LA CRISIS de seguridad en algunas regiones del país por la presencia de grupos armados también impacta alcaldes, diputados y concejales. En el municipio de Tierralta, en Córdoba, siete cabildantes recibieron en sus celulares mensajes amenazantes conminándolos a renunciar en 48 horas o si no les advierten que atentarán contra ellos. EL NUEVO SIGLO hizo un sondeo con asociaciones que representan a estos servidores públicos para conocer cuál es la dimensión de esta situación.
“Decía concejal Carina, te estás oponiendo al desarrollo del municipio de Tierralta, tienes 48 horas para renunciar a tu curul”, explicó a Noticias Caracol la cabildante Carina Ruiz. Agregó que “somos siete los amenazados. Hay un periodista y un abogado amenazados”.
Por su parte, el alcalde de Tierralta, Jesús Contreras, dijo que “rechazamos de manera categórica estas presuntas amenazas, pero también le hemos pedido a la Fuerza Pública, a la inteligencia policial y militar, le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que vaya a la profundidad para esclarecer estos hechos”.
El comandante de la Policía Córdoba, coronel Alexander Martín, dio cuenta de que “de manera inmediata tomamos contacto con cada uno de ellos donde les brindamos medidas de autoprotección, avanzamos en la recepción de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, de igual manera coordinamos con la UNP (Unidad Nacional de Protección), teniendo en cuenta que son concejales”.
Así mismo, se realizó ayer un consejo de seguridad en Tierralta con la participación de las autoridades civiles, policiales y militares para analizar la situación y determinar medidas con el fin de garantizar la integridad de todos los miembros del Concejo y que puedan desarrollar su labor.
A su turno, la Procuraduría General además de solicitar a la Alcaldía de Tierralta realizar el citado consejo de seguridad extraordinario, simultáneamente requirió a la UNP para que haga la evaluación inmediata del nivel de riesgo de los siete concejales y proceda a asignarles medidas de protección por trámite de emergencia, garantizando así el ejercicio libre y seguro de sus funciones.
El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos condenó enérgicamente las amenazas y aseguró que este grave hecho constituye una vulneración de los derechos fundamentales de los concejales y un atentado contra la democracia local.
La Procuraduría exigió respuestas claras y efectivas de todas las instituciones competentes para evitar cualquier vulneración adicional a la vida e integridad de los concejales amenazados.
Grave situación de concejales
El presidente ejecutivo de la Confederación Nacional de Concejos y Concejales de Colombia (Confenacol), Felipe Delgado, dijo que “tenemos conocimiento que aproximadamente unos 4.000 concejales, de los más de 12.000, se encuentran en este momento en riesgo en toda Colombia”.
Explicó que han conocido de esta situación por los concejales “que nos llaman solicitando apoyo. Nosotros hemos buscado un canal con la Unidad Nacional de Protección. Lo que nos dijeron en la última reunión del año pasado es que para ellos es imposible colocarle un policía a cada concejal”.
Se preguntó Delgado “cómo puede trabajar un concejal de quinta y sexta categoría que se encuentra en este momento en esas zonas rojas del país, que no son solamente los de Tierralta, sino que son también los del Cauca, de Norte de Santander, los que se encuentran en Nariño, en Chocó, en Santander”.
Subrayó el presidente de Confenacol que “la mayoría de los concejos en este momento están coercionados, están trabajando bajo la presión de los grupos que se encuentran al margen de la ley, que cada vez han cogido más fuerza en todo el territorio nacional. Hay muchos que no han podido sesionar; muchos de los concejales están pensando en renunciar”.
Dijo que a esta difícil situación se suman los bajos honorarios que percibe la mayoría de estos servidores públicos por la labor que desarrollan. Señaló que por ello se tramita en el Congreso “un proyecto de ley, que no tiene en este momento un aval fiscal, para que los concejales de quinta y sexta por lo menos puedan percibir en promedio un salario mínimo legal. Un concejal de quinta y sexta, que son casi 10.000 concejales de los 12.000, el 90%, vive con $800.000 mensuales y no tienen seguridad social”.
Anunció Delgado que “estamos trabajando con las juntas directivas y estamos pensando en hacer el primer paro de concejales en la historia, el primer cese de actividades, porque de esta manera no puede funcionar ningún concejal del país, no hay garantías para trabajar ni para hacer un control político en ningún municipio”.
Denunció que “en el último año y medio, hemos tenido más de siete concejales asesinados, no tenemos garantías en la Unidad Nacional de Protección, solamente le presta protección a los concejos de Bogotá o de ciudades capitales, que también se encuentran presionados”.
En tanto que Édgar Polo Devia, director ejecutivo de Fenacon (Federación Nacional de Concejos) dijo sobre amenazas a estos servidores públicos que “hemos identificado ese caso (Tierralta)”.
Añadió que “ha bajado muchísimo el índice de amenazas a concejales, como tal a nosotros como grupo poblacional los casos son muy particulares y están identificados. Nos preocupa más bien es el accionar de la Unidad Nacional de Protección, que son muy lentos, muy paquidérmicos frente a la actuación que están teniendo en relación con los estudios de nivel de riesgo y los mismos estudios de seguridad, la adopción de medidas”.
También los alcaldes
El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, dijo que “supuestamente el proceso de paz debía haber pacificado el país y debía haber liberado muchas zonas del país de la presencia de estos grupos, pero ahora ya no solamente hay grupos guerrilleros como el Eln, como las disidencias, sino que adicionalmente llegaron un montón de grupos de narcotráfico armados violentísimos, y hoy el 70% del país tiene presencia de estos grupos”.
