LA DECISIÓN de un juez de embargar las cuentas del Gobierno como una medida cautelar por las millonarias deudas pendientes con las Empresas Públicas de Medellín (EPM), no solo expuso la extrema situación que actualmente soportan las empresas distribuidoras de energía del país que han subsidiado el servicio principalmente a los estratos 1, 2 y 3, sino que provocó la reacción inmediata del gobierno no solo a esa determinación, sino que el ministro de Minas, Edwin Palma pidió la inspección a la compañía se servicios antioqueña.

Concretamente y mediante una carta a la Superintendencia de Servicios, el jefe de la cartera de Minas, pide hacer un seguimiento y monitoreo de las actividades que están ejecutando en EPM con el fin de establecer si se está cumpliendo el contrato de servicios públicos y las normas a las cuales está sometido como prestador. Y solicita que, en caso de ser necesario, la Superintendencia establezca los correctivos que considere necesarios para subsanar las eventuales irregularidades que pueda encontrar en dicha inspección.

Esta reacción del gobierno no hizo, sino calentar más el ambiente energético del país, que según las empresas distribuidoras está a punto de un ‘apagón’ financiero.

Deuda total

La deuda total del Gobierno nacional con el sector energético a corte de enero ascendía a $7,4 billones, de los cuales $2,8 billones tienen que ver con subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3; $3,2 billones por la opción tarifaria; $1,2 billones ante la deuda oficial y $400.000 millones por precios de la energía en la Bolsa.

El 60% de la deuda es pública del orden nacional y territorial, y representa cerca de dos años de los ingresos de las empresas del sector energético en Colombia. A su vez, las deudas de gas por concepto del cilindro en pipetas alcanzan los $48.000 millones.

Esto a pesar de los compromisos del ministro de Hacienda, Diego Guevara de pagar parte del subsidio adeudado y las tarifas de energía para los estratos 1, 2 y 3.

Compromisos

A mediados de febrero pasado, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, anunció que el Gobierno se comprometía a abonar $800.000 millones para cubrir parte de la deuda por los subsidios de energía.

Este abono se dividirá en tres pagos que se realizarán durante los próximos tres meses para evitar los apagones financieros que las compañías han venido advirtiendo.

De esta manera, a finales de febrero se iba a girar $350.000 millones, en marzo se haría otro pago por $250.000 millones y en abril habría un abono adicional de $200.000 millones.

Sin embargo, estas cuentas al parecer no se han cumplido.

Embargos

Precisamente, en la decisión del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá al ordenar al Gobierno nacional, a través de los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, pagar la deuda que mantiene con Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P., CENS, filial de Empresas Públicas de Medellín, EPM, se da en el marco de un proceso ejecutivo promovido por la empresa, en el que se reconoció la obligación clara y exigible de la nación con la entidad prestadora del servicio eléctrico.

De acuerdo con el fallo, el juzgado decretó el embargo y retención de fondos en cuentas bancarias, ahorros y productos financieros a nombre del Estado, con el fin de garantizar el cumplimiento de la deuda. “Se decreta el embargo y retención de los dineros que reposen en las cuentas corrientes, de ahorros, CDT y demás productos bancarios de los que sea titular el extremo demandado”, señala el documento judicial.

El mandamiento de pago expedido por el juzgado establece que el Gobierno deberá cancelar a CENS más de total de $41.654.551.225 por concepto de capital adeudado, además de $5.258.957.894 en intereses moratorios calculados a la tasa máxima legal permitida. La obligación continuará generando intereses hasta que se acredite el pago total de la deuda.

Ante esta situación, el tribunal notificó a la Administración de Impuestos Nacionales sobre la medida y concedió un plazo de cinco días hábiles para que la Nación acredite el pago, tras lo cual se dará trámite a la respectiva notificación del mandamiento de pago.

Acciones legales

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció el embargo de las cuentas del Gobierno debido a las deudas pendientes con EPM y sus filiales. A través de su cuenta en la red social X, Gutiérrez explicó que la nación aún no ha pagado la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3, cuyo pago corresponde a EPM desde el año pasado.

“Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, afirmó el mandatario local, agregando que esta decisión judicial “genera un hito alrededor de varias acciones legales que emprendimos en contra del Gobierno nacional”.

El alcalde también señaló que su administración ha presentado demandas por las deudas con Afinia y otras filiales de EPM, además de acciones legales por el incumplimiento en el pago de los aportes para la construcción del Metro de la 80 en 2024 y el decreto de presupuesto que aplaza el pago correspondiente a 2025.

Gutiérrez hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que cumpla con las obligaciones pendientes. “Presidente Petro, esta es una decisión de la Justicia, le pido que pague lo que debe, no le estamos pidiendo un favor, simplemente que cumpla con la Constitución y la ley”, puntualizó.

Minminas

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la gestión del Gobierno en relación con los pagos al sector energético, asegurando que un alto porcentaje de las deudas con las empresas del Grupo EPM ya ha sido cubierto.

Según sus declaraciones, se han realizado desembolsos que alcanzan el 85% de los compromisos adquiridos, y existe un plan de pago estructurado en coordinación con el Ministerio de Hacienda para cumplir con el restante, dentro de los límites fiscales actuales.

Otro de los puntos álgidos en esta controversia ha sido la gestión de Afinia, otra filial del Grupo EPM que opera en la región Caribe.

Según Palma, la empresa no ha garantizado un servicio eficiente para sus usuarios y ha utilizado el anuncio de posibles apagones como herramienta de presión política.

En su opinión, algunas de estas declaraciones han sido respaldadas por alcaldes opositores al Gobierno, lo que refuerza la idea de que detrás de la discusión sobre las deudas hay un trasfondo político más profundo.

Los distribuidores

Para la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), este es uno de los ejemplos de los frentes de dificultades que tienen las compañías distribuidoras y comercializadoras de energía, por el que registran una apretada situación financiera, que podría, incluso, conducir a un ‘apagón’ financiero en el sector.

Las cuentas de Asocodis, que agrupa a las distribuidoras y comercializadoras, eran las siguientes hace un poco más de un mes: la deuda total se ubicaba en $7,4 billones, representados en $2,8 billones de subsidios, $3,2 billones de opción tarifaria, $1 billón de deuda oficial y $400.000 millones de precios que deben recuperarse por precio de bolsa.

El gremio actualizó las cifras de la deuda de los usuarios oficiales y, de acuerdo con información con corte a diciembre de 2024, ya ese valor, por ese rubro aumentó a $1,2 billones.

“Un análisis sobre el estado de deudas que tienen los llamados usuarios oficiales con las empresas prestadoras de servicio eléctrico muestra un repunte de más de $200.000 millones, equivalentes a un incremento del 20%, de manera que la deuda total de este segmento ascendió a $1,2 billones, al cierre de 2024”, señaló Asocodis.

La cultura del no pago

El director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur, manifestó su preocupación por las finanzas de las empresas, pero al mismo tiempo advirtió sobre otros impactos que trae el no pago: “Que los usuarios no paguen lo que consumen tiene consecuencias delicadas, ¡no pagar apaga! Y en este caso de los usuarios oficiales, no cumplir con su responsabilidad los expone a sanciones, pero lo peor es que terminan afectando el servicio de y para las comunidades”.