretexto para resolver problemas fiscales. “Si se requieren ingresos adicionales, que sea exclusivamente para atender la situación en el Catatumbo, no para las necesidades fiscales del Gobierno”, enfatizó.

Ante esta escalada de impuestos, uno de los gremios más afectados es el de los juegos de azar.

Estabilidad en juegos

Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, dijo que esa medida pondrá en riesgo la estabilidad de la industria.

En el tercer trimestre de 2024 los juegos en línea aportaron $231.343 millones al sistema de salud y generaron 150.000 empleos formales. Fecoljuegos advirtió que la imposición de un IVA podría alterar este panorama, generando un desbalance en las concesiones otorgadas y poniendo en riesgo la viabilidad de las empresas autorizadas. 

"Es fundamental proteger un modelo que ha demostrado ser un motor de empleo, innovación y desarrollo económico, asegurando que los recursos para la salud no se vean comprometidos", dijo Montero. 

El gremio explicó que el modelo económico actual ya opera con márgenes ajustados, pues cerca del 97 % de lo apostado se retorna en premios a los jugadores, mientras que los derechos de explotación y otros costos operativos absorben gran parte de los ingresos netos de los operadores.

Señaló el dirigente gremial que un nuevo impuesto podría agravar esta situación, dificultando el cumplimiento de las obligaciones financieras y reduciendo los aportes al Estado. 

Asimismo, Fecoljuegos sostuvo que la medida podría fomentar el crecimiento de plataformas ilegales, que operan fuera del marco regulatorio, al tiempo que agregó que se aumentarían los riesgos para los jugadores y se reducirían los recursos destinados a la financiación de programas sociales y de salud.

Efectividad

A su vez, el sector energético reaccionó en contra de la medida tomada por el Gobierno. En declaraciones a la FM, Francisco José Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, cuestionó la efectividad de esta medida y advirtió que podría afectar la presencia de empresas privadas en el país.

"El Gobierno declara la conmoción interior para buscar conjurar la crisis en el Catatumbo. Sabemos que la situación de orden público en esta región no es nueva y que distintas entidades habían alertado sobre lo que podía ocurrir allí. Sin embargo, esta es la crónica de una masacre anunciada, resultado de equivocaciones de fondo en el Gobierno y en el Ministerio de Defensa", afirmó.

Respecto a las exportaciones de petróleo y carbón, Lloreda indicó que el Ejecutivo busca recaudar más de un billón de pesos mediante un impuesto del 1 % sobre estos bienes. No obstante, argumentó que el impacto real recaerá sobre las empresas privadas, ya que "los 214 mil millones de pesos que quieren recaudar de las exportaciones de Ecopetrol podrían obtenerse a través de una distribución de dividendos sin necesidad de crear un nuevo impuesto".

Menor inversión

Lloreda aseguró que esta medida "busca seguir desincentivando la presencia de empresas privadas en Colombia y espantarlas", agregando que tampoco existe claridad sobre el destino de los recursos que se recauden. "Si creen que con un billón de pesos se va a conjurar la situación de inseguridad en el Catatumbo y otras regiones, están muy equivocados", dijo, señalando que el problema también radica en la baja ejecución del presupuesto por parte de los ministerios y agencias gubernamentales.

Respecto a cómo podría afectar esta medida a los consumidores, Lloreda explicó que, aunque no tiene certeza sobre la estructura del impuesto, este tipo de cargas tributarias terminan impactando la inversión y el desarrollo del sector. "No podría decir en este momento si se terminaría trasladando al usuario final, pero lo que vemos es que es una medida innecesaria, porque esos 214 mil millones de pesos perfectamente podrían ser aportados desde el presupuesto de otras entidades o desde la propia Ecopetrol", manifestó.