Agregó que en muchas regiones los grupos armados “están ejerciendo control porque lamentablemente la Fuerza Pública no ha podido tener los recursos para hacer esa presencia que se necesita y liberar esas zonas de esas presiones donde hay mucha extorsión, mucho chantaje, secuestro, reclutamiento de niños”.
Indicó que la Federación Colombiana de Municipios permanentemente está recibiendo de los alcaldes reporte de “amenazas y ayudándoles para que la Unidad Nacional de Protección les dé las medidas que se necesitan para proteger su vida y que puedan ejercer sus funciones”.
Toro detalló que amenazan alcaldes “en los departamentos que tradicionalmente tienen esa presencia (de grupos armados): Norte de Santander, Arauca, Guaviare, Putumayo, Nariño, Chocó”.
Señaló también que “hay alcaldes que tienen que entrar protegidos por el Ejército o tienen que entrar un día y salir camuflados porque no pueden estar todo el tiempo en la jurisdicción”.
Grave situación de concejales
El presidente ejecutivo de la Confederación Nacional de Concejos y Concejales de Colombia (Confenacol), Felipe Delgado, dijo que “tenemos conocimiento que aproximadamente unos 4.000 concejales, de los más de 12.000, se encuentran en este momento en riesgo en toda Colombia”.
Explicó que han conocido de esta situación por los concejales “que nos llaman solicitando apoyo. Nosotros hemos buscado un canal con la Unidad Nacional de Protección. Lo que nos dijeron en la última reunión del año pasado es que para ellos es imposible colocarle un policía a cada concejal”.
Se preguntó Delgado “cómo puede trabajar un concejal de quinta y sexta categoría que se encuentra en este momento en esas zonas rojas del país, que no son solamente los de Tierralta, sino que son también los del Cauca, de Norte de Santander, los que se encuentran en Nariño, en Chocó, en Santander”.
Subrayó el presidente de Confenacol que “la mayoría de los concejos en este momento están coercionados, están trabajando bajo la presión de los grupos que se encuentran al margen de la ley, que cada vez han cogido más fuerza en todo el territorio nacional. Hay muchos que no han podido sesionar; muchos de los concejales están pensando en renunciar”.
Dijo que a esta difícil situación se suman los bajos honorarios que percibe la mayoría de estos servidores públicos por la labor que desarrollan. Señaló que por ello se tramita en el Congreso “un proyecto de ley, que no tiene en este momento un aval fiscal, para que los concejales de quinta y sexta por lo menos puedan percibir en promedio un salario mínimo legal. Un concejal de quinta y sexta, que son casi 10.000 concejales de los 12.000, el 90%, vive con $800.000 mensuales y no tienen seguridad social”.
Anunció Delgado que “estamos trabajando con las juntas directivas y estamos pensando en hacer el primer paro de concejales en la historia, el primer cese de actividades, porque de esta manera no puede funcionar ningún concejal del país, no hay garantías para trabajar ni para hacer un control político en ningún municipio”.
Denunció que “en el último año y medio, hemos tenido más de siete concejales asesinados, no tenemos garantías en la Unidad Nacional de Protección, solamente le presta protección a los concejos de Bogotá o de ciudades capitales, que también se encuentran presionados”.
En tanto que Édgar Polo Devia, director ejecutivo de Fenacon (Federación Nacional de Concejos) dijo sobre amenazas a estos servidores públicos que “hemos identificado ese caso (Tierralta)”.
Añadió que “ha bajado muchísimo el índice de amenazas a concejales, como tal a nosotros como grupo poblacional los casos son muy particulares y están identificados. Nos preocupa más bien es el accionar de la Unidad Nacional de Protección, que son muy lentos, muy paquidérmicos frente a la actuación que están teniendo en relación con los estudios de nivel de riesgo y los mismos estudios de seguridad, la adopción de medidas”.
También los alcaldes
El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, dijo que “supuestamente el proceso de paz debía haber pacificado el país y debía haber liberado muchas zonas del país de la presencia de estos grupos, pero ahora ya no solamente hay grupos guerrilleros como el Eln, como las disidencias, sino que adicionalmente llegaron un montón de grupos de narcotráfico armados violentísimos, y hoy el 70% del país tiene presencia de estos grupos”.
Agregó que en muchas regiones los grupos armados “están ejerciendo control porque lamentablemente la Fuerza Pública no ha podido tener los recursos para hacer esa presencia que se necesita y liberar esas zonas de esas presiones donde hay mucha extorsión, mucho chantaje, secuestro, reclutamiento de niños”.
Indicó que la Federación Colombiana de Municipios permanentemente está recibiendo de los alcaldes reporte de “amenazas y ayudándoles para que la Unidad Nacional de Protección les dé las medidas que se necesitan para proteger su vida y que puedan ejercer sus funciones”.
Toro detalló que amenazan alcaldes “en los departamentos que tradicionalmente tienen esa presencia (de grupos armados): Norte de Santander, Arauca, Guaviare, Putumayo, Nariño, Chocó”.
Señaló también que “hay alcaldes que tienen que entrar protegidos por el Ejército o tienen que entrar un día y salir camuflados porque no pueden estar todo el tiempo en la jurisdicción”.
No es distinta la situación para diputados
Luis Quevedo Jara, director ejecutivo de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol), expresó que “está complicado en todo el país, especialmente en esos sectores en donde conocemos que se encuentra el problema de orden público grave. Por ejemplo, en Chocó los diputados no pueden salir del casco urbano, no les permiten; en Guaviare hace 4 meses, más o menos, a uno de los diputados la guerrilla lo tuvo retenido, le ocasionó fractura de tabique, hubo lesiones personales”.
Quevedo dijo que “fuera de eso, la Unidad Nacional de Protección ha venido levantando los esquemas de protección de los diputados”.