Varias demandas piden a la Corte Constitucional que deje sin efecto todo el articulado y que se realice otro proyecto para ajustar el régimen tributario. Sin embargo, se espera también un fallo modulado por parte del Tribunal

Una de las iniciativas clave del Gobierno para enderezar el rumbo de las finanzas, fue adoptar la Ley de Financiamiento o reforma tributaria, que entró en vigencia este año pero que está tambaleando en los estrados judiciales.

Varias demandas en su contra sobre todo la presentada por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y que debe resolverse esta semana, debe definir el futuro de la carta de impuestos. Todo indica que la ponencia va a ser positiva y aceptará los argumentos en el sentido que se presentaron vicios de forma en su adopción, con lo que la ley no llenó los requisitos establecidos en la constitución.

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Se rumora que de ser aceptada esta demanda, la Corte Constitucional va a emitir un fallo modulado, es decir permitirá que la gestión de la ley durante este año no se modifique, pero pedirá al Congreso que legisle otra Ley para 2020 en adelante y con ello se evitaría un daño fiscal enorme.

Las otras demandas piden, entre otras cosas, que se tumben los aranceles a los textiles, que se elimine la exención tributaria para el alcohol carburante y que se anule la regulación que establece el nuevo sistema de carrera administrativa de la DIAN.

Como están las cosas, difícilmente la Ley de Financiamiento o reforma tributaria se conservará tal y como fue concebida. Incluso en algunos círculos ya se habla de que el Gobierno tiene que pensar en un plan B por si se cae la norma, es decir, que comience a trabajar en una nueva reforma tributaria.

Contribuyentes

Precisamente ya la Corte se abstuvo de decidir una demanda que se refería al régimen simple de tributación que pretende facilitar a pequeños contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones haciendo un solo trámite. Como el nuevo régimen incluye el impuesto de industria y comercio que es de los municipios, un ciudadano consideró que violaba la autonomía de esas entidades. De otra parte, se especula que la Corte podría tumbar toda la ley acogiendo argumentos de algunas de las demandas que consideran que el trámite en el Congreso fue irregular.

De todos modos esta semana la Corte Constitucional conocerá la ponencia del magistrado Carlos Bernal, quien deberá establecer si los argumentos del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras son suficientes para declarar inexequible la reforma Tributaria del presidente Duque.

Cuando radicó la acción constitucional, el excongresista señaló en la demanda que en la Cámara de Representantes se incurrió en un vicio de forma al acoger el texto del Senado, que aún no existía.

"Esta proposición se hizo sin que se presentara al secretario de la Cámara de Representantes el texto que se proponía para debatir y votar, sin que el mismo hubiese sido repartido con anterioridad a los miembros de la Plenaria, y sin que, siquiera, se hubiese leído durante el desarrollo de la sesión. Es decir, se presentó una proposición con un texto indeterminado y, en ese momento, indeterminable, pues fue obvio el desconocimiento del mismo y la imposibilidad de determinar qué decía el texto que se proponía para debate y aprobación", señala Vargas.

Las finanzas

De todos modos de llegar a prosperar alguna de las 18 demandas que existen en curso en la Corte Constitucional contra la Ley de Financiamiento que se aprobó para tapar un hueco de alrededor de $7 billones de los $14 billones que eran necesarios para no reducir el gasto social, las metas que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, acaba de hacer públicas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019 podrían alterarse.

Carrasquilla proyecta que esa ley, la 1943 de 2018, sea uno de los ejes principales para que la economía crezca a un ritmo de 4,0% en el mediano plazo. No solo se prevé que su efecto incrementará el recaudo tributario al pasar de 0,1% del PIB en 2019, a 0,4% del PIB en 2022 y 0,7% en 2030, sino que también se estima que ayudará a elevar en cerca de 3,4% la inversión en 2019 para llegar a crecer 5,4% en 2020.

En adelante, son los magistrados Alejandro Linares, Carlos Libardo Bernal, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes, quienes analizan actualmente alguna de estas demandas.

Entre los demandantes, además de Germán Vargas Lleras, está el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, quien junto con los abogados Juan Rafael Bravo Arteaga y Juan Carlos Esguerra Portocarrero pidió retirar la parte del artículo 80 donde se indica que las entidades financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta que será para el año gravable 2019 de 37%; para 2020 de 35%; y para 2021 de 34%. Así mismo está el senador Jorge Enrique Robledo, quien pidió que se tumbara en su totalidad la ley.

Reforma

En otras reclamaciones se arremete contra temas de dicha reforma, referentes a renta presuntiva y renta exenta, el conocido ICA que son los impuestos de industria y comercio, la eliminación de la exención tributaria para el alcohol carburante, la anulación de la regulación que establece el nuevo sistema de carrera administrativa de la DIAN, entre otros.

Una de las que más sonó fue la que hizo el gremio de los banqueros, Asobancaria, en la que demandó el artículo que introdujo en la Ley de Financiamiento la sobretasa al sector. En este caso, el presidente del gremio, Santiago Castro, dejó en claro que aunque no se demandaba toda la ley, sí se hizo sobre el articulo puntual, al considerarlo una violación al principio de equidad tributaria. 

Otra de las demandas, en la que se incluyeron las peticiones de senadores como Jorge Enrique Robledo e Iván Cepeda, asegura que la Ley debe caerse debido a que se habría violado el principio de conectividad ya que según los demandantes, la Cámara desconoció la regla de los cuatro debates y omitió estudiar y debatir todos los temas propuestos dentro del trámite legislativo."

Por su parte Asonal Judicial, también interpuso una demanda en la que pidió que se tumbe el artículo en especificó con el que según los mismos se eliminó un beneficio tributario para los jueces y magistrados del país, lo que incurriría en una reducción salarial.

De esta manera, son básicamente 10 demandas que tiene la Corte Constitucional por analizar contra la Ley de Financiamiento y que genera incertidumbre en el Gobierno del presidente Iván Duque, con la cual fuera de lograr un gran recaudo, espera hacer cambios en materia tributaria y fiscal en Colombia.