Algunos datos para introducir esta columna:
Santos recibió el gobierno en 2010 con menos de 50 mil hectáreas de coca. En 2018, Duque recibió el suyo con más de 200 mil hectáreas de coca -169 mil según la ONU-. La misma entidad calculó 154 mil en 2019, no obstante lo cual, dado que el rendimiento por hectárea mejoró de 4 a 5.4 cosechas al año, la producción de cocaína se mantuvo estable y en 2019 se produjeron 1.137 toneladas, por un valor de USD 1.928 millones. No obstante que las incautaciones han crecido sustancialmente, seguimos siendo el principal productor de esa droga psicotrópica.
El aumento no se debe solamente al acuerdo con las Farc sino a que las entidades del gobierno Santos, basadas en un informe de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer según el cual “existe evidencia limitada de carcinogenicidad en humanos” -aunque otras entidades tales como el Instituto Federal para la Evaluación de Riesgos de Alemania, la Autoridad de Seguridad Alimenticia Europea y la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas, habían determinado que “era improbable que [el glifosato] entrañara el riesgo de producir cáncer en el ser humano por la exposición a través de la alimentación”- resolvieron prohibir la fumigación aérea de la coca, aunque no el uso del herbicida para otros cultivos para los que se usa corrientemente, incluyendo alimentos.
La Corte Constitucional en dos sentencias de tutela (T-080/17 y T-236/17) prohibió reanudar la fumigación aérea y la sujetó a varias condiciones como que se adopte una regulación independiente, luego de una investigación científica hecha con el mayor rigor e imparcialidad, basada en evidencia objetiva y concluyente, para evaluar el riesgo que fumigar entraña para la salud y el medio ambiente. Argumentó que, además de fabricar cocaína, la hoja es masticada por los indígenas, lo cual será cierto en Bolivia, pero no aquí donde antes de 1986 no se sembraba.
A todas estas enfrentamos conflictos entre las entidades criminales que se disputan a sangre y fuego los territorios que abandonaron las Farc luego del acuerdo, y los indígenas y campesinos de las zonas cocaleras atacan a las Fuerzas Militares cuando tratan de intervenir en ellas, además de que a eso debemos muchas de las muertes de líderes sociales y de que, entre 2006 y marzo de 2020 -no encontré una cifra más actual-457 erradicadores fueron víctimas de francotiradores o minas antipersona.
El gobierno Duque ha adoptado recientemente tres determinaciones importantes para ver si empezamos a quitarnos el sambenito de ser narcotraficantes: la expedición de un decreto sobre parámetros de fumigación aérea que al momento de escribir estas líneas no ha salido; un plan de choque elaborado por el Ministerio de Defensa contra el microtráfico; y la creación de una fuerza élite denominada Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), conformada por 7.000 militares, que operará principalmente en el Catatumbo, Cauca y Putumayo que son las zonas donde están la mayoría de los cultivos de coca y los principales problemas de orden público. Ojalá no olvidemos el bajo Cauca antioqueño. El Conat tendrá una brigada contra la explotación ilícita de yacimientos mineros y, al decir del presidente, una “Fuerza de Despliegue contra las Amenazas Transnacionales”, encargada de combatir la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas, municiones y explosivos, la migración irregular y el tráfico de migrantes. Ojalá no olvidemos la deforestación.
Ahora siento un alivio: por fin las Fuerzas Militares se organizan bajo un mando para atacar como corresponde los graves males que en materia de orden público afectan al país.